La Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, con el fin de pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. Para este grupo de 14 expertos, el esfuerzo que requiere esta petición es “viable y compatible” con el actual contexto económico español y el de las finanzas públicas.

La Comisión reclama así en su informe Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos, aprobado ayer por este grupo de especialistas para su posterior debate en el Pleno, que se celebrará el próximo martes, que esta ampliación de recursos para la universidad se consiga a través de un esfuerzo “compartido” del sector público y privado, en un 80 (2.186 millones) y un 20 por ciento (547 millones), respectivamente.

Las partidas públicas se destinarán, por parte de la Administración General del Estado, a ampliar las becas y ayudas al estudio, (244 millones), un fondo de fomento de la actividad investigadora (605,2 millones), otro para el reconocimiento de resultados de las universidades en investigación (292,9 millones) y la reordenación del sistema retributivo estatal de la productividad docente y de investigación, desarrollo e investigación (I+D+I) mientras que las comunidades autónomas otorgarán 800,5 millones para mejora de la calidad educativa.

En relación a la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), los autores del informe estiman que no precisa una aportación de recursos para servicios educativos mayor al 1 por ciento del PIB, calculando la necesidad de una financiación adicional en torno al 0,1 y 0,12 por ciento del PIB en España. No obstante, especifican que no todos los sistemas regionales ni las universidades tienen “la flexibilidad estructural ni de regulación que exigiría una completa adaptación al cambio”.

La atención personalizada al alumno, reduciendo el tamaño medio del grupo (más profesores, estructuras y equipamiento); un aumento de medios (laboratorios, bibliotecas, oferta de idiomas, más personal de apoyo al aprendizaje, más gasto en equipamiento docente) y su mayor disponibilidad para el estudiante; el aumento de la duración de los grados respecto a los actuales estudios de primer ciclo y la disminución del abandono de los estudios que ocasiona que se deban impartir más créditos, son las cuestiones que prevén que aumentarán el gasto.

El coste del proceso de convergencia europea se contempla en la partida que corresponde a las comunidades autónomas, con cuya aportación adicional se perseguirá también mejorar la financiación por alumno, la cobertura de los costes de transición del actual modelo a la nueva organización de las enseñanzas de Grado y Postgrado, “con atención especial a las universidades con rigideces de raíz histórica” y asegurar un nivel estándar mínimo de la calidad investigadora de las plantillas de profesorado y los gastos de I+D+I.

Asimismo, la Comisión de Financiación, constituida el 28 de julio de 2004, considera de “importancia capital” que la determinación por parte de las comunidades autónomas de la subvención anual a las universidades públicas para financiar sus servicios educativos oficiales se realice considerando un modelo de costes referenciales de prestación de los servicios de educación superior, que diferencie “expresamente” el componente destinado a financiar la capacidad investigadora asociada a su personal docente e investigador.

En este sentido, aconseja que, en aras de promover la eficacia del sistema, el cálculo de las subvenciones anuales se formule considerando como variable básica la demanda de servicios de enseñanza superior realizada directamente por los estudiantes y, específicamente, la de los nuevos alumnos que ingresan anualmente en cada titulación, ponderados por una tasa objetivo de permanencia.