El artículo del Vicepresidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), publicado en el “Heraldo de Aragón” el jueves 18 de diciembre de  2003, no sólo resulta extraño por la ausencia de argumentos a favor de las pruebas de septiembre, sino por utilizarse para denostar a la organización que presido, con descalificaciones genéricas y alguna insinuación maliciosa. A pesar de mi esfuerzo no he encontrado en su texto más que una referencia a que “la razones pedagógicas resultan obvias”, y ahí acaba su aportación al tema, para, a continuación, atacar con desmesura a la Federación de APAS de la Enseñanza Pública y realizar una loa, evidentemente sentida, del modelo de enseñanza que CONCAPA, en su derecho, defiende.

            El Sr. Carbonell  aprovecha para descalificar a FAPAR cuestionando su independencia y el reconocimiento social que disfruta  nuestra organización fruto del trabajo diario de muchos padres y madres desde hace 25 años por la defensa de un modelo de escuela que forme ciudadanos competentes cultural y socialmente. Pero, como no podía ser de otra manera, el mismo se contesta – otra cosa es que lo advierta -, cuando enumera como FAPAR , y con ella miles de aragoneses que protestaron en la calle en ambos casos, se ha opuesto a la Ley de Calidad (aprobada por el PP) o a la generalización de los convenios de infantil con la enseñanza privada ( aprobada por el PSOE y el PAR); no todas las organizaciones pueden hacer gala de una trayectoria similar.

            En todo caso no es nuestra voluntad entablar un enfrentamiento con CONCAPA ni con nadie. Estamos dispuestos al debate de ideas sin descalificaciones gratuitas ni demagogias fáciles ni difíciles.

Pensamos que los impuestos que todos pagamos sirven para redistribuir la riqueza y los servicios creando una sociedad más justa, y que éso pasa por la defensa y extensión de una enseñanza pública, laica y de calidad para todos, la que garantiza hoy la integración de todo el alumnado sin distinción.

Creemos que la Ley de Calidad es una ley regresiva y que las pruebas extraordinarias que implanta son, en los niveles obligatorios, una medida antipedagógica que abandona el principio de evaluación continua y deja al alumnado y a sus familias – en muchas ocasiones las más desfavorecidas socialmente, las que según el estudio del Defensor del Pueblo están escolarizadas en un 80% en la escuela pública, y precisamente a aquellas a quienes menos benefician las pruebas extraordinarias-  sin la asistencia y apoyo del profesorado.

Pensamos que la mejor manera de paliar esas consecuencias es trasladar esas pruebas a junio para que se integren de una manera natural y armónica en el proceso educativo del curso.

Sabemos que en el Consejo Escolar de Aragón somos mayoría quienes estamos contra las pruebas extraordinarias y minoría, de momento, los que como mal menor las deseamos en junio. También sabemos que sin la implicación del profesorado las pruebas de junio no podrán funcionar. Ocurre que creemos en esa implicación y en la voluntad de educar que los anima y nos anima.

Por eso, insisto, explicamos y defendemos – con argumentos – nuestra posición. Aunque coincida con la del Departamento de Educación. Aunque moleste a algunos y, perdonen la “maldad”, porque el que moleste a los de siempre nos parece una buena señal.