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 El pasado 18 de febrero tuvo lugar la
firma del Acuerdo para la Mejora de la Convivencia en los
Centros Educativos de Aragón, a iniciativa del Departamento
de Educación y suscrito por sindicatos, Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos, representantes de los
municipios y responsables de la red concertada.
A las familias nos preocupa mucho la
convivencia que hay en nuestros centros escolares, puesto
que es allí donde dejamos a nuestros hijos e hijas una buena
parte de su tiempo. Consideramos que el actual clima de
convivencia en las aulas aragonesas es bueno, tal y como lo
avalan distintos estudios realizados, entre ellos el que
FAPAR encargó el curso pasado a la Universidad de Zaragoza.
Sin embargo, no podemos ser autocomplacientes y pensamos que
todo es mejorable, razón que nos lleva a firmar este Acuerdo
a propuesta del Departamento de Educación, que valoramos muy
positivamente porque la iniciativa haya partido del propio
Gobierno aragonés.
No podemos
confundir las situaciones de indisciplina inherentes a la
vida de los centros y en la sociedad en general, con las
situaciones graves de violencia que puedan producirse, que ,
sin duda alguna, deben abordarse de forma contundente e
inmediata para darles una solución, pero que no hay que
magnificar ni generalizar, creando una alarma social
injustificada e innecesaria.
Entre otros
objetivos que se plantea este Acuerdo, s encuentra el de “Promover
la cultura democrática en los centros educativos y mejorar
la convivencia escolar facilitando el diálogo y la
participación real y efectiva de todos los sectores de la
comunidad educativa”. Este objetivo es básico para
mejorar la convivencia y para ello se necesita la
implicación de toda la comunidad educativa, lo que supone un
mayor esfuerzo para las familias y también un cambio en las
estructuras de los propios centros escolares para permitir
esa participación real. Tampoco podemos olvidarnos del
profesorado, como parte vital en este tema, puesto que es un
referente de valores y una práctica democrática para el
alumnado en los centros
Entre las
líneas de actuación que se proponen se encuentra la “Revisión
del marco normativo autonómico sobre derechos y deberes en
la comunidad educativa”, para adaptarlo a las
situaciones actuales, en el que “las medidas correctoras
deberán tener un carácter inexcusablemente educativo antes
que sancionador”, debiendo incluir además, información a las
familias, no con único fin de tenerlas informadas, sino de
contar con su colaboración. Se plantea, además, “La
revisión del marco normativo autonómico sobre organización y
funcionamiento de los centros docentes”, en el que debe
contemplarse la participación de las familias para que ésta
no sea únicamente una declaración de principios a la que se
alude cuando hay un problema, sino que se adapten las
estructuras de los centros para que esa participación sea
real. Apoyamos igualmente, que haya órganos de “asesoramiento
para alumnado, familias y personal de los centros docentes”,
así como “Programas de formación permanente para todos”,
con el objetivo de desarrollar las habilidades sociales
y técnicas mediante la mediación en la resolución y
prevención de conflictos. Nos parece especialmente
significativo que en las medidas de actuación que se
proponen esté la de crear una “Comisión de seguimiento
sobre convivencia escolar”, que pueda analizar la propia
convivencia, los recursos de que se dispongan para mejorarla
y el resultado de los mismos.
Para
concluir, queremos señalar que el proyecto de convivencia ha
de tener un soporte en un proyecto de educación en valores y
que en este sentido la asignatura Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos va a cumplir un papel
muy importante impregnando todo el diseño curricular del
centro de estos valores e implicando a todos los miembros de
la comunidad educativa en su transmisión y aplicación.
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