Tan evidente, que el reconocimiento de ese y otros derechos de los menores por la Constitución Española de 1978, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas o los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Económicos, nos parece una obviedad. ¿Cómo no va a tener derecho un niño, por ejemplo, a ser alimentado? Es una cuestión de justicia. Tan sólo en sociedades no civilizadas, golpeadas por la guerra, la miseria o el caos, pueden darse las trágicas circunstancias que impidan su satisfacción.

            Más cerca, si cabe, la Ley 12/2001 de la infancia y la adolescencia en Aragón, recoge el derecho a la crianza y a la educación de los menores y establece en su art.5 la prioridad presupuestaria de las actividades de prevención, atención y reinserción de la infancia y la adolescencia. Prioridad presupuestaria que extiende a los Ayuntamientos afirmando, como cierre de la cuestión, que “ En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse afectado por falta de recursos básicos".

Sin embargo, la realidad que constatamos en la Ciudad de Zaragoza es bien distinta. Bajo el pretexto de pequeñas disfunciones, leves matices, ligeros desajustes competenciales, el Ayuntamiento de Zaragoza tan sólo aporta, en estos momentos un 32% del coste de las becas de comedor escolar, sin que haya incrementado la consignación presupuestaria en los últimos cinco años, lo que provoca, ni más ni menos que, para el presente curso tan sólo se vaya a poder cubrir el 49% de las solicitudes de becas cursadas.

Esto resulta particularmente grave si vemos como en el resto de Aragón, corporaciones con recursos infinitamente menores, asumen esta función en solitario o a través de convenios con el Departamento de Educación, siempre con porcentajes iguales o superiores al 50%. ( Huesca, la segunda ciudad de Aragón, aporta el 65%.)

Podría decírsenos que tan poder público, tan Estado, es el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma; y que sí el dinero público cubre la totalidad del gasto necesario qué importa de que Institución o de que Departamento venga. Pero FAPAR no está de acuerdo en sumar el gasto en comedores escolares al educativo. Y no está de acuerdo porque, si bien los comedores escolares cumplen también una función educativa, su función es eminentemente social. Y en el caso de las becas de comedor es de justicia social. Cuando se nos habla de la Administración Local como cercana al ciudadano, a sus problemas y demandas cotidianas, FAPAR manifiesta su convencimiento de esa realidad y siempre hemos favorecido e impulsado la gestión de servicios por los Ayuntamientos y Mancomunidades (transporte escolar, actividades extraescolares, escuelas de padres, programas de animación socio-juvenil…). Por eso, convencidos del derecho y la obligación de los Ayuntamientos a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a sus vecinos, nos parece una falta grave de sensibilidad social, y una dejación de competencias, el hecho de que la mayoría de los ciudadanos de Aragón, y una gran mayoría de los menores de edad, vivan en un municipio cuyo Ayuntamiento es el que menos contribuye, en porcentaje de gasto por beca, a la financiación de las becas de comedores escolares. 

            No es esta una actitud excepcional del Ayuntamiento de Zaragoza. Mantiene una muy parecida en relación con el mantenimiento de los centros escolares y la dotación de conserjes; lo que ha llevado a que cualquier escuela de Aragón esté mejor conservada que las de Zaragoza. En el fondo, quizás nos encontramos con que algunos de nuestros responsables políticos no han sabido medir la importancia que los vecinos atribuimos a la educación y a la justicia social. Porque no pedimos la benevolencia ni la caridad de las Administraciones, pedimos que ejerzan sus competencias de manera que no tengamos que avergonzarnos de que, mientras hacen cosas importantes, como idear rascacielos, grandes urbanizaciones o estadios, olvidan las básicas.