La posición de FAPAR está inspirada en velar por los intereses de todo el alumnado, incluyendo  a  aquellos cuyas familias no tienen las posibilidades económicas y sociales para orientarle.

La implantación de esta prueba en junio permitiría mantener el comienzo de curso dentro de las dos primeras semanas de curso, mientras que de hacerlo en  septiembre condicionaría el inicio de curso previsto para este mes e implicaría un considerable retraso del mismo (de 10 a 12 días), con la consiguiente reducción de días lectivos, lo que va en contra de la posición mantenida en este asunto tendente a aumentar las fechas lectivas.

La implantación de la prueba en septiembre implica, en principio un mayor tiempo para preparar las materias. No obstante y, siendo esto cierto, esta situación sólo redunda en beneficio de aquellos alumnos que disponen de un cierto nivel económico dentro de sus familias y pueden acudir a academias profesores particulares, etc. Por el contrario, la fecha de junio permite a todos los alumnos preparar las materias aprovechando los recursos existentes en los propios centros y con el apoyo y atención del profesorado. Igualmente consideramos necesario respetar un tiempo de descanso para los alumnos.

No conviene olvidar que estamos hablando de etapas obligatorias en las que hay que hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, en las que la escuela debe contribuir a compensar desigualdades sociales y nunca a incrementarlas.

La celebración de la prueba de recuperación en el mes de junio permite al alumno disponer de toda la información y tiempo necesarios para determinar sus opciones de matriculación (itinerarios, tipo de bachillerato, etc) de cara al curso siguiente, mientras que, en caso contrario, quedaría abocado a aquellas opciones en las que quedaran vacantes.

La posibilidad de disponer de un verano libre de obligaciones académicas puede constituir un acicate que estimule el estudio de las materias a examinar en esta prueba extraordinarias.

Las pruebas extraordinarias, así como las repeticiones no son de utilidad para el alumnado, si no van acompañadas de medidas de apoyo, y éstas no están previstas en la LOCE, al tratarse de una ley dirigida al alumnado más brillante y que obvia a la inmensa mayoría del alumnado.

Las condiciones climatológicas de los meses de verano en territorios como el aragonés, no resultan las más propicias para el estudio, atendiendo a las altas temperaturas que se registran en Aragón. Ante la evidencia de que la mayoría de las viviendas no disponen de refrigeración y de que las edades que se afectan con esta medida no permiten el uso de bibliotecas públicas, el factor climatológico debe ser especialmente tenido en cuenta.

Igualmente, conviene incidir en que la ESO la cursan alumnos de 12 y 13 años que por su edad no están en condiciones de planificar por sí solos un método de estudio durante el verano sin el apoyo y guía del profesorado.