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Educación para la ciudadanía en marcha
EFE /
Desde mediados de septiembre, unos 200.000 alumnos de tercero de ESO de 3.500 centros públicos y privados serán los primeros que reciban clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una de las novedades más polémicas de la reforma educativa impulsada por el Gobierno.
La experiencia pionera de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra será observada con atención por las administraciones, la comunidad educativa y la sociedad en general. Las otras y el Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla esperarán un año para comenzar a impartirla en segundo de ESO pues lo permite el calendario de la Ley Orgánica de Educación (LOE).
A punto de abrirse las aulas parece arreciar la controversia, en unos lugares más que en otros, que comenzó cuando el Gobierno propuso, hace tres años, una nueva materia de educación en ‘valores’.
Varios padres han recurrido judicialmente los contenidos establecidos por la Junta de Andalucía, los padres católicos de CONCAPA amagan con una manifestación y la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto cree que la asignatura está ‘muerta’ por enfrentar a la sociedad. El rechazo inicial creció cuando el Ministerio precisó el temario en las enseñanzas mínimas de Primaria y ESO, en diciembre de 2006. Encabezan la oposición el PP (la suprimirá cuando gobierne), la jerarquía católica y 30 organizaciones como CONCAPA, el Foro Español de la Familia y Profesionales por la ética. Entienden que la asignatura ‘adoctrina’ ideológica y moralmente, lo que contraviene el derecho constitucional de los padres de educar a los hijos. Estas asociaciones aseguran que se han presentado al menos 15.000 objeciones en los centros.
El Gobierno insiste en que es obligatoria y necesaria, basada en la Constitución y los Derechos Humanos, que favorecerá la convivencia, y responde a mandatos de la UE y el Consejo de Europa. Acusa a los objetores de desobediencia civil de las leyes y advierte de que quien no asista a clase se quedará sin el título de graduado en Secundaria Obligatoria.
Organizaciones como la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y el sindicato UGT sí respaldan la asignatura. FERE-CECA (2.000 escuelas católicas), que se opuso a la asignatura, ha decidido adaptarla al ideario propio, así que no ve necesaria la objeción. La patronal CECE (5.600 centros privados) cree ‘prioritario’ que los colegios sí acepten la objeción y la tramiten ante las administraciones.
Las comunidades gobernadas por el PP acordaron implantar la asignatura el curso próximo y aplicar el número de horas mínimo. Madrid, no obstante, quiere sustituirla por tareas de voluntariado, pero el MEC advierte de que esto carece de base legal; y La Rioja ha ‘descargado’ el temario para que sea más neutral. Navarra decidió implantarla ya con ‘garantías suficientes’.
En Cataluña la polémica ha sido menor, incluso entre los sectores católicos, aunque UDC alerta de la posible inconstitucionalidad de los decretos autonómicos. Según esas normas, la asignatura ayudará a ‘incorporar positivamente la pluralidad familiar, sexual, cultural, lingüística, nacional, religiosa y política de toda la sociedad’. Castilla-La Mancha aduce razones pedagógicas para que no comience este año, pero el PP lo achaca a las objeciones en la comunidad. En Extremadura este partido pide que se ‘suspenda cautelarmente’ y a la Junta le parece ‘preocupante’ que la oposición la vea innecesaria. En relación con los contenidos, varias comunidades sólo impartirán los generales, como Asturias. Cantabria añade el bloque ‘La persona humana: el ser dialógico’; Aragón introduce la figura del Justicia (Defensor del Pueblo); y Andalucía, el Estatuto de Autonomía. En Galicia se tratarán temas como las relaciones interpersonales, deberes y derechos, identidad y alteridad, multiculturalismo e interculturalismo; y en el País Vasco, identidad personal, sentimientos y emociones, tolerancia y respeto crítico de costumbres diferentes.
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