Agredir a un maestro de un centro privado o concertado "no es un atentado a la autoridad"
LA VANGUARDIA – EFE – 19/12/2008
La Fiscalía General del Estado ha aconsejado a todos los fiscales que consideren como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados.
Este consejo se ha trasmitido a través de una circular enviada a las fiscalías de toda España en la que se dice que esa debe ser la calificación para las agresiones que sufran funcionarios públicos en el ámbito de la sanidad y la educación, ya que dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general que la Administración pone a disposición de los ciudadanos.
La Fiscalía General del Estado considera que el delito de atentado a la autoridad no debe aplicarse sin embargo en los casos en que sean agredidos trabajadores de la sanidad o la docencia en centros privados o concertados, ya que éstos no ostentan la condición de funcionario público de la Administración, y por tanto no existe «atentado a la autoridad» pública. Para que sea considerado funcionario público debe haber sido nombrado por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de la autoridad competente.
En concreto, la «consulta» de la Fiscalía explica expresamente que el delito no será de aplicación para los profesionales de la salud o de la educación que trabajen en empresas o instituciones públicas relacionadas con la Administración en régimen de concierto u otra formula similar.
Estos criterios de la Fiscalía General del Estado resuelven las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía, entre otras, sobre el tratamiento jurídico-penal de este tipo de agresiones, que son frecuentes en la sanidad y la educación públicas. Para que dicha agresión sea considerada como atentado contra la autoridad y funcionario público deberán cumplirse unos requisitos, entre ellos, que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidación contra médicos o profesores en el ejercicio de sus funciones.