FAPAR sobre apertura de centros en Zaragoza
Aprobada la primera ley de Educación de Cataluña
Las asociaciones de padres de alumnos Fapac y Fapaes, la organización de alumnos Ajec y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRP) han expresado también su temor de que la ley, que consideran muy ambigua, pueda convertirse en un instrumento que sea utilizado en contra de la escuela pública.
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«un sistema [educativo], dos modelos [público y privado]».
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CiU, PSC y ERC ratifican una ley de educación inmune al vaivén político
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El nuevo marco legal permitirá amoldar la política educativa de Catalunya según el color del Govern
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La federación nacionalista renuncia en el pleno a hurgar en una división del tripartito sin precedentes
JOSE RICO. BARCELONA. El Periódico
Por primera vez en España una ley de educación nace con el propósito de que no morirá tan pronto se produzca un vuelco electoral en las urnas. Por primera vez el tripartito vota dividido lo que los políticos gustan de llamar una ley de país y, pese a ello, ni el Govern pestañea ni la oposición se lo recrimina. Por primera vez el Parlament consagra la coexistencia bajo un mismo techo de la escuela pública y de la privada. Por primera vez una ley de la Conselleria d’Educació establece que el catalán es y será la lengua vehicular en clase. Todo eso sucedió ayer en el Parlament de Catalunya. Solo CiU, PSC y ERC votaron a favor de la totalidad del texto. ICV-EUiA, PP y Ciutadans, por causas muy distintas, rechazaron parte de la nueva norma.
La ley de educación de Catalunya (LEC), que entrará en vigor el próximo curso académico, ha logrado romper uno de los vicios políticos más habituales en España, y cuyas consecuencias padecían, año sí, año también, los profesores, los alumnos y las familias.
Mientras el PSOE y el PP nunca se han conjurado para alcanzar un consenso en este ámbito y, fruto de esta situación, la educación en España ha pasado por un sinfín de siglas (LOGSE, LOCE, LOE…), Catalunya dispone ya de una ley educativa que no irá al compás de la fuerza gobernante, sino que está preparada para resistir toda una generación.
La planificada foto del president, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, antes de aprobar la norma escenificó que, a riesgo de no visualizar unanimidad en el seno del Govern, la prioridad era evitar que Catalunya reprodujese los vaivenes legislativos que ha sufrido la política educativa en el conjunto de España, siempre en función de la ideología política en la Moncloa.
DOS CONCEPCIONES
Esta necesidad llevó a socialistas y convergentes a pactar y, por tanto, a hacer renuncias. El objetivo al que había que llegar era poner orden en un magma legislativo que regulaba un ámbito donde las diferencias entre la izquierda y la derecha se acentúan sobremanera.
Suavizando su tradicional apuesta por la educación pública, el PSC y ERC han encontrado el equilibrio con las tesis de CiU adaptando la máxima con la que Deng Xiaoping resolvió la integración de la capitalista Hong Kong en la comunista China: «Un país, dos sistemas». Aplicado a la LEC, «un sistema [educativo], dos modelos [público y privado]».
Para que nada enturbiase la satisfacción por el trabajo realizado, los partidos que apoyaron la norma se olvidaron por unas horas de la financiación autonómica y de la sentencia del Estatut. La tregua puntual permitió visualizar la entente educativa con grandes elogios, muchos agradecimientos y escasas críticas. El conseller de Educació, Ernest Maragall, reconoció la «significativa contribución» de ICV-EUiA y la «dignidad» demostrada por el PPC y Ciutadans al defender sus posiciones.
Por su parte, la diputada de CiU Irene Rigau terminó su parlamento sin pulla alguna al tripartito, a pesar de que tenía el terreno abonado para hurgar en la división entre socios. Tampoco, esta vez, ninguno de los grupos que votaron en contra vieron detrás del pacto entre CiU y PSC el germen de la sociovergencia.
INTERPRETACIONES DIVERSAS
El acuerdo implícito entre escuela pública y privada que se desprende de la redacción final de la LEC, y que pivota alrededor del tradicional concierto, permite, eso sí, interpretaciones diversas, lo que ha provocado que el tercer miembro del Govern, ICV-EUiA, se haya descolgado del consenso. Entienden los ecosocialistas que la ley valida el concierto para las escuelas que segregan al alumnado por sexos. En realidad, el texto final no prohíbe explícitamente esta práctica, por lo que, mientras el PSC afirma que el dinero público solo se negará a los nuevos colegios que separen a niños y niñas, CiU deja entreabierta esta puerta. En todo caso, los socialistas y ERC quisieron minimizar el disenso en el Govern con críticas bastante suaves a ICV desde la tribuna parlamentaria.
Desde el inicio, los ecosocialistas recelaron del empeño en buscar el consenso con CiU –Iniciativa ya rechazó la norma en el Consell de Govern–, aunque confiaron en poder enmendar la norma. No obstante, su portavoz parlamentaria, Dolors Camats, lamentó la «oportunidad perdida» de hacer una ley progresista.
ENCAJE DE BOLILLOS
Con su divergencia, ICV logra hacer un encaje de bolillos poco corriente que, en otros casos y con otros protagonistas, hubiera conllevado la salida del socio disidente del Govern. Un precedente del que ERC dijo el lunes que «tomaba nota», aunque ayer matizó que no se refieren a ellos mismos. Sea como sea, a nadie se le escapa que la reacción al nuevo modelo de financiación, si es que este llega, volverá a poner a prueba la resistencia de las costuras de un tripartito que ya cayó, tres años atrás, por los vaivenes de uno de sus socios.
Manifestación de docentes catalanes contra la LEC (Efe).
Aprobada la primera ley de Educación de Cataluña con el 90% de los votos del Parlament.
ICV-EUiA ha cumplido su aviso de que votaría en contra de algunos puntos de la ley porque entiende que no se pone fin a la selección de alumnos
S. T. – Barcelona – 01/07/2009. El País
El respaldo al grueso del texto ha sido del 89% de los votos. ICV-EUiA ha cumplido su aviso de que votaría en contra de algunos puntos de la ley. En votaciones separadas por capítulos, los ecosocialistas han rechazado los artículos que se refieren a los deberes de las escuelas, tanto públicas como concertadas, ya que a su juicio, no se pone fin a la selección de alumnos. También han rechazado los artículos que permiten separar alumnos por sexos y tener el concierto y Generalitat, según ha dicho la diputada de este grupo Dolors Camats.
A primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat, el socialista, José Montilla, y el presidente de CiU, Artur Mas, han escenificado el acuerdo alcanzado sobre la ley con una reunión en el Palau de la Generalitat. Los grupos que han alumbrado la ley quieren que sea duradera. Dicen que el hecho de que nazca con fuerte respaldo parlamentario permitirá que no haya que modificarse si cambia el Gobierno como ha ocurrido a nivel estatal con el PP y el PSOE. "Esta es una ley de pais", ha resumido el consejero de Educación, Ernest Maragall., en el debate parlamentario.
Despliegue
A partir de septiembre vendrá el despliegue de la ley en un plazo máximo de ocho años. La ley de Educación da autonomía lo centros escolares para que puedan mejorar la gestión y los resultados; evalúa a los centros y a los docentes y refuerza a los equipos directivos. En el aspecto lingüistico, consagra al catalán como lengua vehicular en la escuela y evita que tenga que aplicarse el decreto estatal sobre la tercera hora de castellano en las escuelas al decir explícitamente que primarán los futuros decretos de la Generalitat sorbe este punto. En Cataluña hay centros que dan tres horas por semana de castellano y otros que dan dos. También se quieren poner cuotas máximas de inmigrantes por centros para evitar guetos.
Los aspectos de la nueva ley educativa
La Ley de Educación de Cataluña (LEC) dibuja un nuevo modelo de escuela catalana que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años.
La ley crea el Servicio de Educación de Cataluña, integrado tanto por los centros públicos como por los privados concertados, a los que otorga derechos y deberes análogos.
En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direccones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han opuesto con contundencia a la ley.
Para asegurar la gratuidad de la educación, la ley prevé que los centros concertados reciban una financiación suficiente y prohíbe expresamente que se imponga a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que éstos se mantengan si así lo decide el gobierno de turno.
En el terreno de la financiación, la LEC, la primera ley de educación de la que se dota Cataluña, fija como objetivo que en ocho años el Gobierno catalán tendrá que invertir en educación el 6% del PIB, frente al 2,7% actual, lo que significa pasar de los más de 6.000 millones de euros de ahora a 13.000 millones.
Informaciones en la Vanguardía
El Parlament aprueba la Llei d’Educació de Catalunya sin unidad en el tripartito
PSC y ERC sacan adelante la norma con el apoyo de CiU | ICV-EUiA se abstiene en el preámbulo y vota en contra de dos títulos | PPC y C’s rechazaron el texto
La primera ley de educación que tiene Catalunya dibuja un nuevo modelo de escuela que blinda la inmersión lingüística, da más autonomía a los centros educativos y amplía los conciertos con el sector privado, además de fijar como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años.
El amplio consenso político con el que ha sido refrendada la nueva Llei d’Educació contrasta con el rechazo frontal que ha suscitado entre los sindicatos de docentes y la oposición más moderada de otros miembros de la comunidad educativa, como asociaciones de padres y alumnos.
Durante el más de año y medio de elaboración del documento, la ley ha servido para justificar cuatro convocatorias de huelga entre los docentes de la escuela pública. Los sindicatos, con matices diferentes, han denunciado que la ley incrementará las desigualdades que ya existen en el sistema educativo catalán y la dualidad entre la red pública y la privada concertada y que es "regresiva", al tiempo que reprochan a la consellería de Educación que desregularice con esta ley las condiciones laborales de los docentes.
Por su parte, el conseller de Educació, Ernest Maragall, que ha dicho que salía a la tribuna a defender el contenido de la LEC "con emoción y responsabilidad", aseguró que la nueva ley "es de país" y "le da sentido al Estatut y es su prolongación natural".
También destacó que "el dictamen favorable del Consell Consultiu fortalece la ley y la consolida". "Es hora de sumar, compartir, mejorar y avanzar para conseguir los niveles de equidad y excelencia educativa que espera nuestra sociedad", señaló antes de avanzar que la LEC será aplicada con "convicción".
Esta mañana, horas antes de la aprobación del texto, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el de CiU, Artur Mas, se reunieron en el Palau de la Generalitat para dar una imagen de unidad en torno a la ley y evitaron abordar la negociación sobre la nueva financiación.
Tras la aprobación de la ley, el diputado del PSC Daniel Font, que actuó como relator de la ponencia, destacó que por primera vez desde el restablecimiento de la democracia, Catalunya despliega sus competencias educativas con una ley específica.
Según la diputada de CiU Irene Rigau, la educación "necesita de actitudes responsables y constructivas", e hizo hincapié en que por primera vez una ley educativa "es apoyada por el principal grupo de la oposición", lo que espera que "sirva de precedente".
El diputado de ERC Josep Maria Freixanet elogió que la LEC "supere el enfrentamiento histórico entre las dos redes escolares sostenidas con fondos públicos" y, sobre el capítulo lingüístico, señaló que "había que dar las garantías jurídicas" al catalán.
La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, lamentó "la oportunidad perdida" al aprobar la ley sin el apoyo de su grupo, a pesar de ser uno de los que sustentan al Govern. Camats rechaza la "columna vertebral" de la LEC porque, según dijo, permite subvencionar centros sin coeducación, y también porque ICV-EUiA preconiza el concepto de "servicio público de educación" en vez del de "servicio de educación de Catalunya".
Los diputados Rafael López, del PPC, y Antonio Robles, del grupo mixto, rechazaron la norma por no contar con el suficiente apoyo social y por los aspectos lingüísticos. Mientras que el primero denunció que "es una ley de despacho y de coche oficial", el ex diputado de Ciutadans afirmó que "fomenta el nacionalismo catalán".
Blindaje de la inmersión lingüística
La ley tiene como finalidad regular el sistema educativo de Catalunya para lo cual establece los principios rectores, y desarrolla las competencias exclusivas y compartidas que en materia de enseñanza otorga el Estatut a la Generalitat.
El texto detalla las enseñanzas obligatorias, que declara gratuitas, y la oferta del "servicio de educación de Catalunya" en los centros públicos y concertados, que tiene que garantizar una educación de calidad y en condiciones de igualdad.
Entre los aspectos más destacados, figura el que define el catalán como lengua vehicular, y blinda la inmersión lingüística, además de dejar sin efecto el decreto estatal que preveía la tercera hora de castellano.
El articulado prevé las prioridades de subvención a los centros concertados y considera de atención preferente los que aplican el principio de coeducación, además de buscar la corresponsabilidad de estas escuelas en la admisión de alumnos inmigrantes.
Detalla los derechos y deberes de alumnos, progenitores y profesores, y dedica un capítulo a la convivencia en las escuelas, con propuestas para sancionar el acoso escolar.
Con la primera ley educativa catalana se pretende convertir los centros educativos en lugares con plena autonomía para decidir sobre los ámbitos pedagógico, educativo y de recursos humanos y materiales. Más allá de ser una reordenación de la enseñanza, busca fomentar prácticas concretas que ayuden a mejorar el rendimiento escolar en cada entorno y en cada centro mediante la definición de proyectos educativos singulares que tengan en cuenta el entorno socioeconómico de la escuela.
La LEC estará ya vigente en el próximo curso escolar 2009-2010 y el Govern tendrá que aprobar un calendario para aplicarla de forma progresiva en un periodo máximo de ocho años. La nueva ley plantea la homologación de sueldos, por lo que respecta a los docentes de centros públicos y concertados, y un incremento de los recursos destinados al sistema educativo, a fin de que en ocho años se sitúen como mínimo en el 6% del PIB.
La LEC nace con la oposición de los sindicatos y de la comunidad educativa
Durante el más de año y medio de elaboración del documento de bases y la tramitación parlamentaria posterior, la ley ha servido para justificar cuatro convocatorias de huelga entre los docentes de la escuela pública. Algunas de ellas, como la primera, celebrada el 14 de febrero del 2008, y la tercera, del 13 de noviembre del mismo año, fueron ampliamente seguidas por los maestros y profesores, aunque las otras dos convocatorias lo fueron menos, en especial la última, el pasado 10 de junio, cuando fue casi insignificante el porcentaje de docentes que se sumó a un paro parcial de tres horas.
Los sindicatos, con matices diferentes, han denunciado que la ley incrementará las desigualdades que ya existen en el sistema educativo catalán y la dualidad entre la red pública y la privada concertada y que es "regresiva", al tiempo que reprochan a la consellería de Educación que desregularice con esta ley las condiciones laborales de los docentes.
Las asociaciones de padres de alumnos Fapac y Fapaes, la organización de alumnos Ajec y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica (FMRP) han expresado también su temor de que la ley, que consideran muy ambigua, pueda convertirse en un instrumento que sea utilizado en contra de la escuela pública.
Todas estas organizaciones aseguran que ello es posible porque la LEC deja la puerta abierta a la posibilidad de perpetuar la doble red de centros públicos y concertados y puede alejar al sistema educativo público de los objetivos de calidad y equidad que motivaron la firma del Pacto Nacional de Educación (PNE).
En concreto, denuncian que la ley no asegura que todos los centros financiados con fondos públicos (sean de titularidad pública o concertados) estén obligados por igual a escolarizar a todos los alumnos, entre ellos a los inmigrantes y aquellos con necesidades especiales.
Además, afirman que la ley tampoco obliga a todos los centros que reciben dinero público a no separar a los alumnos por sexo, y no garantiza que las necesidades de escolarización sean satisfechas con una oferta pública suficiente, lo que deja la puerta abierta a subvencionar iniciativas privadas en niveles que ahora no están concertados como el bachillerato y la formación profesional de grado superior.
La LEC da más autonomía a las escuelas, blinda la inmersión lingüística y amplía los conciertos
Fija como objetivo dedicar a la educación el 6% del PIB en ocho años
Poder de las direcciones
En el ámbito de la escuela pública, se refuerza el poder de las direcciones y se dota de más autonomía a los centros en el terreno organizativo, pedagógico y de gestión de recursos humanos y materiales, una de las novedades más cuestionadas por los sindicatos de docentes, que se han opuesto con contundencia a la ley.
Para asegurar la gratuidad de la educación, la ley prevé que los centros concertados reciban una financiación suficiente y prohíbe expresamente que se imponga a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo.
Separación por sexo
Uno de los puntos más polémicos de la ley es su ambigüedad respecto a los conciertos de los que disfrutan los centros que separan a los niños por razón de sexo, y que suelen corresponderse con centros de elite, ya que, de hecho, la norma permite que éstos se mantengan si así lo decide el gobierno de turno.
Este es uno de los aspectos de la ley que ha llevado a ICV a quedarse fuera del acuerdo global al que han llegado PSC, ERC y CiU, además de la puerta que abre la norma a la ampliación de los conciertos a los niveles educativos no obligatorios, como el bachillerato, la FP y la etapa de guardería.
6% del PIB para educación
En el terreno de la financiación, la LEC, la primera ley de educación de la que se dota Catalunya, fija como objetivo que en ocho años el gobierno catalán tendrá que invertir en educación el 6% del PIB, frente al 2,7% actual, lo que significa pasar de los más de 6.000 millones de euros de ahora a 13.000 millones.
Con el objetivo de combatir la creación de escuelas guetos debido a la alta concentración de inmigrantes, la ley prevé que la administración establecerá la proporción máxima de alumnos con necesidades específicas que pueden ser escolarizados en cada centro en el momento del acceso a los niveles iniciales de cada etapa.
Además, el departamento d’Educació podrá autorizar, de manera excepcional, una reducción de las ratios de hasta el 10% para atender mejor las necesidades de estos alumnos, que en muchos casos se incorporan a las aulas una vez iniciado el curso.
Lengua extranjera
La ley también dibuja un marco laboral nuevo en el que desarrollarán su trabajo los docentes y crea un cuerpo propio de la Generalitat de maestros y profesores, a los que se pedirá que además de dominar el catalán y el castellano acrediten un nivel de lenguas extranjeras determinado para poder ejercer en la pública.
Además, establece una agencia de evaluación que examinará tanto el rendimiento educativo como la ejecución docente del profesorado y la de la función directiva, y crea la carrera profesional de los docentes.
En los centros públicos ubicados en zonas social y económicamente desfavorecidas, el gobierno podrá establecer un sistema de provisión de lugares de trabajo y de dirección de carácter extraordinario.
Blindaje de la inmersión lingüística
Respecto a la inmersión lingüística en catalán, la norma blinda y promueve este procedimiento, al tiempo que establece que los padres podrán optar en el momento de la matrícula por instar a que sus hijos reciban atención lingüística individualizada en castellano.
La norma importa del Estatut la capacidad curricular, haciendo así innecesario aplicar el decreto del gobierno español que insta a incrementar en una hora -de dos a tres- el tiempo dedicado a la enseñanza del castellano.
Entre otras novedades, los centros deberán también formular una carta de compromiso educativo en la que expresen los objetivos necesarios para conseguir un entorno de convivencia, y las familias deberán comprometerse a compartir estos principios.
En el ámbito de los alumnos con discapacidades, la ley se declara inclusiva y garantiza un plan personalizado para cada uno de ellos, aunque mantiene la doble red (centros ordinarios y especiales) y condiciona la escolarización de estos niños en la escuela ordinaria a sus necesidades y a los apoyos disponibles.
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