El negocio de la concertada
Los centros subvencionados salen más baratos a los gobiernos que invertir en escuelas públicas. Los expertos educativos avisan de que la cohesión social se resiente allí donde avanza la red privada
EL PAÍS / J. A. AUNIÓN –
Empieza septiembre y, con él, el curso escolar. Los niños volverán a clase y las cifras de alumnado dirán de nuevo que la escuela pública asume la inmigración (el año pasado tenía el 67% de los alumnos y el 82% de los extranjeros), mientras la privada concertada, que también se paga con dinero público, acepta menos chavales extranjeros de los que le correspondería. Se reiniciará una pelea que parece no tener fin en un sistema educativo, el español, atípico dentro de los países desarrollados. Sólo Holanda y Bélgica, en los que la red concertada religiosa es mayoritaria en la educación, y Reino Unido, que lleva años experimentando toda clase de posibilidades, tienen menos porcentaje de alumnos de primaria, secundaria y bachillerato escolarizados en la escuela pública.
¿No tiene solución esa batalla? ¿Es posible la convivencia pacífica entre las dos redes? ¿A quién beneficia este modelo? Los colegios concertados religiosos (la gran mayoría) tienen un beneficio medio de 76.000 euros al año y los laicos, de 68.000. La situación económica, según estas cifras de 2005 del Instituto Nacional de Estadística (INE), no se percibe tan desesperada como la pinta la patronal de los colegios católicos, la FERE. Su presidente, Manuel de Castro, asegura que no tienen «ningún colegio que no sea deficitario» y recuerda que tanto el Gobierno como las comunidades han admitido su escasez financiera y están revisando el monto de las subvenciones. Explica, además, que la diferencia con la estadística del INE quizá se deba a que ciertos gastos de mantenimiento de los edificios se computan de una manera distinta.
En cualquier caso, aún con las cifras del INE, no parece el negocio más rentable del mundo. No tanto como lo es, al menos en el corto plazo y en términos puramente presupuestarios, para las comunidades autónomas, a quienes estos colegios les cuestan bastante menos que los públicos, porque no tienen que construir ni mantener esos edificios y porque los profesores suelen cobrar menos y trabajar más. Se trata de un 25% a un 50% menos, según haga el cálculo CC OO o la FERE, es decir, entre 1.400 y 3.000 millones de euros al año de ahorro.
No para las familias, ya que en la mayoría de estos centros dan algún tipo de aportación por distintos conceptos (sumadas a las actividades extraescolares, comedor o refuerzo les reportan casi el 27% de sus ingresos a la concertada religiosa y el 32%, a la laica).
Pero contra la lectura obvia de la rentabilidad para las administraciones está la mirada a largo plazo, esa que puso de manifiesto un informe del Colectivo Lorenzo Luzuriaga y que habla de la cohesión social, cultural y territorial que sólo puede garantizar una escuela pública, plural y laica que no separe, como en el caso de la concertada católica, por convicciones religiosas o por cualesquiera otras.
Por el otro lado, en la parte del negocio para sus propietarios, hay que tener en cuenta ese 76% de la concertada. Esto es, la concertada católica, cuyas motivaciones van más allá del dinero. Sus objetivos se elevan hasta el proselitismo religioso. «No tenemos ninguna pretensión de ganar dinero, sino de aportar nuestra labor a la sociedad y a la Iglesia. Claro que tenemos entre nuestros objetivos la labor evangelizadora, pero eso está en nuestro ideario y los padres lo saben cuando nos eligen. Sé que hay gente que cree que para eso ya están las parroquias, pero eso claramente choca con lo que reclama la sociedad», asegura Manuel de Castro.
Se mire por donde se mire, siempre sale a relucir la confesionalidad. Los conciertos educativos se crearon a mediados de los ochenta, con la Ley Orgánica de Derecho a la Educación que redactó el Gobierno socialista, para ordenar de alguna manera las subvenciones que desde los años sesenta habían recibido numerosos colegios católicos (siempre han sido y siguen siendo la inmensa mayoría de los centros privados). La España conservadora siempre ha esgrimido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que recoge la Constitución, a favor de la escuela católica (en nombre de la cual Bélgica y Holanda tienen los mayores porcentajes de la OCDE de escuela subvencionada). Ese argumento se puede ver en las pancartas que han agitado los conservadores en las calles desde la segunda República (que intentó promover la escuela pública y laica) hasta las últimas concentraciones contra la actual ley educativa, pasando por las protestas de los ochenta contra la LODE.
Entonces, se entendió que los conciertos atacaban a los colegios católicos porque a cambio del dinero, se debía acatar una serie de reglas, por ejemplo, la libertad de cátedra de los profesores o la admisión de alumnos según los criterios que marcan las administraciones. «Suscribir los conciertos permitiría abrir los centros a todas las clases sociales, pero arriesgando precisamente lo que buscan en vosotros los padres de familia, la garantía de una educación cristiana», decía el nuncio del Papa a los padres católicos de alumnos (Concapa) en 1984.
Llegaron los conciertos, se consolidaron y el nuncio pareció salirse con la suya: los colegios no renunciaron a ese ideario cristiano, que para algunos expertos es aún la base del conflicto. «Si le quitamos el componente anticlerical, la polémica se reduce a nada», asegura el catedrático de Sociología de la Educación en la Universidad Complutense Julio Carabaña. También para el catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita: «Mirada con distancia, es una polémica decimonónica. El problema de la privada no es su propiedad, sino su confesionalidad».
En los últimos 20 años, con el argumento de la libertad de elección (sobre todo de elegir enseñanza católica) o de primar una escuela pública vertebradora, ha proliferado la concertada con gobiernos conservadores (PNV, CiU o PP), mientras se ha mantenido la pública bajo el mando de los progresistas. Castilla-La Mancha es la comunidad que tiene más alumnos de educación obligatoria en la pública (81%). «Nuestra prioridad es la pública, aunque sin limitar la iniciativa privada», dice el viceconsejero de Educación castellanomanchego, Pedro Pablo Novillo.
Estos han sido los posicionamientos políticos clásicos, que han venido a romper, causando un gran revuelo, los socialistas madrileños (PSM). Este verano, su dirección quiso hacer autocrítica y suavizar el discurso contra la concertada. Esto ha causado el inmediato rechazo de buena parte de sus correligionarios y de sindicatos como CC OO y UGT, que llevan dos legislaturas luchando enconadamente contra las políticas «privatizadoras de Esperanza Aguirre». Se quejan del «abandono de la escuela pública, de un gasto educativo que ha pasado del 27,5% del PIB en 2003 al 25,4% en 2007. La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, niega que apoyen más a la concertada que a la pública, y que haya algún nuevo barrio al que haya llegado antes un centro concertado que uno público, como aseguran los sindicatos CC OO y UGT. Y a las cifras de escolarización en la enseñanza obligatoria (53,2% en la pública, 33,9% en la concertada y 12,9% en la privada) responde: «A mí lo que me preocupa es la libertad de elección de los padres. Lo que me preocupa es el porcentaje de familias que no están yendo a la escuela que han elegido».
Sin hablar ya, como en la anterior legislatura, de una eficacia o del ahorro económico que supone la concertada, Figar sí apoya la opción de los ayuntamientos de ceder suelo privado para centros concertados. Esto ha llegado a situaciones extremas, como la de ceder a la gestión privada un colegio público ya construido.
Fue precisamente la situación de Madrid lo que llevó al Colectivo Lorenzo Luzuriaga a redactar y publicar el documento para el debate Por la escuela Pública. El texto argumenta que la regla básica de los conciertos -podrían aumentar sus plazas, pero las nuevas necesidades debían cubrirse con escuelas estatales-, se ha roto en Madrid y podrían seguir su ejemplo otras comunidades. Su temor, y el de otros muchos expertos, es que sea la enseñanza pública la que se convierta en subsidiaria, atendiendo a las clases desfavorecidas, de una concertada que atendería a las clases medias y altas. Su argumento es que la concertada no sólo separa a los alumnos por esa confesionalidad, sino por clases sociales.
A pesar de ser un servicio público y por lo tanto gratuito, la concertada cobra dinero por distintos conceptos, aportaciones voluntarias, a través de la asociación de padres, fundaciones… Unas aportaciones que no siempre son tan voluntarias y que, sumadas al carácter confesional de la mayoría de estos centros, se convierten en un muro infranqueable para las familias más desfavorecidas, cuyos hijos resultan ser los alumnos más difíciles de atender y sus notas, las que bajan la media en los centros públicos. Y hoy, los más pobres son los inmigrantes. Siempre hay ejemplos de concertados que acogen sin problemas a los alumnos más difíciles en zonas muy complicadas, pero en general, estos chicos estudian mayoritariamente en la escuela pública.
Aunque en realidad, la descompensación de alumnos inmigrantes entre pública y concertada es un problema concentrado en ciertas zonas, ya que fuera de las ciudades hay poca subvencionada y en los barrios ricos de las urbes la pública no tiene grandes dificultades. Tanto en comunidades como Andalucía, con mucha enseñanza pública, como Madrid, con bastante menos, donde hay concertada existe descompensación. En la ciudad de Madrid, más de la mitad de los estudiantes van a la concertada, pero sólo lo hace un tercio de los extranjeros; y la pública, que tiene un 34,5% del alumnado, atiende al 62% de los inmigrantes. Y en Almería, los centros concertados, un tercio del total, sólo atienden al 6% de los extranjeros, informa María José López Díaz.
De este modo, los pocos centros que se acercan peligrosamente o sobrepasan la línea del gueto transmiten esa imagen a toda la enseñanza pública, mejorando de paso la de la concertada que ve aumentar su demanda entre las clases medias. Manuel de Castro se defiende. «Hay mucha demagogia», dice, y recuerda que la mayoría de los chavales que han fracasado en el intento de conseguir el título básico de educación y quieren aprender un oficio en una escuela taller, lo hacen en centros católicos. Admite que quizá haya que distribuir mejor al alumnado más difícil, «pero también entre los centros públicos», y confía en los mecanismos de la nueva ley educativa (LOE) para hacerlo poco a poco: «Nosotros estamos dispuestos», asegura.
Tampoco conviene perder de vista otras ventajas objetivas que señala el estudio del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Los centros subvencionados suelen ofrecer en el mismo edificio todos los niveles educativos, con unos horarios similares y con ampliación de horario por las tardes, por la mañana o cuando haga falta. La mayoría tiene servicio de comedor, actividades extraescolares, cosas que escasean en la pública.
Y ahora, quizá sea el momento de volver a plantear dos de las preguntas iniciales: ¿No tiene solución la batalla? ¿Es posible la convivencia pacífica entre las dos redes? El debate ideológico no ha avanzado mucho en los últimos 20 años, pero sí se vislumbran nuevas ideas. El problema de «la pública no es que le vayan los peores alumnos, sino la falta de motivación, de incentivos y de control de los profesores. El objetivo de las administraciones debería ser, ofrecer un buen servicio público, eficaz e igualitario, con base en ambas redes», asegura Fernández Enguita. «No se trata de que haya mucha escuela pública y de que los alumnos no tengan más remedio que acudir a ella, sino que sea una escuela de calidad, capaz de competir con los centros concertados de prestigio», dice el texto del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.
DOCUMENTO DEL COLECTIVO LORENZO LUZURIAGA ¿POR UNA ESCUELA PÚBLICA?:
http://www.elpais.com/elpaismedia/diario/media/200809/01/sociedad/20080901elpepisoc_1_Pes_PDF.pdf
