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CEAPA cree que la autoridad del profesorado no se puede fijar por decreto
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) considera inaceptable otorgar la condición legal de autoridad pública al profesorado, de la misma manera que la tienen los policías y otras fuerzas del orden público, tal y como pretende imponer Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
CEAPA cree que la autoridad del profesorado en la escuela (como la de los padres y madres en casa), no se impone por decreto, sino que se gana con el trabajo y el ejemplo del día a día. La escuela es una comunidad de aprendizaje y convivencia.
El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y en el miedo del alumnado, y que han demostrado ser totalmente ineficientes para mejorar la convivencia escolar.
Por el contrario, CEAPA cree que el profesorado debe contribuir, en una labor conjunta con las familias, a que los menores adquieran valores y competencias que les conviertan en futuros ciudadanos críticos y responsables.
CEAPA aboga por el establecimiento de normas concisas, consensuadas y transparentes de convivencia en el centro educativo, pero no sólo para el alumnado, sino también para los demás miembros de la comunidad educativa. Además, hay que implicar a niños, niñas y adolescentes en la elaboración de esas normas y en la resolución de los conflictos, y no convertirles en sujetos pasivos y a reprimir, como algunos pretenden.
Esperanza Aguirre, en lugar de proponer medidas demagógicas, propias de hace cuarenta años, y que ningún pedagogo serio recomienda hoy, debería promover políticas de conciliación de la vida laboral y familiar para que padres y madres puedan dedicar más tiempo a la educación de sus hijos; reforzar las tutorías con horarios más flexibles para que acudan madres y padres y puedan hacer un seguimiento mayor de la educación de sus hijos; crear equipos de mediación en los centros educativos que afronten los problemas de convivencia; reforzar la formación psicopedagógica del profesorado para que éste sepa atender a la diversidad del alumnado en cuanto a motivaciones, capacidades, orígenes socioeconómicos y culturales; promover la participación de las familias y las APAS en los consejos escolares y en las actividades de los centros educativos; entre otras. A juicio de CEAPA, estas medidas, sostenidas en el tiempo, darían resultados positivos en la mejora de la convivencia escolar.
En todo caso, en la inmensa mayoría de los centros educativos de este país reina un clima de normalidad y convivencia pacífica, por lo que los pocos hechos violentos que se puedan producir de forma aislada, no dejan de ser “la excepción que confirma la regla”. Por ello, para esta confederación de APAS no existe ningún motivo para plantear el tipo de medidas que propone Aguirre, y que, en todo caso, sólo contribuyen a enrarecer el clima en las aulas.
Madrid, 15 de septiembre de 2009
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