FAPAR critica el uso de la libertad de elección para justificar criterios ideológicos en la escolarización
Cerca de 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria de las comarcas orientales de Aragón estudian catalán
Aragón reabre el debate sobre el catalán tras posponerlo 26 años
La denominación de la lengua de la zona oriental enfrenta a los partidos y tensa la DGA.Iglesias zanja de raíz el amago de sus socios del PAR para desligarse de la Ley de Lenguas.
E. B. D. El Periódico de Aragón
- Casi la totalidad del alumnado de Primaria estudia catalán en su zona aragonesa de uso.
Foto:EL PERIÓDICO
Cerca de 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria de las comarcas orientales de Aragón estudian catalán en 28 centros de enseñanza de la zona catalanoparlante, lo que indica que la práctica totalidad de los niños en edad escolar cursan esta asignatura optativa o estudian en esa lengua otras materias dentro de proyectos lingüísticos. Y, según el Ministerio de Administraciones Públicas, 40.000 de los 65.000 habitantes de los 83 municipios catalanoparlantes de la comunidad utilizan cotidianamente ese idioma. A pesar de que el uso del catalán es algo normal en un área que abarca al 5% de la población, cualquier intento de regularlo administrativamente levanta ampollas en Aragón.
Veintiséis años después de que el Estatuto incluyera los mandatos de proteger «las modalidades lingüísticas propias de Aragón» y de garantizar por ley «su enseñanza y el derecho de los hablantes» en «las zonas de utilización predominante», el Gobierno de Aragón parece decidido a ponerle el cascabel al gato. El Ejecutivo que preside Marcelino Iglesias (PSOE) tiene previsto enviar este otoño a las Cortes el proyecto de la Ley de Lenguas, que regulará el empleo de los dos idiomas minoritarios de la comunidad: el catalán, que se habla en el área limítrofe con Lérida y Tarragona, y el aragonés, que sobrevive en los valles pirenaicos. Aragón es trilingüe, sin más.
El texto que el Pignatelli llevará a las Cortes es una incógnita, aunque algunas consejerías y los Servicios Jurídicos manejan un borrador que ha provocado tensiones en el propio Gobierno y sobre el que fuentes de la Presidencia de la DGA insisten en «que no es definitivo».
Ese texto, al contrario que el borrador del 2001 y al igual que el del 2007, no contemplaba declarar lenguas oficiales el catalán y el aragonés, aunque sí se refería como tal al castellano, cosa que no hace el Estatuto. El documento, que si recuerda que este último idioma es la «lengua mayoritaria y oficial» en la comunidad, da a las otras dos el tratamiento de «propias e históricas», reconoce en su exposición de motivos la realidad «trilingüe» de Aragón y marca como requisito un informe previo del futuro Consejo Superior de las lenguas para que la DGA, a partir de criterios sociolingüísticos e históricos, pueda definir las «zonas de utilización histórica», en las que los municipios podrán solicitar ser incluidos. En ellas se aplicarían las medidas de garantía en la enseñanza y protección en el uso para el catalán y el aragonés: implantación de denominaciones toponímicas únicas, inclusión de ambas lenguas en los currículos de todos los niveles de la enseñanza y garantía de poder utilizarlas en procedimientos administrativos, entre otras.
Esos planteamientos han generado tensiones entre los socios del Gobierno de Aragón y auguran sesiones tormentosas en las Cortes.
El principal punto de fricción se halla en la definición de qué es lo que se habla en la zona catalanoparlante. El PSOE es partidario de denominarlo catalán, en lo que coincide con la mayoría de los lingüístas. Su socio, el PAR, quiere que cada habla local tenga su denominación, con lo que cobrarían virtualidad jurídica el fragatí/fragatino y el fresnedí/fresnedano. Eso equivaldría a dar patente de oficialidad al lleidetà .
El aragonesista José Ángel Biel, vicepresidente de la DGA, intentó hace unos días desvincular a su partido del proyecto al sugerir que esa iniciativa legal bien podría ser presentada en las Cortes por el grupo del PSOE como proposición de ley, lo que liberaría al PAR de apoyarlo. Sin embargo, los socialistas se muestran tajantes: «La ley de lenguas es una de las Cien medidas de Gobierno (pactadas por la coalición) y esas no son discutibles», señalaron fuentes de la Presidencia.
El PSOE, partidario de buscar el máximo consenso en esta materia, había renunciado el año pasado a declarar cooficiales el aragonés y el catalán. Esa es la postura que –además de algunos sectores socialistas– mantienen las dos formaciones situadas a su izquierda, CHA e IU –los socialistas suman con ellos más escaños que PAR y PP–, mientras los populares se oponen tajantemente a esa posibilidad. En cualquier caso, lo poco que se le ha oído adelantar a Iglesias sobre la norma es que «generará exclusivamente derechos y libertad. No generará obligaciones». Si generará polémica. Sin duda.
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