LA ESCUELA PÚBLICA ARAGONESA SIGUE MOVILIZÁNDOSE
Cómo se gastan 100 millones en guarderías
El plan del Gobierno llega sin saber cómo repartir el dinero ni cuántos niños necesitan el servicio
SILVIA BLANCO – Madrid –
Se sabe que hay una necesidad social: la creación de plazas públicas en escuelas infantiles para niños de hasta 3 años. Se sabe que hay un dinero: 100 millones de euros. Y la lista de lo que se desconoce empieza con el número de niños que necesitan el servicio público en todo el Estado. «Hay medio millón de niños de hasta tres años en todo el Estado, pero no se sabe cuántos van a la guardería, porque la mayor parte va a las privadas por la falta de plazas públicas», calcula Carme García, diputada de Izquierda Unida, el grupo que propuso al Gobierno la medida de los 100 millones a cambio de no pedir la retirada de la Ley del cheque-bebé (una ayuda de 2.500 a 3.500 euros por el nacimiento de un niño).
El número mínimo de niños que podrían necesitar una guardería pública estimado es de 300.000. El Gobierno pretende cubrir 50.000 nuevas plazas y reconoce que faltan muchas más. De hecho, el Ministerio de Educación está trabajando para tener datos estadísticos detallados y fiables para conocer la necesidad real y analizar la cobertura de la red pública de escuelas infantiles en ese tramo de edad. La escasez de plazas públicas es tal que se ha convertido en una poderosa promesa electoral. En Andalucía, el candidato y actual presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha prometido crear 15.000 nuevas en 2008. La necesidad es aún más acuciante en «poblaciones pequeñas, ya que cualquiera que abre un centro privado busca rentabilidad, y cuando hay pocos niños, no hay guarderías», añade Carme García.
Tampoco se sabe cómo se va a repartir el dinero exactamente. Cuánto van a gestionar las consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y cuánto irá a parar a Asuntos Sociales. En Andalucía, por ejemplo, las escuelas infantiles públicas dependen de la consejería de Igualdad y Bienestar Social. Es decir, se consideran centros asistenciales y no educativos. «Hay una situación heredada», puntualiza Alejandro Tiana, secretario general de Educación. «La anterior ley de educación desreguló la enseñanza en este primer ciclo, el de 0 a 3 años. Arrastramos una gran variedad de situaciones en cada comunidad. La nueva ley (LOE) insiste en el carácter educativo de esa etapa, que es lo importante al margen de la pluralidad en la gestión que existe, que incluye a veces a los ayuntamientos».
E, indirectamente, a las empresas. Es frecuente que los ayuntamientos saquen a concurso público la gestión de guarderías públicas. Los sindicatos se quejan, por ejemplo, de los bajos salarios que percibe el personal, lo que facilita una alta rotación que afecta a los niños. ¿Cómo se garantiza que esos 100 millones se invierten en plazas infantiles de calidad? «Esa preocupación es legítima, pero la garantía está en un convenio que fije las condiciones con las comunidades, que se hará de manera bilateral con la consejería de educación de cada una o con la administración que lo comparte», asegura Tiana.
La diputada de Izquierda Unida Carme García, impulsora de la propuesta, cree que la parte más importante del dinero va a destinarse al Ministerio de Educación, y que éste debería «regular cómo se va a repartir el dinero, qué conciertos va a haber». Y añade: «En el ciclo de 0 a 3 años no había nada establecido. Hasta que hemos llegado a este acuerdo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tenía presupuestado desde hace años 800.000 euros, como ayudas. No había nada regulado. Y ahora que se pasa a tener 100 millones, creo que Educación va a garantizar que se gestiona ese dinero con el rigor que merece una etapa tan sensible y que, como recoge la LOE, es una etapa educativa que debe impulsarse y crearse desde las administraciones públicas».
La otra duda es cuánto dinero pondrán las comunidades. «Todo este proceso se va a poner en marcha en 2008. Ahora ellas están elaborando sus presupuestos, y no podemos prever cuánto van a destinar a la creación de plazas nuevas, ya que aún no están los convenios», explica el secretario general del ministerio. Pero hay quien recela de la actuación de cada comunidad. Por ejemplo, la portavoz de la Junta de directores de Escuelas infantiles de Madrid, Carmen Ferrero. «Se supone que las comunidades darán dinero, la misma cantidad que les da el Estado. Sin embargo, nos tememos que no sólo no se ponga la misma cantidad, sino que la Comunidad [de Madrid] no ponga de sus presupuestos y tire de lo que le da el Estado», opina Ferrera.
La plataforma estatal por la defensa del 0-6 pide al Ministerio que, junto a la creación de nuevas plazas, contemple unos requisitos mínimos referidos al número de alumnos por profesor, las titulaciones y los espacios. «Queremos que sean los mismos para todo el Estado. No entendemos por qué el ministerio sí garantiza los contenidos educativos mínimos para el 3-6 y no para el 0-3, dejándolo en manos de las 17 comunidades», explica Alicia Alonso, la portavoz.
También se cuestiona la cifra que ofrece el Gobierno. 100 millones es poco. «Es muy insuficiente», opina Carme García, la diputada de Izquierda Unida. Tiana argumenta: «Queremos promover plazas nuevas. Si damos mucho dinero que a las Comunidades Autónomas no les da tiempo a gestionar, hay más posibilidades de que se destine a financiar lo que ya se hace, que a hacer cosas nuevas. Es una cantidad razonable de momento. éste es un plan un plan a varios años. Sólo esto no sería nada. En 2009 hará falta una cantidad mayor».
La privatización de Madrid
Hay una privatización total de las escuelas infantiles de Madrid», afirma tajante Carmen Ferrero, de la Junta de portavoces de escuelas infantiles. Asegura que, en los últimos diez años, «no se ha hecho ninguna escuela infantil nueva gestionada directamente por la comunidad». El argumento de la Administración, dice, es «que le cuesta un tercio menos, pero a costa de los salarios de los profesionales y de la calidad». Lo mismo piensa Lali Vaquero, responsable de la secretaría de Educación de Izquierda Unida en Madrid: «Hay mucha confusión. Al no haber un decreto marco fijado por el Gobierno, nadie garantiza el carácter educativo ese ciclo o lo que hagan las autonomías. Con la LOGSE eso no ocurría, había un decreto de mínimos muy exigente que nunca se llevó a cabo. La calidad cuesta». Ferrero asegura que la gestión de las escuelas infantiles está en manos de empresas y «de cooperativas». Y avisa de un nuevo fenómeno: «En vez de cooperativas, son en realidad dos o tres personas que luego contratan al resto del personal en condiciones muy precarias».
Una red paralela en Navarra
Todas las comunidades están obligadas a tener, antes de que acabe el año, un decreto que establezca los requisitos que deben reunir los centros que atiendan a niños de hasta 3 años. Navarra ya lo tiene. Y también tiene un recurso por parte de la Plataforma del ciclo educativo 0-3 de la comunidad. El portavoz, Alfredo Hoyuelos, explica que «se ha creado una red paralela de escuelas infantiles que van a escapar del control de la administración. El decreto distingue claramente entre una red educativa y otra que no lo es, más de ocio o asistencial». En un comunicado de la organización, se teme que esa «red no educativa» sea, en la práctica un espacio que «no disponga de una serie de requisitos mínimos y entornos adecuados». Hoyuelos explica que sólo los ayuntamientos de Cazalla y Estella han sido capaces de asumir la gestión directa de las escuelas infantiles. El resto, dice, «ha optado por la gestión indirecta. Y esto se nota, por ejemplo, en los bajos salarios de los profesionales. Se cobra más de cajero en un supermercado que asumiendo la alta responsabilidad de cuidar a los niños de hasta 3 años».
EL PLAN, DE CERO A TRES AÑOS
Cien millones de euros destinados a crear 50.000 plazas nuevas para niños hasta de tres años en escuelas públicas.
Se estima que, como mínimo, sería necesario crear 300.000 plazas en toda España.
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