Una cautelar paraliza la concertación del bachillerato en Aragón
De la Vega cree que los poderes públicos "están engañando a los padres"
La Comunidad de Madrid, que en lo que lleva de año ha recibido más de mil objeciones, prevé una «avalancha» con nuevas peticiones tras la apertura a la objeción de conciencia en relación con la asignatura de «Educación para la Ciudadanía».
EFE. Madrid
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha replicado a la Comunidad de Madrid que los poderes públicos no pueden llamar a «asonadas» o «insumisiones», en relación con la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC).
«Creo, sinceramente, que están engañando a los padres, poniendo en peligro la educación de los hijos y politizando la educación», ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha sido preguntada por la posición de la Comunidad de Madrid sobre este asunto.
La consejera madrileña de Educación, Lucía Figar, anunció ayer que el Gobierno regional aceptará las objeciones de conciencia a la asignatura de EpC que se presenten en la Comunidad y declarará a estos alumnos «exentos de cursar la asignatura y ser evaluados» por ella.
«La llamada a la insumisión» -según Fernández de la Vega- que ha hecho «el Gobierno de la derecha» en Madrid es «muy grave y muy irresponsable».
La vicepresidenta ha añadido que un Gobierno que defienda de verdad el interés de todos no puede llamar al incumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento de la nación, en este caso la Ley Orgánica de Educación (LOE).
«En democracia las leyes están para cumplirse por encima de los credos personales, políticos o religiosos, todas las leyes y para todas las personas», ha apostillado.
Los poderes públicos están para garantizar el respeto y el cumplimiento de la ley, ha insistido, «no para llamar a asonadas o insumisiones a leyes que han sido aprobadas por la mayoría de los representantes de los ciudadanos españoles».
Por encima de «manipulaciones políticas», ha indicado, la LOE está en vigor y 200.000 escolares de tercero de la ESO reciben clases de EpC «con total normalidad», exactamente igual que en las demás asignaturas y en prácticamente el resto de países europeos, y todo lo demás es una «absoluta irresponsabilidad».
La vicepresidenta ha rechazado hacer valoraciones políticas sobre decisiones judiciales, en alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de unos padres de Huelva, y ha recordado que hay otras que no coinciden con ésta.
Según Fernández de la Vega, la política no debe mezclarse con la justicia ni con la educación.
Noticias relacionadas
Relacionado
