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Denuncia de los padres a una maestra del colegio concertado Santa Ana de Fraga por pinchar presuntamente a su hija de 7 años en la mano hasta 14 veces con un lápiz.
- Educación conocía la denuncia por agresión a la niña de 7 años pero «no puede interferir».
- Aclara que el colegio de Fraga en el que la maestra pinchó a la menor con un lápiz 14 veces es «privado concertado» y que la docente no tiene relación laboral con la administración.
ELENA PUÉRTOLAS. Heraldo de Aragón. Huesca
El Gobierno de Aragón conocía desde el principio la denuncia de los padres a una maestra del colegio concertado Santa Ana de Fraga por pinchar presuntamente a su hija de 7 años en la mano hasta 14 veces con un lápiz. Sin embargo, Educación asegura que «no puede interferir» puesto que hay abierto un proceso judicial. No obstante, puntualiza que es un centro «privado concertado» y que la relación laboral es entre el profesor y la dirección del centro y no con la administración. Hasta ahora, es la primera denuncia por agresión de un profesor a un alumno de la que tiene conocimiento Educación.
El día 18 se celebrará la vista en los juzgados de Fraga por unos hechos que la propia docente admitió en su declaración ante la Guardia Civil. La profesora, tutora de la clase de 2º de la alumna y directora de Primaria del centro, admitió que le pinchó varias veces porque consideraba que era lo correcto para «corregir» a la niña. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre y los padres pusieron la denuncia el día 16.
Sin embargo, Educación rehusó confirmar si se había realizado una inspección en el centro argumentando que decirlo podría interferir en el caso. Aunque aseguran que la mayoría de los problemas se resuelven en los colegios, el protocolo a seguir en los casos más graves es que el centro tiene que comunicarlo a la inspección, que hace un informe. Si se requiere una medida correctora, el centro tiene que adoptarla. En el caso de uno público, el encargado de ejecutarla es el director; mientras que en uno privado la medida se dirige a la propiedad que es con quien la administración tiene convenio. Si este no lo corrigiera, se podría abrir un expediente por incumplimiento del convenio. Pero, «Educación no puede expedientar al trabajador», aseguran.
Fuentes judiciales informaron ayer a Efe que la Fiscalía de Huesca aún no ha valorado la posibilidad de acusar a la denunciada en el juicio de faltas. Añadieron que la opción de imputar a la profesora, se valorará a lo largo de la vista, en la que comparecerá el Ministerio público.
Las asociaciones de padres
El presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de centros concertados (FECAPA-Aragón), Pedro Martínez, comentó ayer que la actuación de la profesora «no parece correcta», pero que no suelen llegar estas incidencias a la Federación. «Entiendo que no hace falta comunicarlo a Educación porque es el centro con su autonomía el que debe actuar y el consejo escolar el que puede decidir. La administración no puede liderar la actuación sino garantizar que es correcta y de acuerdo a la ley», apuntó.
Por su parte, Ana Abán, presidenta de FAPAR (Federación de APAs de centros públicos), comentó que las familias tienen que acudir al colegio y, si no resuelve, el centro tiene que avisar a la administración educativa. Le sorprendió que el caso haya salido a la luz porque «la comunidad educativa de los centros concertados quiere preservar su imagen social».
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