Respaldo de los tribunales al segundo recurso de las ayudas de la escuela privada concertada por discriminar al alumnado de la pública
Educació afirma que presentará "batalla" a las cuotas irregulares
• La ‘conselleria’ dice que plantear como necesarios los pagos es «una coacción».
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JORDI CASABELLA. El Periódico BARCELONA
El cobro de cuotas irregulares a los padres por parte de los centros concertados será objeto de «una batalla persistente» con «todas las herramientas que estén al alcance» de la Conselleria d’Educació, aseguró ayer Ernest Maragall, responsable del departamento. A la vista de la publicación por parte este diario de diferentes casos de colegios concertados que exigen pagos ilegales a las familias, Maragall insistió en la necesidad de «perseguir incansablemente» a los que vulneran una normativa que, según dijo, cumple la gran mayoría.
El secretario de Polítiques Educatives del departamento, Francesc Colomé, en una conversación con EL PERIÓDICO, calificó de «abuso» la demanda de centros como la escuela L’Horitzó, del paseo de la Bonanova de Barcelona, que exige hasta 4.625 euros anuales, en un único pago por anticipado, para matricular a un alumno en la etapa de Infantil (3-6 años) o en el primer ciclo de Primaria (6-7 años). Esta práctica ya fue puesta en conocimiento de los servicios de Inspección de la conselleria hace tres años, según ha podido saber este diario, sin que ello impidiera que se siga repitiendo.
CONCIERTO GENEROSO
L’Horitzó tiene 11 grupos sostenidos con fondos públicos de los 13 que son susceptibles de beneficiarse del concierto. Únicamente no disfrutan de esa ventaja los matriculados en segundo de Primaria y cuarto de ESO porque ambos grupos no cuentan con suficientes alumnos para acogerse a las ayudas. La Administración paga el sueldo íntegro del profesorado que desempeña su labor en los citados 11 grupos y entrega un mínimo de 71.000 euros anuales adicionales al centro para hacer frente a los gastos de funcionamiento.
Colomé añadió que era igualmente inadmisible que «se coaccione a los padres», en el sentido de hacerles saber que las donaciones voluntarias son del todo necesarias e imprescindibles. Este es el caso del colegio Sant Nicolau de Sabadell, que reclama, de entrada, 850 euros a modo de matrícula encubierta. Hace un año, EL PERIÓDICO ya denunció durante el periodo de preinscripción escolar que una empleada del centro exigía 600 euros para tramitar la matrícula y que, a diferencia de las aportaciones a una fundación, esa cantidad ni siquiera podía desgravarse en la declaración de la renta.
Educació también recuerda que, desde la aprobación de la ley orgánica de educación (LOE), la aceptación del ideario religioso del centro no obliga a cursar la materia de Religión católica, algo que hay centros que plantean como inexcusable.
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