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Educación acusa a los objetores contra la asignatura de Ciudadanía de desobediencia civil de las leyes
EFE 14/06/2007
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, dijo que los defensores de la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía están promoviendo la «desobediencia civil» de las leyes y precisó que cada autonomía determinará las consecuencias para los alumnos que no la cursen. En conferencia de prensa, señaló que las organizaciones que están a favor de la objeción se basan en «muchas falsedades» que no son ciertas porque el Consejo de Estado no manifestó «ni una sola objeción» sobre los contenidos mínimos de la asignatura ni las CCAA pusieron pegas en las reuniones con el Ministerio. «Nos sentimos avalados en el sentido de que los contenidos son ajustados a las leyes españolas, y quien crea lo contrario está obligado a actuar por las vías de la democracia, no por otras vías que son equivocas», indicó en alusión a que se recurra a los tribunales si se cree que la materia es ilegal.
Agregó que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia no se reconoce como un derecho subjetivo genérico porque, si no, los ciudadanos podrían declararse contrarios a las leyes u obligaciones que no gustan, por ejemplo el pago de impuestos; en el caso del servicio militar, se reguló por una ley, recordó. Insistió en que la asignatura y las etapas en que se imparte son obligatorias, así que la no asistencia a clase tiene «consecuencias» porque es un «incumplimiento claro» de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada, reiteró, por las Cortes Generales. «Las consecuencias dependen de las normativas específicas de cada comunidad dentro de la legislación estatal», precisó.
En el caso de Ceuta y Melilla, donde el Ministerio es la administración competente, éste estudiará las condiciones y decidirá lo que corresponde si de da un caso de objeción, explicó Tiana, Dedujo de las declaraciones de algunos obispos que llaman a la objeción que «no hay unanimidad» de la jerarquía católica porque el documento de la Conferencia Episcopal sobre este asunto era «mucho más prudente.» «Me cuesta mucho entender que desde ninguna posición confesional se pueda decir que educar en valores como la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia… se sienta que se le coarta en la educación de los jóvenes.» Aseguró que los representantes de la Conferencia Episcopal no manifestaron objeciones en el proceso de elaboración de la LOE.
El Ministerio no tiene constancia de cuántas objeciones se han presentado hasta ahora, salvo por la prensa, aunque Tiane cree que son cifras «engañosas» porque también se refieren a alumnos que por edad ya no la cursarán o lo harán dentro de varios años. Se mostró dispuesto al diálogo, «como siempre» desde que el PSOE gobierna, pero «firme» para el cumplimiento de la Ley porque «no es negociable». Tiana y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, informaron de un acuerdo para que los escolares estudien los derechos y deberes del Estado del Bienestar, tanto en la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como en las diferentes actividades transversales de los centros.
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