FAPAR RECHAZA EL MODELO DE SEMIGRATUIDAD SUBVENCIONADA EN LA ETAPA 0-3 AÑOS
Educación para la Ciudadanía empezará sin problemas en los colegios religiosos
La ambigüedad de la asignatura deja un margen de maniobra a los centros y la objeción quedará en manos de los padres.
El PP presentó una proposición no de Ley para que no se imparta esta materia porque «no existe un consenso representativo».
IGNACIO MUÑOZ. Zaragoza | Heraldo
El inminente inicio del nuevo curso escolar contará como principal novedad con la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La nueva materia llega precedida de una fuerte controversia entre el Gobierno, la Iglesia, los centros educativos y las asociaciones de padres. Sin embargo, el pensamiento generalizado del sector apunta hacia un estreno sin sobresaltos. La imposición que marca la Ley Orgánica de Educación, y el margen de aplicación que permite una asignatura marcada por su ambigüedad en determinados temas, hacen prever escasos problemas en forma de objeciones. Una decisión, esta última, que recaerá en los padres de los alumnos.
Según la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la nueva asignatura supone una imposición por parte del Gobierno a través de un decreto que, como tal, se verán obligados a cumplir. «Otra cosa es lo que pensemos del contenido», comentó José María Marín, presidente de la asociación en Aragón, donde agrupa a 42 centros educativos. A su juicio, la aplicación de la polémica materia supone una «clara invasión de los derechos y libertades de los padres como educadores de sus hijos». Según Marín, «inculcar a los niños unos valores que muchos no compartimos es muy fuerte».
En una línea similar, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) volvió a reclamar el carácter optativo de Educación para la ciudadanía, frente a la obligatoriedad marcada desde el Ejecutivo central. Desde la asociación, Rosa Lorés informó de que todavía hay calma entre los padres. «Aún no disponen de los manuales. Las quejas llegarán en septiembre, cuando los tengan». Lorés apuntó además que «los colegios se han desentendido del tema» por lo que serían los padres quienes deban decidir acerca de la objeción o no de sus hijos. Ante esta situación, la CONCAPA avisa de un posible «vacío legal» a la hora de tratar estos casos.
Sin embargo, la titular de Educación, Eva Almunia, dejó claro en declaraciones a HERALDO el pasado 19 de agosto que «si un niño no va a clase se le va a tener que tratar como absentista y aplicar las normas correspondientes». En ese sentido, la consejera señaló a la Iglesia española al considerar que «no han valorado las consecuencias legales de animar a las familias a una objeción de conciencia». Además, lanzó un aviso a los centros concertados que presenten problemas en la aplicación de la nueva materia. Si alguno se resiste a impartirla, «dejará de ser concertado. Ellos también tienen obligaciones».
Previsiones de normalidad
En todo caso, se antoja difícil que se den estos extremos. Al hecho de que el sector educativo católico parece resignarse al cumplimiento de la ley, hay que añadir las posibilidades de acomodo que presentan algunos manuales. El director del colegio San Viator, Rafael Gállego, representante de los centros concertados de Huesca, señala que van a instruir en esta asignatura mediante el libro de la editorial SM, manual que consideran «muy de acuerdo a la doctrina con la que se educa en estos colegios».
La ambigüedad de ciertos libros a la hora de abordar temas como la familia o la sexualidad permite tanto a los centros educativos como a los profesores mostrar a los alumnos diferentes visiones de la materia. Como explica Gállego, «podemos impartir la asignatura acomodándola y adaptándola a los idearios propios de nuestros centros», aunque asegura que actuarán siempre dentro de la legalidad.
Además, colectivos como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR), han mostrado un reiterado apoyo a la nueva asignatura. «Es una medida que venimos demandando desde hace años», dijo su presidenta, Teresa Paniello. Según ella, el estreno de Educación para la Ciudadanía «servirá para reforzar los valores de los niños».
Rechazo del Partido Popular
El PP, acorde a su oposición frontal al proyecto desde el principio, reclamó ayer al Ejecutivo autonómico que no se imparta la asignatura en la Comunidad porque «no existe un consenso suficientemente representativo» en este asunto. Según la portavoz popular, María Antonia Avilés, «la introducción de esta materia en los planes de estudio del próximo curso está generando preocupación e inquietud social». La iniciativa del PP se materializó a través de una proposición no de ley que podría debatirse durante la primera sesión plenaria que se celebre en las Cortes a principios del próximo mes de septiembre.
No hay que olvidar que en su momento, la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, permitió cierta flexibilidad en la aplicación de la norma a las diferentes comunidades. De hecho, la nueva asignatura no se estrenará en todo el país. Solo Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra verán en sus aulas los manuales de Educación para la Ciudadanía a partir de este septiembre.
Este periódico intentó ponerse en contacto con los principales centros de enseñanza de la Comunidad para conocer de primera mano sus posibles vías de actuación. Pero la actividad no llegará a ellos hasta la semana que viene, cuando se incorpore el personal administrativo y educativo. El nuevo curso escolar dará comienzo el próximo 10 de septiembre.
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