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Educación para la Ciudadanía, la punta de otro problema
PECADOS
EDUARDO MENDOZA . El País
Enfrentada a la insidiosa asignatura de Educación para la Ciudadanía que propugna el Gobierno, la Iglesia española exhorta a los fieles a la objeción de conciencia y a la desobediencia civil. Ordenar la desobediencia puede parecer una contradicción, pero en la práctica es frecuente y comprensible, y recuerda el utópico lema prohibido prohibir que se dejó ver en el hoy denostado Mayo del 68.
A los que por edad y circunstancias recibimos en escuelas religiosas una estricta educación de estropajo y salfumán, nos da risa ver hoy a los curas recomendando no ir a clase, pero al margen de este detalle anecdótico, poco hay en el debate que suscite un mínimo de interés, porque la Iglesia lo ha planteado como un enfrentamiento territorial con el Gobierno, y al hacerlo así, ha desperdiciado el único argumento de sustancia que habría podido esgrimir; a saber, el de la formación moral del individuo frente a la educación conductista del ciudadano.
Yo, al menos, así lo veo, pues el que guarde de mis años escolares un recuerdo infame no me impide deplorar la desaparición de unas categorías morales que en aquella época se utilizaban con puros fines represivos, pero que sin duda habían sido destiladas por inteligencias finas y espíritus nobles.
Bien está combatir la homofobia y el racismo y afear al que habla a gritos por el móvil en el autobús, pero también es importante denunciar la ira, la lujuria, la gula, la avaricia, la soberbia, la envidia y la pereza, los siete ilustres pecados capitales que subyacen, por ejemplo, en la violencia de género, el turismo sexual, los desórdenes alimentarios, la especulación y el fraude, el delirio del poder, la zancadilla profesional y la incompetencia generalizada. Los pecados capitales no sólo son una cuadrilla de malhechores en un auto sacramental, ni imágenes representadas con maestría en los muros de antiguos monasterios. Son problemas que alteran la convivencia y el buen funcionamiento de la máquina social, y, sobre todo, son vicios personales de los que cada uno es responsable ante sí mismo, no en aplicación de una norma jurídica o una estrategia social. Pecados que, por lo visto, ya no interesan a la Iglesia española, que a estas alturas no recuerda haber incurrido nunca en ellos.
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OPINIÓN
Manuel Pascua – Valencia – El País
Yo que fui educado en las excelencias de la Formación del Espíritu Nacional (FEN) -abríamos las clases bisemanales cantando el Cara al sol-, no entiendo por qué la Iglesia cree poder inmiscuirse de forma virulenta y espasmódica contra las decisiones del poder social.
En Europa existen asignaturas semejantes con presencia curricular desde la hora semanal de 3º a 6º en Bélgica, Grecia o Portugal, hasta las 855 horas repartidas de 1º a 9º en Suecia.
La Educación para la Ciudadanía es materia transversal en Austria, Dinamarca, Francia, Irlanda del Norte, Bulgaria, Malta y Chipre, y es materia integrada en Bélgica, República Checa, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Inglaterra, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Gales, Liechtenstein e Islandia.
Creo que el problema de la Iglesia católica en España no debe centrarse en la asignatura en cuestión. Pienso que deberíamos plantearnos con seriedad la importancia de normas como el Concordato en su totalidad, la financiación de la Iglesia católica y el sistema educativo que da lugar a incongruencias como los colegios concertados.
Un Estado moderno ha de ser laico y aconfesional, ambos atributos al tiempo, lo que es incompatible con un Concordato anticuado, ademocrático e involucionista. Igualmente, no es labor del Estado financiar creencias o ideologías: no estamos en tiempos de César.
De manera semejante, el MEC debería acabar con los colegios privados concertados, fuente de conflicto y desigualdad. En estos centros se adoctrina a los educandos en creencias como la católica, y esta labor debería circunscribirse a las parroquias y centros privados que a tal efecto se destinen.
La estructura de los colegios concertados, muchos de los cuales exigen, incluso, el uso de uniformes elitistas, se ha convertido en un negocio cuyos beneficios se obtienen de la subvención estatal -dinero del contribuyente-, a la que suman pingües ingresos por conceptos como comedor, transporte o actividades extraescolares, por los que se ingresan de 100 a 400 euros por mes y niño.
Han pasado 30 años desde Suárez. Es hora ya de cortar el cordón umbilical con Roma.
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