FAPAR RECHAZA EL REPARTO DE FRUTA EXTRANJERA A LOS COLEGIOS DE ARAGÓN
El colegio asaltado en Zaragoza exige el traslado de los alumnos
MARIÁN HONRADO. 10.11.2006 | 20 minutos
El Condes de Aragón pedirá un crédito para pagar los desperfectos. Seis de los siete menores que lo rompieron se han convertido en líderes negativos. El colegio Condes de Aragón tendrá que endeudarse para hacer frente a los 60.000 euros que cuesta reparar los desperfectos originados por los alumnos que destrozaron el centro el mes pasado, y que seguirán en el colegio porque Educación ha impedido su traslado.
El Condes de Aragón ha pagado ya 20.000 euros en facturas y la semana que viene pedirá un crédito para cubrir el resto. Los padres de los siete implicados tendrán que abonar los 60.000 euros al colegio y al seguro (que adelantará dinero al centro), pero pueden pasar meses, porque tiene que celebrarse el juicio contra los menores.
La dirección del centro, que se ha visto obligada a readmitir a los asaltantes, anunció ayer que está estudiando «todas las alternativas legales» para revocar la orden de Educación de que los niños sigan en ese colegio. Nuevos coles asignados El 31 de octubre, una comisión formada por tres inspectores, un director de un colegio público y otro de un centro privado acordó el traslado de los siete niños. «Ya estaba elegido el colegio al que iría cada uno, por eso ha sido una sorpresa que tengan que volver», explicó ayer el director del Condes de Aragón, Rafael Santacruz. Seis de los siete menores, que van a la misma aula, ya han vuelto a clase (el centro sólo pudo expulsarlos cinco días, máxima medida preventiva) y el séptimo lo hará el próximo lunes. Todos recibirán apoyo de los orientadores del centro. Esto deja al colegio en «una situación difícil», según su directora técnica, Esther Santacruz. «Estos niños están marcados y se han convertido en líderes negativos para los más pequeños», aseguró. La plantilla está «hundida», según la directora, y un profesor ha sufrido un amago de infarto. «Sabemos que va a haber problemas para el centro y para la educación de los niños», añadió.
La mejor opción, según la DGA El director provincial de Educación, Felipe Faci, aseguró ayer que la permanencia en el Condes de Aragón de los siete asaltantes es la mejor solución porque servirá «para restaurar la convivencia alterada». A su juicio, esta decisión se ha tomado pensando en la «plena integración» de los alumnos, que no habían protagonizado ningún acto violento anterior. El colegio, sin embargo, considera que el traslado favorecería su reeducación. «Son niños normales y esta mancha sólo se diluiría si fueran a centros diferentes», aseguraron.
El colegio Condes de Aragón estudia fórmulas para no readmitir a los menores
La dirección busca medidas legales ante la negativa de la DGA de cambiar de centro a los alumnos que destrozaron las instalaciones.
BEATRIZ VIDAL. Zaragoza | Como un jarro de agua fría ha caído en el colegio Condes de Aragón la resolución del director provincial de Educación, Felipe Faci, en la que se rechaza el traslado de centro de los alumnos que destrozaron las instalaciones el pasado mes de octubre. Ante esta situación, la dirección del colegio estudia todas las medidas legales posibles contra esta decisión.
«La resolución del director provincial nos ha dejado indefensos». Con estas palabras mostraba el director del colegio Condes de Aragón, Rafael Santacruz, la sensación que, según él, se vive en la comunidad educativa del centro después de conocer la decisión. Por ello, los responsables del colegio convocaron ayer una rueda de prensa para expresar públicamente su malestar ante la decisión.
Santacruz destacó que «estamos estudiando todas las medidas posibles» ante esta situación. No obstante, añadió que «cuando se resuelve a favor de una cosa, el mal ya está hecho», aludiendo a la larga duración de los procedimientos judiciales.
Para el centro y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), esta decisión «quiebra el principio de autoridad en todos los centros educativos de la provincia de Zaragoza», por lo que muestran su «más firme repulsa e indignación» hacia la resolución de la Dirección Provincial.
El centro inició un procedimiento disciplinario tras los desperfectos, valorados en 60.000 euros, que provocaron siete alumnos de 13 y 14 años a principios de octubre. En el expediente realizado «escrupulosamente» por el centro educativo se solicitaba el cambio de colegio de los siete implicados. De hecho, explicó Santacruz, cinco familias de alumnos implicados solicitaron que se les adjudicara en el menor tiempo posible una plaza escolar.
«Esto no ayuda a la convivencia y a tranquilizar a la opinión pública. No ayuda a lo que tratamos de hacer: conseguir unas personas con valores que entiendan y respeten», apuntó el presidente de CECE en Aragón, José María Marín.
Rafael Santacruz apuntó que la propuesta de cambio de centro de los implicados se realizó porque, dijo, «lo que nos importan son los chicos, no sólo los implicados».
La directora técnica del centro, Esther Santacruz, argumentó ante esta situación que seis de los siete chicos implicados están yendo a clase, lo que provoca una «situación difícil». «Los alumnos mayores los culpabilizan de lo ocurrido y los tienen marcados y para los pequeños son como héroes», señaló esta responsable del centro que quiso destacar que los profesores «están sufriendo mucho» e incluso uno de ellos «tuvo que ir a Urgencias por un amago de infarto».
Por su parte, el presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos (FECAPA), quiso manifestar la postura de la APA del centro. «Sería lamentable que todo entrara en un procedimiento administrativo y que no se tomaran las soluciones que estamos pidiendo», señaló el representante de los padres.
Mientras, todavía está por determinar cómo se afrontará el pago del arreglo de los desperfectos (180 cristales y 28 puertas, entre otras cosas), valorados en 60.000 euros. De momento, el colegio pedirá un crédito para pagar las reparaciones que, en parte, serán cubiertas por un seguro. Además, la Fiscalía de Menores debe decidir si los padres de los chavales, como responsables de los mismos, deben afrontar estos gastos.
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