El Consejo Escolar del Estado reclama a las administraciones un esfuerzo inversor en Educación

EFE
El pleno del Consejo Escolar del Estado ha pedido a las administraciones públicas un esfuerzo inversor en materia educativa, con el fin de que el gasto se aproxime al que ya realizan la mayoría de los países de la Unión Europea. Este órgano consultivo de la administración se reunió en Madrid para debatir el «Informe sobre el estado y situación del sistema educativo en el curso 2005-2006», al que se han presentado cerca de cuatrocientas «enmiendas». La presidenta del Consejo Escolar, Carmen Maestro, informó a EFE de que se han incorporado aproximadamente el setenta por ciento de las enmiendas, que han servido para mejorar el informe inicial. Consideró que el informe aprobado por el Consejo Escolar radiografía la situación del sistema educativo español, sus fortalezas y debilidades, y señaló como principal prioridad la de aumentar el presupuesto -que se sitúa en torno al 4,5 por ciento del PIB- hasta el 5 por ciento del PIB, un porcentaje en el que están muchos países europeos desde hace varios años.
Carmen Maestro valoró la «buen salud» de la que goza la educación infantil, pero informó de que en el informe que se ha aprobado se incide en que todas las mejoras en este ciclo redundarán en la mejora del sistema educativo. Además, el pleno ha invitado a las administraciones a hacer un esfuerzo inversor para tratar de atender al cien por cien de los alumnos con entre 0 y 3 años que piden plaza en centros públicos. El informe aprobado por el pleno constata también la importancia del ciclo de Primaria para detectar posibles problemas, y de articular medidas durante estos años, como clases de refuerzo, desdobles o reducir la ratio de alumnos por profesor. «El fracaso en Educación Secundaria se detecta en los primeros años de la ESO», dijo Carmen Maestro, quien insistió en que el fracaso escolar continúa siendo el «punto negro» de la educación española. El pleno del Consejo Escolar del Estado se pronunció también a favor de que un Estatuto Docente regule el conjunto de derechos y de deberes de los trabajadores de la enseñanza pública, y de que éste sea negociado y consensuado con los sindicatos representativos del profesorado.-