El Gobierno considera prioritario avanzar en la laicidad del Estado
Abierto el debate sobre la reforma de la Constitución y de la ley electoral
EFE / Madrid
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer en el Congreso que el Ejecutivo revisará la ley orgánica de Libertad Religiosa, volvió a pedir consenso para una reforma limitada de la Constitución y avanzó que promoverá el debate para cambiar la ley electoral.
Estos fueron tres de los objetivos de la legislatura expuestos ayer por De la Vega en la Comisión Constitucional del Congreso, la primera comparecencia en la Cámara de un miembro del nuevo Gobierno.
Su propuesta de reformar la ley de Libertad Religiosa para avanzar en la laicidad del Estado cosechó el inmediato rechazo del portavoz del PP, Federico Trillo, quien pidió al Gobierno que deje ¿las cosas como están? ante el temor de que ese sea ¿un pretexto para hacer una ley contra determinadas creencias? como la suya, la católica.
Según señaló De la Vega, el Gobierno quiere reformar la ley orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980, para ¿adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso? que caracteriza a ¿la España de hoy?.
La nueva ley, añadió, deberá establecer garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años.
Sobre la posible reforma de la ley electoral, De la Vega avanzaó que el Gobierno promoverá de inmediato una subcomisión en la Comisión Constitucional del Congreso para estudiar la cuestión y que pedirá al Consejo de Estado un dictamen que sirva como instrumento de trabajo. La propuesta recibió el aval de todos los portavoces parlamentarios, al igual que la iniciativa de reformar la Constitución, a pesar de que formaciones como el PNV y ERC abogaron por cambios más amplios que los propuestos por De la Vega.
No obstante, el portavoz del PP, Federico Trillo, si bien dejó claro que su grupo no se opone a la reforma de la ley electoral, pidió que los cambios no afecten en ningún caso al derecho al voto de todos los españoles, que han de desempeñar en condiciones de igualdad en cualquier parte del territorio nacional.
Junto a estas cuestiones, De la Vega propuso también a los diputados la reforma constitucional que fue imposible alcanzar en la pasada legislatura.
Se tratará, afirmó, de una reforma ¿pactada y limitada? para convertir el Senado en verdadera Cámara de representación territorial, incorporar la denominación de las Comunidades Autónomas en la Carta Magna, garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e introducir el proceso de integración europea.