NUEVO RESPALDO DE LOS TRIBUNALES AL SEGUNDO RECURSO DE LAS AYUDAS DE LA ESCUELA PRIVADA CONCERTADA POR DISCRIMINAR AL ALUMNADO DE LA PÚBLICA
El Gobierno considerará absentismo escolar la inasistencia a clase de Ciudadanía
07/09/2007 EFE
La polémica suscitada en torno a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos irá disminuyendo a medida que avance el curso y la asignatura se enseñe con la normalidad de cualquier otra, según creen fuentes gubernamentales. La nueva materia se enseñará por vez primera en la educación española desde la semana próxima, aunque este año sólo se impartirá en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, concretamente en tercero de Secundaria Obligatoria.
Es «imposible» que el Gobierno adoctrine en las aulas, como aseguran los contrarios a la materia, porque la autonomía de los centros permite elegir el libro de texto y los profesores, incluso adaptar la asignatura al ideario del colegio, agregaron las mismas fuentes. éstas llamaron la atención sobre el hecho de que la controversia arreciara cuando terminaba el curso anterior y ahora, en vísperas de que comience el próximo. Según las mismas, las autonomías que gobierna el PP, partido que se opone a la asignatura, no dijeron «ni una palabra» en contra de los contenidos de la materia en las reuniones sectoriales Gobierno-CCAA de Educación.
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, aseguró hoy que no asistir a clase de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es «absentismo» escolar, porque se trata de una asignatura «como otra cualquiera», obligatoria e igualmente importante. Por ello, no serían aplicables en este caso las normas generales de promoción y titulación con suspensos, según precisaron fuentes ministeriales.
«Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de objetar es muy cuestionable y creo que es irresponsable llamar a la objeción sin informar al mismo tiempo de esto» (de las consecuencias), señaló la ministra en la conferencia posterior al Consejo de Ministros. Preguntada por la disparidad de los libros de texto, Cabrera recordó que no existe control previo y que las editoriales toman decisiones «libérrimas» para elaborarlos, siempre teniendo en cuenta los contenidos establecidos legalmente.
«Sí puede haber llamadas -concretó- a la inspección educativa, si hay claramente un incumplimiento o una tergiversación o un texto que va en contra de los fundamentos o contenidos básicos de ésta o de cualquier otra asignatura». La formación de niños y de jóvenes como ciudadanos en una democracia es «imprescindible», y «el sistema educativo y las familias nos lo llevan pidiendo de manera insistente», agregó. «Al fin y al cabo -continuó- formamos futuros gobernantes en el sistema educativo, por lo tanto este tipo de enseñanza y aprendizaje debe formar parte del proceso de educación».
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que «ninguna ideología, ninguna creencia religiosa, ningún grupo debería oponerse a la enseñanza de valores democráticos», que calificó como algo «necesario y positivo». Explicó que la asignatura responde a la prevención desde las aulas de problemas sociales como la violencia de género y los riesgos de las drogas, y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y el cuidado del medio ambiente. «Todo eso y mucho más» es la Educación para la Ciudadanía, apostilló, para formar personas «más libres», con «más capacidad crítica».
Preguntada por el mayor fracaso escolar en la escuela pública que la privada, Cabrera comentó que uno y otro se deben comparar teniendo en cuenta el tipo de alumnado que escolariza cada una, el nivel de educación de los padres y la renta familiar. La ministra presentó hoy un informe al Consejo sobre el comienzo del curso escolar no universitario y la implantación de las reformas educativas previstas por la LOE en primero y segundo de Primaria y en primero y tercero de ESO, en los que están matriculados 1,9 millones de alumnos.
Destacó que por vez primera la escolarización es gratuita para los niños de 3 a 5 años y que se comienza a estudiar una primera lengua extranjera a los 6. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se estudiará ya en siete CCAA. El gasto presupuestado este año para becas es de 1.200 millones y el 55 por ciento de las familias con hijos escolares podrán acceder a ellas. En todas las enseñanzas no universitarias de régimen general estudiarán 7,2 millones de alumnos
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