El Ayuntamiento de Zaragoza respalda a los centros privados concertados desatendiendo a los públicos
El Justicia propone cambiar de centro a los alumnos conflictivos
INFORME SOBRE LA DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR.
Pide que se refuerce la autoridad moral del profesor y controlar los videojuegos e internet. García Vicente presentará un estudio en las Cortes para prevenir el acoso en los colegios.
11/09/2008 F. V. L. El Periódico de Aragón
- Los destrozos causados en el colegio Condes de Aragón escandalizaron a la opinión pública aragonesa.
Foto:ÁNGEL DE CASTRO
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, quiere atacar la raíz del problema de la violencia en las aulas de la comunidad. Para ello, en breve presentará ante la Mesa de las Cortes el Informe sobre la detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar, en el que propone al Gobierno autonómico cambiar de centro a los que denomina «objetores de la educación», es decir, «aquellos alumnos que no quieren estudiar» y se comportan de manera perjudicial para el resto de la clase y el profesorado. Además, el Defensor del Pueblo aragonés considera que otra posible medida sería que los estudiantes problemáticos cursaran otros estudios que suscitaran su interés.
Según el informe, la mayor parte de los conflictos que se produce en colegios e institutos, en particular el acoso escolar, «está motivado por el desinterés más que por actitudes conductuales violentas, que se dan en casos aislados», aunque detecta que últimamente se han incrementado.
AULAS DE CONVIVENCIA El estudio explica un total de 16 medidas correctoras para erradicar los casos de violencia en el medio escolar. Algunas de ellas pasan por reforzar la autoridad moral del profesor y por ejercer un control de los contenidos de los videojuegos y de internet, que en determinados casos alientan conductas antisociales y trivializan los comportamientos violentos. En este sentido, García Vicente recomienda a los padres que se interesen por lo que hacen sus hijos cuando se sientan ante el ordenador y aconseja que se divulgue la existencia de programas de filtrado.
Para argumentar la necesidad de llevar a otros centros a los alumnos que han conculcado las normas de convivencia, el Justicia señala que «el cambio de centro constituye una sanción en la actual normativa de derechos y deberes de los alumnos». Por eso, en su opinión, al aplicar esta medida, se está sancionando a la víctima en lugar de al agresor o agresores. Además, sostiene que el cambio de centro «posibilitaría la dispersión del grupo de alumnos violentos» en distintos colegios e institutos, dado que por lo general forman bandas y utilizan su superioridad numérica para intimidar, provocar y ejecutar actos violentos.
Por otro lado, García Vicente cree que es de dudosa eficacia la sanción consistente en suspender del derecho de asistencia al centro al alumno que acosa y agrede a sus compañeros. «De hecho», advierte el Justicia, «es posible que alumnos a los que se aplique esta medida puedan ver en la misma no una sanción, sino una oportunidad para actuar libremente, sin estar sometidos a unos horarios y a unas normas que no acatan».
Por el contrario, el defensor de los derechos de los aragoneses propone que se estudie la implantación de un régimen sancionador «de sentido contrario», de tal manera que se obligue al alumno a una mayor permanencia y dedicación al estudio en el centro. En esta línea, se muestra favorable a las aulas de convivencia puestas en marcha en Andalucía, que permiten que los estudiantes sancionados sigan en su centro durante el tiempo de duración de la medida, asistidos por profesionales que les ayudan a mejorar su comportamiento.
Así, García Vicente anima a que los centros docentes establezcan mecanismos para descubrir los casos de maltrato entre iguales, como cauces de comunicación discretos que aseguren el anonimato de quienes faciliten información, la habilitación de buzones de sugerencias y el uso de direcciones de correo electrónico abiertos a los alumnos.
El Justicia solicita también una mayor colaboración de las autoridades educativas, donde detecta «cierta tendencia a relativizar las situaciones conflictivas», de las familias y de otros profesionales. Y todo ello para que los casos reciban una «respuesta inmediata», acorde con la Constitución, y para que los docentes «no se sientan solos», como ocurre ahora, frente a los alumnos conflictivos.
Campañas de concienciación
Más allá de abogar por la modificación del régimen de sanciones y de sugerir que se refuerce la vigilancia y la disciplina en las aulas y el hogar, el Justicia de Aragón insiste en la necesidad de que el Gobierno autonómico lance campañas de concienciación de la sociedad, dirigidas sobre todo a las familias y a los menores, para fomentar el uso selectivo y crítico de la información y los mensajes divulgados por los medios de comunicación, dado que a veces adolecen de un tono sensacionalista y pueden provocar un efecto llamada. Además, aconseja al Ejecutivo que potencie la calidad de la programación televisiva destinada al público infantil, ya que considera que es un medio idóneo para transmitir valores sociales. Asimismo, García Vicente reclama un comportamiento responsable y riguroso en el tratamiento informativo de las situaciones conflictivas.
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Me parece muy bien que se proponga erradicar la expulsión como medio sancionador y se sustituya precisamente por una permanencia en el centro y con alguien que le enseñe a cambiar el comportamiento, es necesaria una concienciación por parte del profesorado porque como bien dice el artículo, tiende a trivializar las situaciones de acoso y mirar para otro lado, cuando todos los integrantes de la comunidad educativa (profesores, padres y APAS)debemos actuar e intervenir para resolver esas situaciones lo más temprano posible, ya que es mejor actuar en infantil o primaria que en secundaria o bachillerato
Estoy de acuerdo con el comentario realizado por Jesús, en los casos de acoso cuando se trata de ver la dimensión del problema, parece que se vaya buscando que no existe tal acoso. En definitiva, que la victima miente, que es rara, que está sobreprotegida, que los padres están exagerando y un sin fin de cosas. Así como, querer detectar el problema en un momento puntual, cuando dicho fenomeno habría que estudiarlo desde los primeros indicios, para realizar un diagnostico correcto. En fin mucho tiene que cambiar la comunidad educativa para abordar de forma eficaz dicho problema.