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El problema de la educación infantil: Bebés en guarderías clandestinas
Pisos y ludotecas se usan como centros ilegales ante la falta de plazas de infantil
EL PAÍS – Barcelona / Madrid – 02/04/2008
La muerte de un bebé de cuatro meses en una ludoteca de Barcelona ha destapado la red de guarderías ilegales que prolifera en España con el crecimiento de la inmigración y ante la escasez de plazas de educación infantil. Cobran por cuidar niños todo el día en pisos o locales menos que en un centro regulado. También con menos garantías. Es la solución improvisada de familias que no tienen con quién dejar a los niños mientras trabajan. Son sobre todo inmigrantes de pocos recursos. A menudo, no les llega la información sobre las posibilidades educativas de sus hijos en España. Las plazas públicas de guardería, aunque sean pocas, se otorgan sobre todo por la renta familiar. Todos los niños, sea cual sea la situación legal de su familia, tienen derecho en España a la educación, pero la red pública y concertada sólo cubre la educación de los tres años en adelante.
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Hay 1,4 millones de menores de 3 años, pero sólo 270.000 están escolarizados
El 43% de las familias con niños en estas edades ha pedido una plaza en un centro de infantil, pero sólo la obtiene el 16,6%.
En Cataluña, para abrir una ludoteca (en teoría un local de juegos) sólo se necesita una licencia de actividad municipal. La Generalitat afirma que prepara una normativa. Ya aseguró lo mismo hace dos años cuando murió una niña de cuatro meses en un centro de Sant Cugat y cuando un juez ordenó cerrar una ludoteca en Vilanova i la Geltrú por el presunto maltrato a menores. «Preparamos una norma que estará lista antes del verano», según un portavoz de la Generalitat.
«No nos cansamos de repetir que las ludotecas no sustituirán nunca a las guarderías», señala un portavoz de la agrupación de ludotecas de Cataluña Atzar. Los menores de tres años deben acudir acompañados de un adulto. De lo contrario, «no se puede considerar» una ludoteca. «Nuestro objetivo no es cuidar niños en ausencia de sus padres, sino permitirles disfrutar de unas horas relajadas de juego acompañados de sus hijos», señala la patronal catalana. Pero algunas ludotecas operan de hecho como guarderías y a precios más bajos. Dos de ellas, consultadas por EL PAÍS, cobran entre 250 y 350 euros, cuando las guarderías privadas rondan los 400. Eso sí, a diferencia de las escuelas infantiles, sin control alguno por parte de Educación. Para las escuelas infantiles, un caso claro de competencia deseal.
En Madrid, el Ayuntamiento distingue entre ludotecas y centros de recreo infantil. Las 21 ludotecas municipales, gestionadas por la Cruz Roja, son «espacios socioeducativos que a través de juegos y dinámicas de grupo pretenden transmitir hábitos saludables». Sus responsables deben tener la formación de monitores de animación o educadores sociales y sólo pueden entrar menores de 6 a 17 años. Los centros de recreo infantil están menos controlados. No hay un censo. El Ayuntamiento supervisa la concesión de la licencia de actividad. Una ordenanza municipal aprobada en 1998 establece las condiciones «higiénico sanitarias y técnicas» de los establecimientos, según la normativa, que «de forma esporádica» atienden niños. Un cuidador con titulación de técnico especialista en jardín de infancia «o equivalente» debe custodiar cada sala.
La regulación queda al arbitrio de cada región, algo que no convence a la Plataforma Estatal por la Defensa de 0-6, un organismo que vela por la educación infantil. Ya han recogido 20.000 firmas para exigir al Gobierno que regule cualquier tipo de centro en el que los padres dejen a sus hijos al cuidado de otras personas. «Me da igual cómo los llamen; ludotecas, cangurotecas, casas amigas, … esos nombres camuflan la falta de cobertura de plazas de calidad y una buena oferta», según Alicia Alonso, portavoz de la plataforma. Ella los llama «aparcaniños» y denuncia que «se les exige lo mismo que para abrir una cafetería, aunque se encargan de las criaturas más vulnerables», añade. «Es gravísimo que el Ministerio de Educación no ejerza ningún control sobre este tipo de establecimientos».
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El problema de la educación infantil
El cuidado por vecinos, bajo la ley del silencio
Francia reguló hace décadas los pisos canguro
S. P. DE P. / P. A. – Madrid – 02/04/2008
Francia financia desde hace décadas un servicio por el cual las mujeres que no trabajen pueden cuidar en su casa entre cuatro y seis niños o acudir a atenderlos a otros domicilios particulares. Este sistema funciona sobre todo en ciudades, como París, en las que faltan plazas de educación infantil. Este servicio es exclusivamente para antes de la edad de escolarización obligatoria y se empezó a crear a raíz de la llegada masiva de las familias de los inmigrantes en la década de los setenta del siglo pasado.
En España apenas hay datos, pero sólo en los últimos tres años la oficina del Defensor del Menor de Madrid ha recibido más de cinco denuncias sobre pisos utilizados como guarderías ilegales. «Las guarderías pirata son locales sin control que normalmente están situados en zonas donde residen muchos inmigrantes», explica Arturo Canalda, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Las familias dejan los niños al cuidado de otros vecinos por unos 50 euros al mes, detalla Canalda. «Es difícil detectarlos porque impera la ley del silencio», protesta el Defensor, quien reclama la colaboración de los ciudadanos y de las fuerzas del orden.
Colaboración ciudadana
«El trabajo de las policías locales es muy importante, pero sólo pueden actuar a raíz de la denuncia de alguien», añade. Una vez localizados, resulta complicado demostrar la actividad clandestina. «Ha habido casos en los que hemos conseguido que la policía acudiera al piso, pero no ha podido demostrar que existiera una relación mercantil», señala. Y añade el problema de fondo: «La educación infantil tiene un grave problema de falta de plazas».
«Este tipo de centros en pisos proliferan tanto en Madrid como en Barcelona», asegura Carmen Ferrero, miembro de la junta de portavoces de escuelas infantiles de Madrid. Ferrero también cree que existe «una clara vinculación» entre la actividad clandestina y la escasez de plazas educativas para menores de tres años.
La junta de portavoces madrileña, formada por una veintena de trabajadores de centros públicos elegidos por votación, reclama además un registro público en el que se inscriban y controlen las escuelas infantiles privadas, las ludotecas y todo tipo de centros de recreo.
Canalda prepara un documento de «requisitos mínimos» que espera concluir antes del verano y que evite que la regulación de este tipo de locales «quede exclusivamente al arbitrio de cada ayuntamiento». Propone fijar un número máximo de menores por local, establecer dimensiones mínimas y una formación específica para los cuidadores.
Lola Abelló, presidenta de la confederación de padres laica Ceapa, conoce bien el problema: «El mundo del 0-3 ha estado poco cuidado. Y ahora hay un problema social real. Las guarderías se tardan en construir y la sociedad va más rápido que las respuestas educativas». «Hay que buscar soluciones, y aunque sea un tema también asistencial, deben ser lo más educativas posible. Pero el objetivo es que haya una plaza gratuita para cada niño», concluye.
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