Interposición de Recurso Contencioso Administrativo contra la concertación del bachillerato y la solicitud de cautela
EN SEPTIEMBRE SE ESTRENA EN ARAGÓN LA ASIGNTURA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
Los docentes piden pautas a la DGA ante el boicot a la materia de Civismo
Educación dice que en caso de objeción se aplicará la norma y los alumnos no podrán pasar de curso. La patronal de colegios católicos oferta la asignatura y los padres de la concertada la critican.
CARMEN MARTÍNEZ ALFONSO. El Periodico de Aragón
Los docentes aragoneses solicitarán instrucciones a la Consejería de Educación de la DGA para afrontar el anunciado boicot a la nueva asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía, que se impartirá en los centros escolares de la comunidad a partir de septiembre. Los responsables de la enseñanza autonómica no tienen previsto publicar pautas específicas sobre el tema, pero aclaran que en caso de objeción y falta de asistencia a clase se aplicará la norma: los alumnos que no cursen la materia no podrán promocionar al siguiente curso.
La guerra teórica y de declaraciones de los últimos meses en torno a la instauración de una asignatura de educación en valores en Primaria, Secundaria y Bachillerato está a punto de trasladarse a las aulas. En septiembre, las familias que rechazan la nueva materia y defienden la objeción se enfrentarán al reglamento oficial: si los chicos no asisten a clase se les puede remitir a la comisión de absentismo escolar y si no es posible evaluarlos en la asignatura, obligatoria, no pasarán de curso.
Para evitar problemas de interpretación de las normas, los sindicatos docentes pedirán a la DGA «instrucciones concretas» para que los centros afronten de una forma igualitaria los posibles casos de objeción.
Gloria Pardillos, secretaria general de FETE-UGT, asegura que entre el profesorado «hay inquietud, porque la posibilidad de la objeción nos coloca en una situación delicada. La Administración tendrá que enviar instrucciones para que quede bien atado cómo actuar ante la diferentes casuísticas». Su central, precisa, aplaude la asignatura. «La educación en valores se ha hecho de una forma transversal, pero no es suficiente. Al decir que se adoctrina faltan al respeto a la comunidad educativa, hay un uso político de la queja».
En una postura similar se sitúa José Manuel Larrodera, secretario de política Educativa de CCOO. No propugnaban una asignatura específica sobre civismo, pero en vista de las cargas de profundidad que ha recibido el proyecto por parte de la Iglesia y de entidades afines, tienen clara la respuesta. «La asignatura es respetuosa con las creencias y con los principios constitucionales. La familia tiene que educar en valores, pero la escuela debe ayudar y plantear la objeción es un grave error».
Larrodera considera «irresponsable» el llamamiento a la insumisión de la Conferencia Episcopal y destaca la postura moderada de Fere, la patronal de los centros católicos, que oferta la materia y se sitúa al margen de las críticas más ácidas.
En el lado de quienes no están de acuerdo con la asignatura se encuentra la Cecapa, que agrupa los padres de centros concertados. La entidad se desmarca de la oposición beligerante que mantiene la federación nacional, Concapa, y da «libertad» a sus socios sobre la objeción. Sin embargo, rechaza la asignatura. «Es innecesaria y quita horas lectivas en una comunidad con 25% de fracaso escolar; mientras tanto no se habla del coste de la enseñanza ni de la falta de medios», señala el presidente de Cecapa, Pedro Martínez. En su colegios, los concertados, «la educación en valores es prioritaria», asegura. Y reclama que esta formación moral de los hijos la decidan los padres y no el Estado».
Teresa Paniello, de la federación de padres de la escuela pública (Fapar), insta a lo contrario: «Cada vez que aparecen problemas sociales se demanda que la escuela eduque y asuma su responsablidad. La asignatura es necesaria.
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