ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO POR UNA ESCUELA PÚBLICA ARAGONESA DE CALIDAD
FAPAR cree que la calidad de la educación en la Escuela Pública está en riesgo ante las modificaciones que empiezan a plantearse en el Departamento de Educación.
Valoración de los grupos de trabajo sobre educación.
Desde FAPAR estamos profundamente preocupados por las medidas que con mayor o menor concreción, desde el Departamento de Educación se están anunciando, porque entendemos que por una parte no van a mejorar ni los resultados académicos del alumnado, ni contribuirán a una mejora sustancial del sistema educativo en nuestra Comunidad y sí, en cambio, supondrán un claro deterioro de la Escuela Pública.
El traslado de las pruebas extraordinarias a septiembre (tal como están planteadas en junio tampoco sirven de mucho) romperá el principio de igualdad que debe imperar en todos los centros, dejando que sean únicamente las familias con posibilidades socioeconómicas quienes den verdaderamente a sus hijos una segunda oportunidad, salvo que esta decisión vaya acompañada de medidas de apoyo a lo largo de todo el curso escolar, que garanticen la evaluación continua y que los centros asuman en verano la recuperación de las mismas para todo el alumnado que lo necesite y sin coste para las familias.
Plantear progresividad en la adquisición de los libros de texto significa un retroceso en el derecho reconocido de hecho a las familias de que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todo el alumnado. De la misma manera que una progresividad en el coste del comedor de los centros públicos, fragmentará socialmente la población de la escuela pública, en la que durante tantos años hemos venido defendiendo precios sociales para las actividades complementarias y extraescolares, como fundamental medida de igualdad y no diferenciación entre sus usuarios. Justificar la progresividad con un incremento en el sistema de becas no es más que recurrir a la beneficencia y, además, una cortina de humo que intenta desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es que queremos una escuela pública de todos y para todos, nunca marginal, nunca subsidiaria de otras redes y que no ponga etiquetas diferenciadoras entre el alumnado y sus familias. La actual crisis económica, es una excusa perfecta para retroceder en las conquistas sociales conseguidas en los últimos años, en los que la escuela pública había empezado a ser una escuela pública de calidad, por la que desde FAPAR seguiremos trabajando. No se pueden estar lanzando mensajes contradictorios a la opinión pública que digan que la Educación es prioritaria cuando se están planteando recortes claros, que se van a concretar en un futuro inminente; como tampoco se puede mantener un doble discurso de defender la progresividad y la igualdad de oportunidades en la Escuela Pública
En cuanto, a la llamada Ley de Autoridad del profesorado, todos, profesores y familias, sabemos que no solucionará los problemas de convivencia existentes en la actualidad, como no lo ha hecho donde se está aplicando ya, antes al contrario abrirá una brecha mayor entre familias y docentes y generará problemas innecesarios en las aulas, en las que debería fomentarse una mejor formación del profesorado y de las familias para que puedan afrontar de forma conjunta la resolución de estas situaciones.
Finalmente, señalar, que FAPAR ha manifestado, junto con otras organizaciones presentes en estos grupos de trabajo, nuestro malestar por la metodología empleada, en la que carecemos de información con documentación base de los temas a tratar, lo que nos parece fundamental si de verdad se quiere hablar de un proceso de participación real, con debate real y no de un mero foro de escucha de distintas opiniones, todas muy válidas y respetables.
Zaragoza, a 16 de noviembre de 2011
Juan Ballarín
Presidente de FAPAR
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