FAPAR INDIGNADA ANTE EL RECHAZO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN DE FONDOS ESTATALES PARA LA CLIMATIZACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS
FAPAR denuncia el CAOS detectado en el fuera de plazo de escolarización
La Educación es un derecho fundamental que las administraciones tienen la obligación de garantizar. Resulta extraño entender lo que está sucediendo en el proceso de escolarización fuera de plazo, iniciado hoy, y escuchar cómo se habla de libertad de elección de centro en otros momentos.
FAPAR no dudamos que los procedimientos informáticos han venido para mejorar los procesos administrativos, pero sin vulnerar los derechos ciudadanos y sin anteponerse a sus necesidades. Recordamos que el proceso de admisión fuera de plazo está destinado a garantizar la escolarización de quienes acaban de llegar a nuestras ciudades y pueblos; de quienes han cambiado de residencia familiar (con unos requisitos excesivos en la capital aragonesa que obligan a distancias superiores a 4 km), que son mayoritariamente familias migrantes que buscan alternativas habitacionales más económicas o acercar a sus hijos a centros más próximos a sus domicilios, porque se están haciendo adjudicaciones muy alejadas; de quienes tienen causas sobrevenidas o simplemente de quienes se han olvidado de solicitar plaza escolar para sus hijos en el periodo ordinario. Todas ellas tienen derecho a una educación en igualdad de condiciones.
Hoy, 15 de julio, estaba previsto, después de dos retrasos, que se abriese el periodo para solicitar plaza escolar fuera de plazo, que en anteriores años se iniciaba acabado el proceso ordinario. Los problemas informáticos que han motivado su retraso, según ha figurado en la Web del Departamento de Educación y que motivaron quejas y ampliaciones en el proceso ordinario de Bachillerato y FP, han continuado hoy. Los cambios introducidos para tramitar las solicitudes son complejos y más, para población con desconocimiento de idioma, sin herramientas informáticas y sin un apoyo físico y humano para guiar en el procedimiento, que va más allá de quienes ponen buena voluntad.
La identificación de los usuarios requiere disponer de un DNI o NIE, que muchos no tienen, o bien un registro en Educación que necesita de escaneados, selfis y que funcione la herramienta, que hoy no lo ha hecho.
Por otra parte, se señalan errores en las vacantes de los centros, que ya no estarán disponibles a la ciudadanía sino solo para quien acceda a tramitar la solicitud en aras de que las vacantes se conozcan en tiempo real. La escolarización es más que tiempo real y más que expender plazas donde existen. Olvidar las circunstancias de quienes están detrás de cada petición, obstaculizar el acceso a un derecho fundamental y hacerlo con los más vulnerables, solo contribuye a generar desconfianza e incertidumbres.
Zaragoza a 15 de julio de 2026
Vanesa Jiménez Casorrán.
Presidenta de FAPAR
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