El Ayuntamiento de Zaragoza respalda a los centros privados concertados desatendiendo a los públicos
FAPAR lamenta la sentencia que permitiría construir un centro educativo privado en suelo público
Desde FAPAR queremos manifestar nuestra preocupación por la sentencia dictada recientemente que anula la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de condicionar la cesión de suelo público al Departamento de Educación para construir centros educativos públicos.
La confusión existente entre lo público y lo privado es preocupante y deja a los ciudadanos en una situación de indefensión que no es propia de un Estado de Derecho. Que el Ayuntamiento esté obligado a ceder suelo público, que es de todos, al Departamento de Educación para construir centros educativos públicos garantiza el derecho fundamental a la educación que es competencia y obligación de la Administración. Pero que el Departamento esté dispuesto a ceder ese suelo a la iniciativa privada para que esta desarrolle su particular negocio, en este caso con la educación, nos parece un atentado a la ciudadanía.
Todos somos sabedores de la necesidad de plazas escolares públicas en las zonas de expansión de la ciudad, en particular en Valdespartera; todos somos conocedores del sufrimiento y las dificultades que decenas de familias están padeciendo al no poder escolarizar a sus hijos en su entorno, habiendo sido desplazadas varios kilómetros, por la dejación de nuestro Gobierno de su responsabilidad para disponer de una oferta pública suficiente; todos somos conocedores de lo disposición de espacios que el Ayuntamiento ha hecho en los últimos años para la construcción de equipamientos escolares y deportivos públicos y cómo el Departamento, con la excusa de la crisis económica, ha mirado para otro lado, a la espera de que la iniciativa privada le resolviese ese problema; todos sabemos que los cambios legislativos que se han estado diseñando y aprobando con el PP en el gobierno estatal y autonómico van encaminados a un único fin: un cambio radical del modelo social actual. Y para ello se ha transformado, entre otras normas, la Ley de Educación y la Ley de Bases de Régimen Local, que permiten que se haga negocio con el derecho fundamental a la educación, destruyendo la equidad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.
Nos produce hilaridad leer que la DGA está dispuesta a acelerar la licitación del colegio privado, cuando se han negado sistemáticamente a avanzar en obras de centros públicos que llevan un retraso considerable, de lo que son damnificadas directos las familias de Vadorrey, de La Almunia, de Rosales, de Valdespartera, de Cuarte, de La Puebla, de Villanueva de Gállego, etc…
Esperamos que, puesto que la sentencia no es firme el Ayuntamiento la recurra y aprovechamos para solidarizarnos con todas las familias de Valdespartera que han recibido esta noticia con la desesperación que les produce ver la educación de sus hijos e hijas alejada de su entorno y con un coste que muchas de ellas tendrán dificultades para asumir.
Por último, instamos al Departamento de Educación a realizar una planificación educativa que permita ofertar las plazas escolares públicas suficientes para atender la demanda existente y le exigimos que cumpla con su obligación de ser la Administración de todos garantizando la construcción inmediata de los centros públicos que la ciudanía le está demandando.
Zaragoza, a 12 de noviembre de 2014
FAPAR
Publicado en la prensa el 13 de Noviembre:
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