FAPAR critica el uso de la libertad de elección para justificar criterios ideológicos en la escolarización
FAPAR pide explicaciones a la consejera por el superávit en los comedores de muchos centros públicos, después de la subida de un 25% a las familias
A/A de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte:
Me dirijo a usted ante las noticias aparecidas en prensa relativas al superávit que colegios públicos con servicio de comedor escolar gestionado mediante empresas de cátering han declarado tener.
Quiero transmitirle desde esta Federación nuestra preocupación y malestar ante esta noticia, por lo que le solicitamos nos detalle, a nosotros como representantes de las familias de la Escuela Pública, y a la sociedad en general, los criterios con los que se fijo el precio que las familias debemos abonar, el coste del servicio de comedor en estos centros públicos, el número de comensales que tienen, el coste para las familias y el coste que se abona a las empresas que realizan el servicio.
Le recuerdo que hace tres años su Departamento incrementó un 25% el coste del servicio de comedor para todas las familias, pasando de 77€ a 96€. Este incremento, unido al endurecimiento de los requisitos para ser beneficiario de una beca, supuso que muchas familias no pudieran acceder a este servicio, porque no podían asumirlo, dificultándoles considerablemente su conciliación laboral y personal, además de incidir de forma negativa en la alimentación de un buen número de menores a los que el comedor escolar proporciona la única comida equilibrada y completa diaria, tal como queda reflejado en informes realizados por distintas organizaciones que inciden en el aumento de la pobreza y la malnutrición infantil de la que nuestra Comunidad Autónoma no queda exenta.
Ser conocedores de que ese coste que se nos impuso a todas las familias está generando beneficios en muchos centros nos deja perplejos e indignados porque supone:
- que el coste que se nos obliga a abonar a las familias está por encima del coste real del mismo. De lo contrario no se justifica ese superávit.
- que las familias usuarias del servicio de comedor estamos financiando con ese superávit, gastos en los centros que no nos corresponden a nosotras y que es su Administración quien tiene la obligación de atender. Ni la adquisición de ordenadores, ni la ejecución de obras, ni la reposición o compra de materiales para el centro o para el comedor, son responsabilidad de las familias.
- que este abusivo precio no compensa centros con déficit y otros sin él, puesto que los que dicen estar en el primer supuesto, parecen ser los que coinciden con un número de becados elevado, a los que la Administración abona muy tardíamente su importe.
No puedo dejar pasar lo oportunidad, finalmente, de recordarle que el incremento en el precio del comedor hace tres años tuvo la justificación por parte de su Departamento para argumentar que este servicio complementario debía ser asumido íntegramente por las familias porque eso posibilitaría al Departamento atender a los becados. Becados, que ni siquiera son al 100 %, que tienen que cumplir unas restrictivas e injustas condiciones, las cuales impiden que muchas familias con una necesidad perentoria puedan acceder a ellas, no siendo además, las familias quienes debemos asumir el coste de las mismas.
Por todo ello le solicito:
- Toda la información referida al servicio de comedor.
- Una planificación ajustada a la realidad del coste del servicio de comedor, que permita, como todo parece indicar, rebajar considerablemente el abusivo coste que en estos momentos nos obligan a asumir a las familias.
- La derogación de las actuales bases que regulan las ayudas de comedor, ampliando los ingresos por miembro de unidad familiar, eliminando la concurrencia competitiva, no tomando como referencia la situación económica de hace dos años, incluyendo en la ayuda los meses de septiembre y junio, así como el fuera de plazo y facilitando la solicitud por otras vías, además de la telemática, para que puedan acceder a ellas las familias que las necesiten en la actualidad, cumpliendo así con la función social de la Escuela y con la responsabilidad que la Administración tiene de compensar las desigualdades de sus ciudadanos, especialmente en el ámbito educativo.
Esperando su pronta respuesta, atentamente
Zaragoza, a 18 de septiembre de 2014
Flor Miguel Gamarra
Presidenta de FAPAR
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