FAPAR presenta denuncia colectiva contra LINCECI en nombre de seis AMPAS
FAPAR VALORA LA CAMPAÑA DE INSPECCIONES AL TRANSPORTE ESCOLAR
Hemos asistido a finales del mes de noviembre a la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha desarrollado sobre los vehículos de transporte escolar para garantizar que los menores realizan sus rutas en condiciones adecuadas y seguras.
Según aparece en la propia Web de la DGT de los 5.379 vehículos dedicados a este tipo de transporte que fueron controlados, 2.376 fueron denunciados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, principalmente por irregularidades administrativa (no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a 1.784 conductores o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, ha dado lugar a 363 denuncias). En lo que se refiere a velocidad, 6 conductores fueron denunciados por circular a velocidades superiores a las establecidas. Respecto al cinturón de seguridad en aquellos vehículos que los llevan incorporados, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que 26 vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento. En lo que se refiere a la Inspección Técnica de Vehículos, los agentes comprobaron que 28 circulaban sin llevar la ITV en regla. Los agentes también han comprobado que 187 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento. Por último, en lo que se refiere al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, 51 conductores fueron denunciados por este motivo y otros 78 por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.
Desconociendo los datos específicos de Aragón, desde FAPAR nos alegramos de estas compañas que tienen como finalidad garantizar la seguridad de nuestros hijos e hijas usuarios de rutas de transporte escolar para acudir diariamente a sus centros educativos, si bien consideramos que aún quedan algunas cuestiones por resolver.
Nos preocupa que las normas que se establecen para que nuestros hijos e hijas viajen seguros en los vehículos particulares no se hagan extensivas y obligatorias para todo el transporte escolar, como es el caso de los cinturones de seguridad en vehículos antiguos, que no están obligados a disponer de los mismos. El Departamento de Educación debe exigir y hacer que se cumpla este requisito en la concesión de rutas de transporte escolar.
Por otra parte, nos preocupa que dentro de las medidas de recorte que se están aplicando en la Educación en nuestra Comunidad se estén derivando escolares a rutas de transporte regular, que no cumplen con las mismas exigencias ni requisitos que los dedicados específicamente a rutas escolares, lo que hace que no se garantice su seguridad.
Lamentamos, una vez más, la aplicación de la Orden que regula el transporte escolar en Aragón, que discrimina especialmente al alumnado del medio rural y de forma particular aquel cuyo domicilio se encuentra diseminado en pequeños núcleos de población, con distancias de varios kilómetros hasta su colegio (con la excusa de que disponen de colegio en el mismo municipio) y al que no se reconoce ni derecho a ayuda para transporte ni ruta escolar, en una clara obstaculización de su derecho a recibir una educación básica obligatoria y gratuita. Llevamos ya dos cursos escolares con movilizaciones y protestas por estas supresiones y, si bien se han mantenido de forma excepcional, las familias no estamos dispuestas que se dé carácter excepcional a o lo que es un derecho.
Finalmente, lamentar que el Departamento de Educación no atienda la demanda de las familias cuyos hijos e hijas son transportados y asisten en su etapa de Secundaria Obligatoria a programas que requieren un horario ampliado, como puede ser el bilingüismo o lo fue en su momento el PROA. Estas familias necesitan que se adapten los horarios de estas rutas para poder darles el servicio al que tienen derecho y la Administración no puede forzar a que lo asuman de forma privada o dejen a sus hijos e hijas sin esas enseñanzas.
Zaragoza, a 19 de diciembre de 2014
FAPAR
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