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Gobierno y universidad pactarán el modelo de financiación en el 2009
Lunes, 22 de Diciembre de 2008. El Periódico de Aragón. M. VALLéS
- El rectorado pedirá a la DGA que incremente su aportación al gasto corriente del campus.
- La fórmula caduca este curso y hay que buscar una acorde a las exigencias de Bolonia.
Rectorado y Gobierno de Aragón han iniciado ya las conversaciones para cambiar el modelo de financiación de la institución de enseñanza superior. El actual modelo caduca en el 2009. Es decir, que para el próximo año 2010 debe estar configurada la redefinición del esquema. Las pretensiones de la Universidad de Zaragoza pasan por un incremento de las aportaciones públicas, que actualmente cubren en torno al 80% del gasto corriente, y que deberían alcanzar, según los cálculos del equipo directivo del campus el 100%. Todo en pleno debate en torno a Bolonia y sus consecuencias para el sistema público de educación.
Pese a las amenazas de privatización de la universidad, lo que se busca con este cambio es justo lo contrario. Más contribución de las instituciones públicas. Este es el objetivo. Aunque no se reconoce de forma abierta ni en el rectorado ni en el Gobierno de Aragón. Entre otras cosas porque está pendiente cerrar el presupuesto para el próximo año. El propio rector, Manuel López, lo admitió el jueves en la constitución del claustro y apostó por realizar «una profunda redefinición». Y matizó: «Nuestra universidad ha experimentado una importante financiación en materia de inversión en infraestructuras destacable en el ámbito nacional.
Sin embargo, resulta fácil comprobar que las transferencias de gasto corriente han sido insuficientes en comparación con el contexto estatal». E incluso anunció que a la hora de defender a la universidad solo se marcaría como límite «la legalidad».
El verdadero caballo de batalla es el gasto corriente. Es decir, lo que cuesta mantener la universidad abierta todos los días. Es este punto el que se quiere incrementar. Y en este concepto, la cuantía más importante se la lleva el capítulo de personal, cuyo coste es de más de 168 millones de euros –aportados en un 80% por el Gobierno de Aragón–. A lo que hay que sumar otros 42 millones de euros en otros conceptos relacionados con los bienes y servicios.
CONTROL DEL GASTO
Los intereses del Ejecutivo aragonés, pasarían, en principio, por la asunción de un mayor compromiso presupuestario con el campus público. Aunque algunas fuentes apuntan también hacia la creación de nuevas líneas que posibiliten, a pesar de la independencia de la universidad, un cierto, moderado si se quiere, control del gasto. O lo que es lo mismo, trabajar en función del cumplimiento de unos objetivos.
En todo caso, está todo por definir. Lo que parece claro es que el rectorado exigirá más, en pro de una institución a la que se pide calidad, e incluso excelencia. Algo que, como se repite en múltiples ocasiones, «no puede hacerse a coste cero».
José María Gimeno, decano de la Facultad de Derecho y portavoz del grupo Plataforma, oposición al actual equipo rectoral, coincide en señalar que es necesario buscar «nuevas fórmulas de financiación, sobre todo en lo referente al gasto corriente». Cree conveniente que los fondos públicos cubran el 100%, aunque muestra ciertas reservas en este sentido. «Es bueno que el devenir de la universidad no se vea perjudicado por situaciones coyunturales como una crisis. Pero tener asegurados todos los recursos puede tener como consecuencia un mayor grado de conformismo. Debemos apostar por una fórmula que obligue a la institución a ser competitiva, eficaz y capaz de captar otros fondos», indica. Apuesta, por lo tanto, por mecanismos que tengan en cuenta el cumplimiento de unos objetivos a la hora de configurar una mayor o menor cuantía económica proveniente de las arcas públicas.
Desde el grupo Colectivo, que apoya al actual equipo de gobierno, se destaca que la universidad «no puede seguir padeciendo una situación de precariedad como la que arrastra desde hace años y que ha llegado el momento de cumplir con el compromiso social de financiar un servicio público de calidad», explicó Gracia Gómez, su portavoz. En esta línea subrayó que es necesaria «una financiación estable que permita hacer previsiones de futuro y que garantice la puesta en marcha de todas las reformas».
La modificación de la fórmula financiera llega en un momento crucial. Con dudas sobre el sistema público de enseñanza superior. Con más necesidades que nunca que acometer. Aunque también con una Administración que sigue sin destinar ni a educación, ni a la universidad niveles equivalentes a otros países de la UE.
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