Respaldo de los tribunales al segundo recurso de las ayudas de la escuela privada concertada por discriminar al alumnado de la pública
INFORME SOBRE VIOLENCIA JUVENIL
El Justicia aboga por crear aulas de convivencia
García Vicente presentó un informe sobre conflictos en el ámbito escolar
BAJO ARAGÓN. ARAGÓN PRESS. 29 de Octubre de 2008
ZARAGOZA.- El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, expresó ayer ante la comisión de Peticiones y Derechos Humanos que se impulsen aulas de convivencia en los centros educativos aragoneses para hacer frente a los conflictos en el aula. En estas aulas se debe «socializar al individuo en el mismo centro», explicó el Justicia. «Hay que tenerlo más tiempo en el colegio enseñándole unas prácticas distintas de las que son conocer las materias escolares», opinó. El Justicia recordó que estas medidas ya se están aplicando con éxito en Andalucía.
De este modo, García Vicente expuso una apuesta en la que la «expulsión sea la última de las medidas posibles» y añadió que «ni de la víctima ni del agresor». El Justicia explicó que en muchos casos las familias de las víctimas de conflictos escolares tratan de alejar al menor de ese ambiente pero, a su juicio, «en estos casos se da una doble victimización». No obstante, tampoco ha negado que esta iniciativa pueda ser «aceptable», «sobre todo cuando actúan en grupo, de forma organizada, para distribuir ese grupo entre varios centros».
Junto a esta medida, el Justicia de Aragón planteó a la comisión otras dos medidas que deben paliar los conflictos escolares. Por un lado, abogó por evitar el aislamiento de los alumnos. «Aquellos niños tímidos y sin capacidad de relación son más fácilmente víctimas de conflictos en el ámbito escolar», aseguró. La última propuesta de García Vicente ha sido multiplicar el apoyo al profesorado tanto por parte de la familia, como de los alumnos y la propia Administración. «El profesor no debe estar solo por eso es necesario que se aumente los medios de apoyo con más especialistas como psicólogos y psiquiatras que detecten el conflicto prematuramente y a buscarles soluciones», reclamó. En ese sentido, también puso sobre la mesa la necesidad de formar a los docentes en este aspecto.
Por otro lado, el Justicia concluyó solicitando a las familias más implicación en la formación del menor imponiendo filtros en los contenidos de televisión y videojuegos que consume «para que no se termine banalizando la violencia». Asimismo, pidió a los padres que «apoyen al profesor incluso en aquellas situaciones en que su actuación sea discutible», aunque también ha dejado clara su oposición a la «arbitrariedad». Por último, indicó la necesidad de completar todas estas medidas con una mayor vigilancia «porque el acoso, más que en las aulas, se producen en los recreos, los comedores y los exteriores de los centros».
García Vicente afirmó que es necesario no exagerar acerca del tema del conflicto escolar aunque también puntualizó que «estaría preocupado con que se diera un sólo caso». En ese sentido, informó que su institución ha recibido 24 casos en los últimos cinco años, a los que hay que sumar dos quejas de profesores. No obstante, matizó que en esta materia «ni son todos los casos que se denuncian, ni se denuncian todos los que son». Por eso, explicó que «el acoso requiere persistencia y desigualdad entre el agresor y el agredido».
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El Justicia pide a Educación tolerancia cero con los alumnos conflictivos
García Vicente solicita que si un profesor sanciona a un estudiante, la DGA respete la decisión y no la desautorice. Recomienda que la expulsión del centro se use solo como último recurso.
PATRICIA CIRIA. Zaragoza. HERALDO DE A. 29/10/08
«No hay nada más pernicioso para un niño que en el colegio le manden una cosa y que después venga otra persona y lo revoque. Ocurre como cuando la madre obliga a su hijo a comerse un plato de garbanzos y el padre permite que los deje. Si hay un conflicto de intereses entre adultos, pierde el menor». Para el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, en la resolución de conflictos escolares, los directores de los centros asumen a diario el papel de esa madre y Educación, en demasiadas ocasiones, el del padre que desautoriza. Esto perjudica al menor, según mantiene la Institución, que pide tolerancia cero a la DGA y le sugiere que respalde las decisiones de los profesores. Es decir, que si estos sancionan a un alumno por agredir a un compañero, la Administración respete ese castigo y no lo cuestione.
«Esto no implica que en los centros tenga que reinar la arbitrariedad. Pero sí que se apoye al docente incluso cuando su actuación pueda ser cuestionable por algunas personas», argumentó el Justicia. Este pidió también comprensión a las familias para que acaten las sanciones impuestas a sus hijos y les recomendó que destierren la recurrente frase de «si alguien te pega en el cole, tú se la devuelves».
García Vicente compareció ayer en la comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para presentar un informe especial sobre la detección y resolución de conflictos en el ámbito escolar. En su intervención, insistió en la importancia de dotar a los centros de recursos y especialistas (psicólogos, orientadores…) que ayuden a prevenir y resolver esos problemas de convivencia. Pero recordó que, además de expertos, se necesita formación para saber cómo se debe actuar. «Debe trasmitirse a todos los profesionales que la expulsión debe ser el último recurso», afirmó el Justicia. Para él, si se detecta una situación de acoso escolar y se cambia de centro al agredido, se produce «una doble victimización de la víctima», que además de sufrir acoso, debe dejar su entorno y empezar de cero en otro centro.
En cuanto al agresor, García Vicente aseguró que resulta más efectivo hacerle pasar más tiempo en el colegio educándole en valores de convivencia, en lugar de trasladarlo a otra escuela en la que puede que repita su conducta. Estas experiencias se han probado en comunidades como Andalucía.
En el informe presentado ayer en las Cortes, -que puede consultarse en www.eljusticiadearagon.com-sugiere que esa «inmersión en valores» de los alumnos problemáticos se haga en «unas aulas de convivencia» en las que se les enseñe a respetar a sus compañeros, profesores, familia y materiales del centro.
No obstante, el Justicia no descartó que en ocasiones las expulsiones puedan resultar aceptables. «Sobre todo cuando los alumnos problemáticos actúan en grupo, de forma organizada. En ese caso, expulsarlos podría servir para distribuirlos entre varios centros», apuntó García Vicente.
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