Malestar en FAPAR por la inacción del Departamento de Educación con las Federaciones de AMPAS
IU pide que se agilicen los trámites de la Ley de Educación Aragonesa
MARÍA ADIEGO. El Periódico de Aragón.
Izquierda Unida ha pedido al Gobierno de Aragón que agilice los trámites y apruebe la Ley de Educación Aragonesa (LEA). Tras someterse a un proceso de debate público, la norma ha recibido 6.000 aportaciones de más de 40 organizaciones y 300 centros educativos y se ha convertido en uno de los «incumplimientos» de la DGA, en opinión del coordinador del área de Educación de IU en Aragón, Javier García.
La norma, explicó García, debería recoger una reducción del número de alumnos por aula y adaptarse al acuerdo que la DGA y los sindicatos firmaron en el 2002 en el que se establecían ratios de 22 alumnos en Primaria y 25 en Bachillerato, lo que «mejoraría la calidad de la enseñanza y el clima de convivencia».
También exigen que la LEA esté dotada de una ley de financiación que incluya un apartado especial para las escuelas rurales, que potencie la educación laica. Por último, reclaman que el 6% del PIB aragonés se destine a educación.
García, insistió en la importancia de ampliar los servicios de transporte y comedores escolares, así como los programas de apertura de centros, la partida presupuestaria dedicada a la escuela pública y la mejora de los equipamientos, tanto los de nueva construcción como los colegios que ya tienen entre 40 y 50 años. La creación de Departamentos de Orientación en Primaria y la incorporación de trabajadores sociales y mediadores interculturales en los centros es otra de las reivindicaciones de IU, «necesaria» debido a la diversidad del alumnado y el aumento de población inmigrante.
UNA UNIVERSIDAD PRECARIA
El diputado de IU Adolfo Barrena exigió a la DGA que aumente las partida presupuestaria dedicada a la Universidad de Zaragoza, ya que la actual «no cubre sus gastos básicos de funcionamiento». Si no se pone remedio a la financiación de esta institución, dijo Barrena, Aragón seguirá teniendo una universidad pública «precaria». Criticó la implantación de titulaciones en la universidad privada San Jorge que la pública no tiene, la «baja» inversión en I+D+i y el descenso de la partida presupuestaria dedicada a educación respecto al 2006.
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