FAPAR RECHAZA EL REPARTO DE FRUTA EXTRANJERA A LOS COLEGIOS DE ARAGÓN
La Consejería de Educación de Madrid desahucia a una asociación de padres crítica con su gestión
EL PAÍS / ELENA G. SEVILLANO – Madrid – 01/09/2008
Deprisa y corriendo. La Consejería de Educación comunicó el 26 de agosto por carta a la Federación Regional de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos que el 3 de septiembre debía abandonar el local de la calle de la Reina Mercedes, 22, que tiene cedido como sede social. Aseguraba que, dado que la FAPA deja de encargarse este curso de varios programas educativos, «carece de justificación» que pueda seguir utilizando el local. La Giner de los Ríos es la principal federación de padres de Madrid -representa a cerca de 800 asociaciones de escuelas públicas y concertadas laicas de la región- y se ha mostrado muy crítica con la gestión educativa del Gobierno de Esperanza Aguirre. Su presidente, José Luis Pazos, adelanta que un desalojo tan apresurado es «imposible de cumplir», critica que se les haya comunicado en periodo vacacional y asegura que la consejería está incumpliendo un acuerdo de cesión firmado en 1995 que permite a la FAPA utilizar ese local como sede social.
La oposición va más allá en sus críticas. «Es una persecución», dice Elviro Aranda, miembro de la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid (PSM). «Es curioso que se tome la decisión ahora, cuando la FAPA denuncia las aulas prefabricadas y que se incumple la ratio de alumnos».
La Consejería de Educación aduce varios motivos para el desalojo. El primero, que ha suspendido los convenios de colaboración (programas de ampliación de horario matinal y de tarde) que tenía suscritos con la federación. «Hemos detectado irregularidades tanto en el cumplimiento como en la justificación del gasto», aseguró ayer la directora general de Educación Infantil y Primaria, Carmen Pérez-Llorca. La FAPA, afirma, «realiza el servicio a través de una empresa que cobra a los padres. Los convenios no permiten la subcontratación». Pazos lo desmiente: «Lleva siendo así 15 años. ¿Por qué antes era posible y ahora no? No puede ser que una parte rompa un acuerdo unilateralmente. No tenemos nada que ocultar».La FAPA asegura que la cancelación de los programas no tiene nada que ver con el local, que le cedió el Ministerio de Educación en 1995 para que fijara «su sede social» y desarrollara «las actividades propias de sus fines». Se acordó que el uso finalizaría cuando la administración facilitara un local definitivo para la sede de la FAPA. «Un papel que se firma en 1995 no tiene carácter indefinido. Una administración no puede ceder un local de por vida», aseguró ayer el viceconsejero de Organización Educativa, Jesús Valverde. Las prisas con las que se ha ordenado el desalojo responden, afirmó, a que «acaba el contrato de alquiler» y «estamos en época de recortes».
«Esto es consecuencia de un mal mayor: el desmantelamiento de la educación pública», aseguró Elviro Aranda (PSM), que anunció un añadido a la enmienda sobre financiación de la enseñanza pública que presentan al Congreso regional. Pedirán una moratoria en la financiación de nuevos centros privados concertados hasta que se alcance el nivel de las comunidades que más invierten en la pública.
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