FAPAR sobre apertura de centros en Zaragoza
El Gobierno aragonés aprueba el proyecto de la nueva Ley de Educación
La norma, muy consensuada en el ámbito de la enseñanza, será debatida en las Cortes en febrero.El texto viene acompañado de una memoria económica que rondará los 400 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado hoy en un consejo de Gobierno extraordinario la Ley de Educación, que será remitida a las Cortes para su posterior tramitación parlamentaria, una vez se reanude el curso político en la Cámara, en el mes de febrero. Este es el penúltimo proyecto legislativo de la coalición PSOE-PAR, que aún se guarda en el cajón la que cerrará el ciclo, la Ley de Capitalidad, cuyo visto bueno podría llegar con el año nuevo.
29/12/2010 M. VALLÉS. El Periódico de Aragón.
Son los dos últimos proyectos legislativos de este Gobierno, que de esta forma da por cumplidas sus promesas en esta materia. La Ley de Educación, cuya tramitación se demoró debido al pacto por la enseñanza en el ámbito nacional, es la de más calado porque establece las líneas futuras a seguir en las aulas. Una regulación pendiente, que llega al Parlamento con un amplio consenso entre los sindicatos y las asociaciones de padres. Queda por ver si, en plena precampaña, el Gobierno será capaz de pactarla con el resto de fuerzas políticas.
De entrada parece complicado con el PP, cuyas posiciones ya en el ámbito nacional, se han revelado diametralmente diferentes a las del PSOE. No parece probable un pacto entre los dos grandes partidos, aunque se trate de un tema tan sensible como el de la educación. Más abiertas están las cosas con IU y con CHA, aunque habrá que ver cómo evolucionan las posiciones a lo largo de la tramitación parlamentaria. Sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones.
APROBACIÓN
La intención del Gobierno es que la ley pueda estar aprobada antes de que se disuelva el Parlamento. Pero los plazos están muy ajustados. Supondría llevarla al primer pleno de febrero, debatirla en comisión durante todo ese mes, para que se pudiesen presentar las correspondientes enmiendas, para así aprobarla en una de las últimas sesiones de marzo. Un proceso muy rápido para una norma de tanta trascendencia y que no termina de convencer en el sector de la educación, en el que se apuesta por el máximo consenso.
La Ley de Educación vendrá acompañada por una memoria económica, que podría rondar los 400 millones. Aunque no podrá desarrollarse hasta que se recupere el crecimiento económico. El Departamento ya ha informado a los sindicatos de esta circunstancia. También la presidenta del Consejo Escolar de Aragón, Carmen Solano, les comunicó que la norma sería aprobada por el Gobierno antes de final de año.
Los sindicatos son conscientes de que las circunstancias económicas no posibilitan grandes previsiones de gasto. Pero recuerdan que existe un compromiso por parte del Ejecutivo autonómico para situar la inversión en educación en niveles semejantes a los de la media de los países de la Unión Europea. Es decir, destinar a la enseñanza cerca del 6% del Producto Interior Bruto. En estos momentos Aragón destina el 3%, lo que equivale a unos 900 millones de euros. Para igualar los porcentajes de la UE, supondría duplicar esta cantidad.
El Gobierno sabe que cumplir con esta premisa es a día de hoy «complicado». Por no decir imposible. Pero también es cierto que el presupuesto en Educación –al igual que el de Sanidad y Servicios Sociales– se ha mantenido en los últimos ejercicios. Aunque mantener no es incrementar. Y los sindicatos temen que, ante las incertidumbres que se abren por la crisis, las partidas presupuestarias dedicadas a la enseñanza se quedan congeladas.
La Ley de Educación apuesta por la «calidad» y el «interés público»
29/12/2010
La futura Ley Aragonesa de Educación (LEA) establece que el modelo aragonés de enseñanza estará basado en la «calidad» y el «interés público». Sus principios se fundamentarán en la equidad, la corresponsabilidad y el compromiso social.
Entre sus metas, se marca garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias básicas del alumnado. También preservar la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Según figura en el texto, se deberá garantizar la capacitación para la comunicación en la lengua oficial y en dos o más lenguas extranjeras. Además, se tendrá que promover la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida cultural, económica, política y social, con actitud crítica y responsable.
Por otro lado, la ley detalla la configuración de la Administración educativa en la comunidad y determina qué competencias tienen desde el Gobierno de Aragón hasta los centros escolares. A su vez, se dedica un artículo entero a la importancia de las nuevas tecnologías en el ámbito de la enseñanza, una materia en la que la comunidad es referencia y que por ello recibe un tratamiento específico. La norma hace un repaso extenso por las diferentes tipologías de alumnado y define con precisión las garantías que deben tener en el ámbito educativo.
Así, se habla de escolares con necesidades especiales, de los que se incorporan tarde al sistema o los que poseen altas capacidades. En general, el texto realiza un intenso repaso por todo el ámbito de la enseñanza, intentando incluir a todos los colectivos implicados, desde sindicatos, hasta las familias o los profesores. Se pone también especial énfasis en la importancia de la convivencia en las aulas y a la atención a la diversidad, así como a la escuela rural, a la que dedica un capítulo especial.
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