FAPAR sobre apertura de centros en Zaragoza
La DGA llama a los 300 objetores de Aragón a regresar a clase
PERIÓDICO DE ARAGÓN
El Gobierno de Aragón espera que los alumnos que no han acudido a clases de la asignatura Educación para la Ciudadanía se incorporen «con total normalidad» a ella tras el fallo del Supremo. Fuentes de la consejería de Educación manifestaron que la sentencia «ratifica lo que siempre se ha defendido por parte del departamento». El número de objeciones de conciencia presentadas entre el curso pasado y el actual en Aragón fueron de 124 en la provincia de Zaragoza; 130 en Huesca; y 44 en Teruel. Una vez que éstas eran denegadas por la consejería, 114 familias presentaron un recurso de alzada al departamento.
Mientras, la Federación Aragonesa de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR) también trasladó ayer su «satisfacción» por la sentencia del Supremo. (ver comunicado)
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Los objetores a Ciudadanía seguirán sin ir a clase hasta que se falle sobre sus casos
Los padres que tienen recursos abiertos esperarán a que los tribunales rechacen sus quejas. Con esto ganarán tiempo y, después, recurrirán la decisión al Constitucional.
P. Ciria. Zaragoza. HERALDO DE ARAGÓN
Las familias aragonesas objetoras a Educación para la Ciudadanía seguirán sin llevar a sus hijos a clase de esa materia hasta que se falle sobre sus casos particulares. Pese a que el Tribunal Supremo dictaminó el miércoles que es una asignatura obligatoria y que no cabe objeción, de momento, esa decisión solo afecta directamente a las quejas llegadas desde Andalucía (la sentencia que les favorecía llegó al Alto Tribunal recurrido por la Junta y por la Fiscalía) y a algunos padres de Asturias (que recurrieron el fallo desfavorable de sus jueces).
Las familias del resto de las comunidades que tienen procesos abiertos deben esperar a que estos sean admitidos en el Supremo. Cuando esto ocurra, el Alto Tribunal actuará como lo ha hecho con los casos de Andalucía y Asturias, es decir, les dirá que no se puede objetar y que deben ir a clase (ya que el fallo del miércoles del Supremo unifica doctrina para los procesos abiertos).
Con esto, los opositores a la polémica asignatura ganan tiempo y mientras dure este proceso, sus hijos podrán continuar sin asistir a las clases de Ciudadanía. En Aragón, son casi 300 los objetores a la materia, de los que 36 casos han llegado al Contencioso-Administrativo. Además, se han dictado medidas cautelares por las que se permite a 15 alumnos no acudir a esas lecciones, según los datos aportados por el departamento de Educación. «Hasta que los jueces no revoquen esa decisión y se solucionen los casos abiertos, los alumnos no irán a clase», afirma Carlos Pérez Lázaro, de la plataforma ‘Educación para la Ciudadanía en Aragón ¡va a ser que no!’.
Pero el camino no acaba ahí. Cuando el Alto Tribunal diga que los alumnos deben cursar la materia, los padres afectados recurrirán el fallo al Constitucional. «Esperaremos a que el Supremo publique la sentencia, pero no nos conformaremos con el resultado. Iremos al Constitucional y, después, si es necesario, a Estrasburgo. Llegaremos hasta el final».
Con esto, el proceso se alargaría en el tiempo y algunos alumnos podrían finalizar sus estudios secundarios sin haber cursado la asignatura. Podría darse el caso de que si el Constitucional falla en unos años y ratifica la posición del Supremo, los alumnos (ya universitarios) se encuentren en mitad de una carrera con una asignatura de secundaria pendiente.
Por ello, el Ministerio de Educación asegura que lo más sensato es volver a las aulas y recuperar la materia que no se ha estudiado. El Gobierno central deberá dar a conocer en breve las medidas que articulará para que esos jóvenes recuperen las ausencias y obtengan sus calificaciones. No obstante, será la comunidad la que decida cómo se cursará la asignatura. Ante esto, fuentes del Ejecutivo aragonés ya señalaron el miércoles que esperan que los estudiantes se incorporen a las clases con normalidad.
Piden que sea optativa
Desde la plataforma contra la Educación para la Ciudadanía en Aragón insisten en que la asignatura debería ser optativa y recuerdan que el Supremo deja claro que la asignatura debe limitarse a inculcar valores recogidos en la Constitución. De hecho, el dictamen recoge una matización en la que se expone que no se permite a las autoridades administrativas ni a los profesores imponer a los alumnos criterios éticos o morales que son objeto de discusión en la sociedad. Cualquier intento de utilizar esa materia para adoctrinar sobre valores morales permitirá revisar en el futuro el fallo del Alto Tribunal.
Por su parte, Concapa Aragón señaló ayer que seguirá apoyando a todos los padres que «haciendo uso del derecho constitucional de educar a sus hijos conforme a sus propios criterios, convicciones religiosas, filosóficas y morales, decidan recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional».
Además, pidió a la DGA que resuelva cuanto antes esta cuestión, ya que «resulta un contrasentido que una asignatura en que uno de sus fines es el respeto a la pluralidad y la tolerancia debería servirnos a todos para que se alcanzase un consenso de todas las partes afectadas».
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EDITORIAL.
Revés del Supremo al PP y a los obispos
Periódico de Aragón 30/01/2009
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que reclaman colectivos de padres apoyados por la jerarquía de la Iglesia católica y amparados por el PP, que en algunas comunidades que gobierna, como Madrid y Valencia, la ha boicoteado con distintas argucias. Es el caso de la estrambótica decisión del Gobierno valenciano de impartirla en lengua inglesa.
La decisión del Supremo se ha tomado por 22 votos frente a 7, tras más de 20 horas de deliberación durante tres jornadas. Un resultado suficientemente contundente y mejor que la unanimidad. Porque unanimidad hubiera significado un apaño que no hubiera contentado a nadie.
ACUSACIONES SIN BASE
El fallo ha unificado doctrina, pues tribunales de rango inferior habían aceptado la objeción, unos, y la habían rechazado, otros, y sienta jurisprudencia ante las numerosas demandas pendientes de sentencia. Los decretos por los que se introdujo la asignatura «no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», sentencia el Supremo. Es decir, que las acusaciones de adoctrinamiento político, religioso o moral que habían lanzado los objetores y la derecha política y religiosa contra la asignatura misma no tienen base legal alguna. Pese a ello, los defensores de la objeción han anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional, y a instancias europeas si es necesario. Están en su derecho. Otra cosa es que las administraciones educativas en manos del Partido Popular mantengan el boicot, desobedeciendo así al Gobierno y despreciando la doctrina del Tribunal Supremo. Ello resultaría inadmisible y punible.
LIBROS MUY DISCUTIBLES
Tras dejar sentado que los decretos son legales y la asignatura es obligatoria como cualquier otra, la sala deja abierta la puerta a que los padres recurran a los tribunales contra las editoriales si se sienten atacados por la interpretación que hagan del programa de la asignatura los libros de texto de sus hijos. Después, claro está, de que la inspección y la autoridad educativa no hayan atendido sus reclamaciones. Si bien es cierto que hay libros de Ciudadanía muy discutibles, los jueces no deben convertirse en censores del mal gusto o árbitros de doctrinas encontradas, que será lo que se les planteará
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Nada que objetar
PERIÓDICO DE A. 30/01/2009
ISAÍAS Lafuente. Periodista
Con o sin asignatura de Educación para la Ciudadanía, en alguna línea de los muchos contenidos que estudian nuestros hijos se les debería explicar que en un Estado de Derecho las leyes se cumplen. Se pueden recurrir o se puede intentar modificarlas mediante la acción política, pero mientras esos procesos se sustancian las leyes se obedecen. La asignatura en cuestión se regula por una que fue aprobada en el Parlamento y desde entonces está plenamente vigente. Algunos padres, con sentencias de órganos judiciales territoriales en la mano, se han sentido legitimados para incumplir la norma durante unos meses. Es más que discutible. Pero lo que es impresentable es que un partido político que aspira a volver a gobernar España se haya sumado a alentar la desobediencia civil. Es ese un peligroso camino que legitimaría a cualquier ciudadano, por ejemplo, a dejar de pagar parte de sus impuestos si cree que con ese dinero se hacen políticas que van contra su conciencia.
El Supremo ha fallado con amplio consenso –22 votos frente a 7– que la asignatura no atenta contra el derecho de los padres a formar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y, en consecuencia, no cabe la objeción de conciencia. Quienes opten por seguir la vía judicial están en su derecho, pero con la sentencia del Supremo otras decisiones de órganos jurisdiccionales inferiores ya no podrán servir como coartada. En cuanto al PP, ellos sabrán. De momento su portavoz Alfonso Alonso ha anunciado que seguirán apoyando a los padres objetores en su batalla, que es la de recurrir y, mientras tanto, seguir objetando. La batalla contra esta asignatura formó parte de la esencia de una oposición durante la pasada legislatura que ya fue sancionada en las urnas. Alguna de sus iniciativas territoriales, como la de impartir la materia en inglés en la Comunidad Valenciana, fue tumbada por el sentido común y por la presión de docentes y padres que no estaban dispuestos a hacer el ridículo con el dinero de los contribuyentes ni a que sus hijos fueran conejillos de indias de una batalla política. Y si alguna esperanza tenían en la vía judicial, acaban de recibir un supremo varapalo. Rajoy prometió eliminar la asignatura si algún día llega a gobernar. Ahora deberá plantearse si llamar a incumplir las leyes vigentes es el mejor camino para conseguirlo si uno no lidera un partido antisistema.
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