Malestar en FAPAR por la inacción del Departamento de Educación con las Federaciones de AMPAS
La DGA mantiene Educación para la Ciudadanía tras recibir solo 4 quejas
El PP solicita que se aplace un año la puesta en marcha de la materia y anuncia que canalizará las protestas de los padres. Almunia tilda de «irresponsables» a los obispos aragoneses y a los populares.
El portavoz del PP en las Cortes, Antonio Suárez, y la diputada María Antonia Avilés pidieron que se aplace un curso la asignatura
R. G. Zaragoza |HERALDO DE ARAGÓN
El Ejecutivo autonómico comenzará a implantar este curso en tercero de Secundaria, tal y como estaba previsto, la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pese a las críticas efectuadas esta semana por los obispos aragoneses y por el Partido Popular, que ayer solicitó que se aplazara un año su puesta en marcha para consensuar sosegadamente su contenido. Así lo confirmó ayer a este periódico la consejera de Educación, Eva Almunia, que aseguró que el debate en torno a la nueva materia «es absolutamente artificial», al constatar que su Departamento solo ha recibido hasta el momento cuatro quejas de padres preocupados por que empiece a impartirse la asignatura.
La socialista calificó de «irresponsables» a los prelados aragoneses, cuya pastoral sin embargo no le sorprendió demasiado ya que «sigue la trayectoria de la Iglesia en Aragón», y a los populares, que «están intentando instigar una campaña y haciendo bandera política de su oposición a la asignatura». Y advirtió que la objeción de conciencia, a la que apelaban los prelados en su misiva pública de esta semana, «no es un derecho absoluto».
En este sentido, destacó que ha percibido «más sentido democrático, más sensatez, y más racionalidad» en los centros educativos, «tanto públicos, como concertados, que están acatando la ley, aunque no les guste», y en las propias familias aragonesas. Asimismo, consideró «coherente» la línea seguida también por las editoriales a la hora de elaborar los libros de texto.
Como viene sosteniendo desde que se fraguó la Ley de Educación, Almunia volvió a negar que la asignatura suponga una intromisión en los valores religiosos y la moral privada, «donde no debe entrar el Estado», sino que supone una educación en «valores ciudadanos que son comunes a todos». «Siempre se ha exigido a los profesores que no solo enseñen, sino que eduquen a sus alumnos, y ahora que van a educar determinados sectores protestan», señaló.
Además, quiso dejar bien claro que su Consejería «no ha dado ninguna instrucción a los profesores que van a impartir la materia», tal y como vinieron a denunciar ayer los populares, porque eso «sí sería anticonstitucional». «La Constitución ampara la libertad de cátedra», recordó.
Sobre la petición expresa del grupo parlamentario del PP de retrasar la puesta en marcha de la asignatura, tal y como han hecho por ejemplo todas las Comunidades gobernadas por los populares y alguna socialista como Castilla-La Mancha, Almunia explicó que no era posible en Aragón «por motivos meramente técnicos». «Si queríamos el segundo idioma en Primaria, teníamos que encajar Educación para la Ciudadanía en tercero de ESO y comenzar a impartirla este mismo curso», afirmó.
«Adoctrinamiento político»
La responsable de Educación respondía así a la críticas que habían efectuado la víspera los obispos aragoneses, que dudaban incluso de la constitucionalidad de la asignatura, y el grupo parlamentario del PP esa misma mañana. En una rueda de prensa, el portavoz popular, Antonio Suárez, y la diputada María Antonia Avilés, solicitaron formalmente a la consejera de Educación que retrase un año la puesta en marcha de la asignatura ya que hay «confusión y preocupación» entre los padres y en la comunidad educativa.
Consideran que el Ejecutivo se «ha precipitado» al incluirla en el currículo para este curso y ven «sensato» aplazarla para «ponerse de acuerdo en el contenido y en el texto, con reposo y sin utilización política». En su opinión, la materia tiene «sombras de adoctrinamiento político», por lo que anunciaron una oposición muy «contundente» de no haber modificaciones en su contenido. A este respecto, avanzaron ya que van a montar un dispositivo en el partido para canalizar ante el departamento aragonés de Educación. las quejas de las agrupaciones de padres, que ya han constatado.
Eso sí, ambos representantes quisieron dejar claro que su partido no se opone a que haya una materia obligatoria que eduque a los jóvenes para ser buenos ciudadanos, pero insistieron en que no pueden admitir su contenido actual, «que invade la responsabilidad de los padres en la educación moral y ética de sus hijos».
Relacionado
