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La Fiscalía ya considera autoridad a los profesores de centros públicos
CEAPA cree que la autoridad del profesorado no se puede fijar por decreto.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) considera inaceptable otorgar la condición legal de autoridad pública al profesorado, de la misma manera que la tienen los policías y otras fuerzas del orden público, tal y como pretende imponer Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
CEAPA cree que la autoridad del profesorado en la escuela (como la de los padres y madres en casa), no se impone por decreto, sino que se gana con el trabajo y el ejemplo del día a día. La escuela es una comunidad de aprendizaje y convivencia.
El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y en el miedo del alumnado, y que han demostrado ser totalmente ineficientes para mejorar la convivencia escolar.
Por el contrario, CEAPA cree que el profesorado debe contribuir, en una labor conjunta con las familias, a que los menores adquieran valores y competencias que les conviertan en futuros ciudadanos críticos y responsables.
CEAPA aboga por el establecimiento de normas concisas, consensuadas y transparentes de convivencia en el centro educativo, pero no sólo para el alumnado, sino también para los demás miembros de la comunidad educativa. Además, hay que implicar a niños, niñas y adolescentes en la elaboración de esas normas y en la resolución de los conflictos, y no convertirles en sujetos pasivos y a reprimir, como algunos pretenden.
Esperanza Aguirre, en lugar de proponer medidas demagógicas, propias de hace cuarenta años, y que ningún pedagogo serio recomienda hoy, debería promover políticas de conciliación de la vida laboral y familiar para que padres y madres puedan dedicar más tiempo a la educación de sus hijos; reforzar las tutorías con horarios más flexibles para que acudan madres y padres y puedan hacer un seguimiento mayor de la educación de sus hijos; crear equipos de mediación en los centros educativos que afronten los problemas de convivencia; reforzar la formación psicopedagógica del profesorado para que éste sepa atender a la diversidad del alumnado en cuanto a motivaciones, capacidades, orígenes socioeconómicos y culturales; promover la participación de las familias y las APAS en los consejos escolares y en las actividades de los centros educativos; entre otras. A juicio de CEAPA, estas medidas, sostenidas en el tiempo, darían resultados positivos en la mejora de la convivencia escolar.
En todo caso, en la inmensa mayoría de los centros educativos de este país reina un clima de normalidad y convivencia pacífica, por lo que los pocos hechos violentos que se puedan producir de forma aislada, no dejan de ser “la excepción que confirma la regla”. Por ello, para esta confederación de APAS no existe ningún motivo para plantear el tipo de medidas que propone Aguirre, y que, en todo caso, sólo contribuyen a enrarecer el clima en las aulas.
Madrid, 15 de septiembre de 2009
La cobertura de los profesores está vigente desde hace un año, anticipándose a la propuesta de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de dar a los docentes la misma protección que a jueces y médicos
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se ha comprometido a presentar una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".
AGENCIAS – Madrid – 15/09/2009
Este anuncio, con el que Aguirre responde a las demandas de los sindicatos de Enseñanza, es el criterio que ya está aplicando con carácter general la Fiscalía en todo el territorio nacional. En la instrucción remitida el año pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados. La distinción se basa en que los empleados de las concertadas no tienen la condición de funcionarios públicos.
Según la citada circular, únicamente los docentes de centros públicos pueden ser considerados como autoridad pública a efectos penales, de tal manera que las agresiones que sufran en el ejercicio de las funciones públicas podrán calificarse como un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel. "Este delito sólo se producirá cuando la acción descrita en el tipo penal esté dirigida contra funcionarios públicos en el ejercicio de activiades que afecten al bien jurídico protegido", explica la Fiscalía General en la circular.
La institución enmarca en ese ámbito las agresiones a profesores, ya que dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general que la Administración pone a disposción de los ciudadanos. Considera además que las actividades que realizan los profesores de centros públicos en el marco del derecho a la educación reconocido en la Constitución Española "constituyen materias que afectan a los principios básicos de convivencia en una sociedad democrática, y por tanto, al bien jurídico protegido en el delito de atentado".
En la misma instrucción, la Fiscalía recordaba los requisitos para que la agresión a un profesor o a un médico se califique como un delito de atentado contra la autoridad, entre ellos, que exista acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa -también grave- en el ejercicio de sus funciones.
Gabilondo pide cautela
Tras conocer la propuesta de Aguirre, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha afirmado hoy que la propuesta de ley de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para otorgar a los docentes la condición de autoridad pública , como los jueces o inspectores de Sanidad, hay que contemplarla con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener. "No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores", ha dicho en declaraciones a los medios, tras visitar el Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, donde esta semana docentes de Ceuta y Melilla asisten a un curso para aplicar el Plan Escuela 2.0 en varios centros.
El ministro ha insistido en que "mirará con mucha atención" cuál es la propuesta que se hace desde la Comunidad de Madrid, para añadir que es "complicada" desde el punto de vista administrativo porque, entre otros motivos, muchos de los profesores son funcionarios del Estado. Asimismo, ha añadido que en el marco del debate se debería tener en cuenta también la opinión de los padres, de los docentes y comunidades educativas "para que no fuera sólo una decisión política".
"Yo no soy pendenciero con estas cosas, soy más amigo de encontrar soluciones integrales que no sean sólo medidas de dotar de autoridad sin más, sino que también haya medidas sociales que atiendan cuáles la situación general, no sólo de la autoridad en las escuelas, sino en todos los contextos en los que vivimos", ha apostillado.
En este sentido, ha dicho que a él le "hubiera gustado más" si esta iniciativa que hoy se debate en la Asamblea de Madrid se hubiera incorporado en el Pacto social y político propuesto desde el Ministerio de Educación, "junto a otras medidas", para alcanzar "el respeto, reconocimiento de la autoridad moral de quien enseña y la atención a los legítimos derechos de los estudiantes, profesores y padres de manera integral". "Veremos qué dice la ley", ha concluido.
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