La ley autonómica de Educación refuerza el papel del profesorado

La Ley de Educación de Aragón dio sus primeros pasos ayer con la apertura de la exposición pública para que todos los colectivos y particulares que quieran, aporten sus propuestas. El anteproyecto de ley es, en principio, la gran norma que junto a la Ley Orgánica de Educación, de ámbito estatal, regirá a la comunidad educativa aragonesa, a los diez años de que se asumieran las competencias en esta materia. Entre las grandes novedades de esta ley –que por otra parte recoge y normativiza todos los proyectos puestos en marcha por la consejería en los últimos años– está el reconocimiento de la carrera docente, para impulsar su calidad y recompensar sus méritos.

De este modo, el capítulo séptimo del anteproyecto de ley hace mención a este impulso de la calidad docente, encaminada a que los escolares reciban una educación de excelencia, mediante una serie de incentivos. En el artículo 45, a través de dos puntos, se explicita: «Para potenciar una educación de calidad se establecerán las oportunas medidas de incentivación, orientadas a la excelencia en el desempeño profesional de los docentes, al tiempo que se arbitrarán mejoras en sus condiciones de trabajo vinculadas a la implicación del profesorado en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la participación en los programas de investigación, innovación y formación».

EVALUACIÓN VOLUNTARIA
Asimismo, esta carrera docente se vinculará «a la consecución de los objetivos educativos del proyecto educativo del centro mediante un sistema de evaluación voluntaria». No es el único acicate que recibirán los docentes, puesto que en los sistemas de acceso a los cuerpos del funcionariado, habrá en los exámenes de oposiciones pruebas voluntarias para promover la formación del personal docente «en las competencias necesarias para responder a las necesidades del sistema educativo» definidas en la ley. Esto, junto con la formación continua del profesorado, es algo a lo que hace especial mención la ley.

El director general de Administración Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, Felipe Faci, destacó ayer que la ley está basada en cuatro principios, también recogidos en el preámbulo de la ley. Uno de estos principios es el de equidad y el de la inclusión, «lo que implica una atención especial a la escuela rural», afirma Faci. De hecho, la ley atiende con un capítulo especial al medio rural, para que sus escolares se relacionen con otros alumnos de su entorno, tengan un profesorado que permanezca en la zona y cuenten con todas las innovaciones tecnológicas. «Que no haya ninguna diferencia entre un estudiante de Zaragoza con el de una pequeña localidad», zanja Faci.

Otro de los aspectos fundamentales es que se exige corresponsabilidad, tanto desde las familias como desde la coordinación de las instituciones (para desarrollar programas y dotar conjuntamente de medios) aragonesas. Dentro de la corresponsabilidad, en la norma también se implica a los medios de comunicación y las empresas y sindicatos.