LA ESCUELA PÚBLICA ARAGONESA SIGUE MOVILIZÁNDOSE
Las autonomías pueden exigir la educación mixta a los concertados
Una sentencia del Tribunal Supremo permite que se nieguen las subvenciones a los colegios que siguen segregando a niños y niñas
J. A. AUNIÓN – Madrid – 13/06/2008. EL PAÍS
Las comunidades autónomas pueden negar las subvenciones a los colegios que separen a los alumnos por sexo. Así lo dice una sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo: «El sistema de enseñanza mixta, en el caso de los centros concertados [privados pagados con dinero público], es una manifestación o faceta más de esa competencia sobre la admisión del alumnado que corresponde a la Administración educativa que financia dichos centros», dice el texto de la sentencia. La «educación diferenciada», en los concertados, «no forma parte» de su «derecho a la dirección», añade.
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Se trata de la respuesta a un recurso de casación que la Junta de Castilla-La Mancha había interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de su comunidad, la cual queda ahora anulada. El Gobierno castellanomanchego había dispuesto en 2004 que los centros no podrían separar por razón de sexo y la patronal de colegios privados CECE lo había recurrido y había ganado en aquella primera instancia autonómica.
Sin cifras oficiales, se calcula que hay alrededor de un centenar de escuelas subvencionadas de este tipo en toda España -la mayoría vinculadas al Opus Dei, y representadas dentro de la CECE- y el enconado conflicto sobre si deberían o no recibir fondos públicos no es nuevo. En 2006, otra sentencia del Supremo resolvió que no es ilegal concertar este tipo de colegios en respuesta a un recurso presentado por UGT en Asturias. «No se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo», «tampoco hay norma expresa que prohíba el sostenimiento público de centros que la practiquen», decía aquella resolución.
El viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo, explica que las resoluciones dependen mucho de cómo se fundamenten y de lo que exactamente se reclame, e insiste en que la dictada el mes pasado por el alto tribunal deja absolutamente clara la legalidad de exigir a los centros subvencionados, si quieren serlo, que ofrezcan una educación mixta: «forma parte de esa intervención estatal que limita el derecho de dirección en los centros privados que reciben ayudas públicas», señala la resolución. «Tienen que admitir a todos los alumnos que lo soliciten y cumplir con la ley y las regulaciones autonómicas», para garantizar, precisamente, la «libertad de los padres para elegir centro» que suelen reclamar los colegios privados, añade Novillo.
El Tribunal Supremo ya respaldó la decisión de Castilla-La Mancha de que un órgano externo a las escuelas distribuyera equilibradamente a los alumnos inmigrantes entre la pública y la concertada, otra de las grandes e irreconciliables peleas entre ambas redes educativas. Ahora vuelve a respaldar este punto en la sentencia del mes pasado, pero añade la posibilidad de negar concierto a los centros segregados.
Y, además, su contenido y argumentación pueden suponer un espaldarazo al proyecto de ley de educación que prepara el Gobierno catalán. éste prevé, en uno de los puntos que ha levantado más polvareda, acabar con los conciertos que se dan a los colegios segregados -los centros subvencionados deberán ofrecer una educación mixta, dice el anteproyecto-. En estos momentos son 16 en toda la comunidad catalana (de un total de 4.270 centros), la mayoría de ellos, vinculados al Opus Dei, asegura el Departamento de Educación. Si finalmente se aprueba la norma tal como está redactada, estos colegios tendrán dos opciones: abrirse a la enseñanza mixta o perder el concierto, ya que no se lo volverán a renovar (las subvenciones se suelen renovar cada cuatro años), explican fuentes de Educación.
Y también puede suponer esta sentencia del Supremo el punto de partida para que otras comunidades empiecen a tomar medidas parecidas. No existen cifras oficiales del Ministerio de Educación (estos datos dependen de cada comunidad, explican), pero la patronal CECE calculaba hace dos años que hay unos 150 centros en España (menos del 1% del total) que ofrecen este tipo de educación diferenciada. De ellos, aproximadamente el 80% podrían ser concertados, según la CECE. El recuento de CC OO señalaba que estas subvenciones se daban en 10 comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Galicia, Navarra, Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Cataluña. A esto habría que añadir el centro con el que inició el conflicto en Castilla-La Mancha, que tiene abierto un expediente que podría acabar con la pérdida del concierto.
Pero también hay autonomías en donde no es previsible que se tomen medidas de este tipo. Por ejemplo, en Madrid, donde sindicatos y padres de alumnos se vienen quejando de que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) prima a la enseñanza concertada en detrimento de la pública, hace dos años se concertó un nuevo colegio donde chicos y chicas estarán separados. Se llama Monte Tabor, está en un nuevo desarrollo urbanístico de la capital y, aunque su modelo es separar a niños y niñas sólo en las clases (en el recreo se pueden juntar), ha despertado las iras de los defensores de la coeducación.
Hay algunos centros de educación diferenciada o segregadora (depende de quien los nombre) que no son religiosos, pero todos ellos, incluidos los del Opus Dei, sostienen que separar a chicos y chicas mejora su rendimiento académico, ya que unos y otros tienen formas y maneras de aprendizaje diferente. De hecho, la sentencia de 2006 del Supremo argumentaba que «la enseñanza mixta es un medio, no el único para promover la eliminación de la desigualdad por razón de sexo», y «las normas internacionales dejan abierta la cuestión». Aparte de toda la pléyade de expertos y responsables políticos que niegan los argumentos de la educación diferenciada, la última resolución del Supremo parece confirmar las palabras del que fue hasta hace unos meses secretario general de Educación, Alejandro Tiana. La ley de educación (LOE), de 2006, «opta claramente por la coeducación», otros modelos no serían «ilegales, pero no se plantean», aseguró.
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