FAPAR RECHAZA EL MODELO DE SEMIGRATUIDAD SUBVENCIONADA EN LA ETAPA 0-3 AÑOS
Las objeciones en Aragón no llegan al 0,2% del alumnado matriculado en 3º de ESO
«No pueden castigarnos»
La hija de Ricardo no acude a clase de Educación para la Ciudadanía en el colegio al que asiste y ha recibido un suspenso que su padre va a recurrir.
M. E. C. PERIÓDICIO DE ARAGÓN
Ricardo M. es un objetor de Educación para la Ciudadanía convencido. Su hija no ha asistido a la clase de esta materia en el centro concertado al que asiste. él ha presentado recurso de alzada y ahora ha llevado su caso al contencioso-administrativo. Quiere que se reconozca su derecho a elegir la educación moral de su hijos –tiene cuatro– y que cautelarmente se la exima de asistir a clase. Además, ha presentado un recurso contra el suspenso que ha recibido su hija.
«Para empezar, las notas son totalmente arbitrarias, porque no se ha hecho ningún examen a los alumnos que sí que han asistido a clase. Las pone directamente el profesor y aprueban por asistir. Este sistema no me parece correcto ya de por sí, sobre todo teniendo en cuenta que es una asignatura que cuenta en la media», explica Ricardo, quien prefiere no dar su apellido para evitar «represalias» por parte de la Administración.
Antes de comenzar el curso, tuvo una reunión con la dirección del centro docente, a la que devolvió el libro de texto de la asignatura. En un primer momento, se acordó que la hija de Ricardo asistiría a la clase que diera el otro grupo mientras se cursaba Educación para la Ciudadanía. Sin embargo, un inspector echó atrás este método al considerar que provocaba un exceso de cupo en el aula.
«No me gustan los contenidos, pero es que tampoco me gusta la materia en sí misma. Podría ser usada por otro Gobierno, más extremista», asegura Ricardo. «No nos pueden castigar por ejercer un derecho», añade.
Las sentencias sobre la polémica asignatura son contradictorias
En Aragón ha habido una de cal y una de arena respecto a las sentencias judiciales sobre Educación para la Ciudadanía. El pasado mes de marzo, una jueza de Teruel desestimó dos recursos contra esta materia presentados por dos militantes del PP en Alcorisa. Según esta magistrada, la asignatura no vulnera ningún derecho fundamental y entiende que la objeción de conciencia, a diferencia de la libertad de conciencia, «no consiste en la garantía jurídica a la abstención de una determinada conducta, sino como una excepción». En conclusión, la sentencia resuelve que «no cabe impugnar genéricamente las asignaturas relativas a Educación para la Ciudadanía como contrarias al derecho de libertad ideológica y, en consecuencia, no procede amparar derecho fundamental alguno».
Sin embargo, otra sentencia posterior, esta vez de un juez de Huesca, avaló a los padres objetores y suspendió cautelarmente la obligación de asistir a clase de esta asignatura a los hijos de un matrimonio oscense. En el auto se reconocía que la asistencia a clase de los hijos de los recurrentes provocaría una «educación o adoctrinamiento en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores». El juez que ha dado la razón a los padres objetores considera que «si se prepara un menú diferente para alumnos musulmanes evidencia que las autoridades educativas priman los motivos religiosos sobre las causas de salud».
Suspenso para los objetores de Educación para la CiudadaníaLa actualidad educativa.La DGA cifra en 9 los alumnos que no han ido a clase y el movimiento de rechazo, en 27.
En total se han presentado 61 recursos de alzada contra esta materia.
No hay consenso sobre el número de alumnos de 3° de ESO que no han asistido a clase de Educación para la Ciudadanía por motivos de objeción de conciencia. Según el Departamento de Educación, solo 9 alumnos han abandonado el aula cuando se impartía esta materia, pero según la plataforma EpC?-Aragón va ser que no!, que aglutina a padres y alumnos objetores, esta cifra es de al menos 27 chavales. La consecuencia para ellos será, como si se tratase de cualquier otra asignatura con faltas permanentes de asistencia, un suspenso y el consiguiente lastre a la hora de pasar a Bachillerato, ya que los alumnos deben de pasar limpios a esta etapa formativa.
A pesar de lo llamativo de la cifra, esta es anecdótica, ya que hay un total de 11.454 alumnos haciendo tercero de ESO en Aragón, único curso en el que por el momento se imparte la polémica asignatura. Si se computa la cifra más alta –27–, los chavales que no van a clase a penas representan el 0,2% del alumnado total.
Según informaron fuentes del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, en total se han presentado 61 recursos de alzada contra Educación para la Ciudadanía, presentados por 32 personas –una familia ha podido presentar recursos para más de un hijo–. Sin embargo, desde la plataforma contra la asignatura aseguran que el movimiento objetor es mucho mayor y añaden que se han presentado más de 600 objeciones de padres de niños de todas las edades.
LA REACCIÓN
¿Cuáles serán las consecuencias para los que no vayan a clase? Tal y como explican las mismas fuentes, las directrices que marca el Ministerio de Educación establecen que se debe actuar como en cualquier otra asignatura a la que no se asiste a clase: el suspenso. De esta forma, los estudiantes que falten a clase acarrearán un insuficiente, que puede incluso impedir su acceso al Bachillerato. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo autonómico matizaron que, en determinados casos, se estudia el caso particular del alumno e incluso se puede llegar a pasar al ciclo superior con tres suspensos.
«Amenazan con que los chicos no podrán pasar a Bachillerato, pero eso está por ver. No creemos que se atrevan a tanto. Por ahora ya hemos pedido la revisión de notas en los casos en los que han sido suspendidos. Pero es que ni siquiera hay unanimidad al respecto: en algunos casos les han puesto un uno y en otros les han calificado como No presentado», explica Teresa Monaj, portavoz de la plataforma EpC?- Aragón va ser que no!.
Esta materia comenzó a impartirse el curso pasado en un total de 180 centros de la comunidad y ha originado polémica ante el rechazo de asociaciones de padres, como Concapa, las críticas de los obispos y el papel que se ha arrogado el PP como canalizador de las quejas. La plataforma, EPC? Aragón va a ser que no! aglutina a los detractores de esta materia. Sus argumentos son que se forma la conciencia moral de los estudiantes –un derecho de los padres– y que parte de sus contenidos tiene un «trasfondo político». «Esto es una batalla por la libertad. No pasa nada por tener un suspenso», asegura Monaj.
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¿Es legal argumentar que se ejerce un derecho al oponerse unos padres a que a sus hijos se les enseñe igualdad y derechos humanos? yo creo que dice bastante de qué tipo de educación exclusivista quieren.