Los jóvenes aragoneses ya tienen una ley que regula todos sus derechos

Aragón es la quinta Comunidad en aprobar una norma que aglutina todas las directrices en materia de juventud. Tipifica las posibles sanciones que se pueden aplicar si se producen irregularidades en los servicios.
B. V. M. Zaragoza | Heraldo
«Una normativa específica que regula todos los derechos de los jóvenes». Así definió el consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer, la Ley de Juventud de Aragón, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y que entrará en vigor próximamente.
Aragón se ha convertido ya en la quinta Comunidad Autónoma que aprueba una normativa de estas características que lo que pretende, principalmente, es «reunir la normativa dispersa que existía», afirmó Ferrer, tal y como pidió el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.
Asimismo, quiere impulsar las políticas de juventud que se han llevado a cabo hasta ahora y las que se pongan en marcha en un futuro.
Se trata de un documento trasversal, es decir, que no sólo afecta a las competencias del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno aragonés, sino que regula también ciertas áreas relacionadas con la juventud y que dependen de otras consejerías, como es el caso de Obras Públicas, Educación o Sanidad, por ejemplo, o incluso de otras instituciones comarcales o locales.
Así, hace referencia a temas tan importantes para los jóvenes como la vivienda, la formación, el voluntariado, las campañas de prevención de adicciones o las actividades de tiempo libre que se organizan desde los centros escolares.
Entre las novedades que aporta la norma están que, como ley, irá acompañada de una financiación que «se incrementará al menos de la misma forma que la media de los presupuestos del Gobierno aragonés», se congratuló el consejero de Servicios Sociales, Miguel Ferrer.
Capacidad sancionadora
Al tener rango de ley, adquiere «capacidad sancionadora» en el caso de que se produzcan irregularidades en el ámbito de la juventud, como en la organización de actividades, usos fraudulentos del carné joven o que unas instalaciones no cumplan con los requisitos adecuados. Así, se establecen infracciones leves, graves y muy graves que van acompañadas de la correspondiente sanción o multa.
El carné joven, las ayudas a la emancipación, los puntos de información juvenil, el apoyo a los emprendedores o el voluntariado son otros de los apartados que se incluyen en el articulado de esta norma.
Respecto al apartado referente al voluntariado, insistió Ferrer, «existe mucha leyenda negra sobre los jóvenes, ya que actualmente hay unos 85.000 voluntarios y colaboradores en organizaciones y asociaciones en Aragón», afirmó satisfecho el consejero.
Miguel Ferrer puso como ejemplo el Consejo Aragonés de la Juventud en el que hay representantes de 300 asociaciones muy «implicadas» con lo que pasa a su alrededor.