Respaldo de los tribunales al segundo recurso de las ayudas de la escuela privada concertada por discriminar al alumnado de la pública
Los orientadores alertan del aumento de casos de "ciberbullying" en los institutos.
La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía ve «preocupante» este fenómeno de acoso a través de la red y reclama más personal para hacer frente a la violencia y al fracaso escolar
P. CIRIA. Zaragoza | HERALDO 4 de enero de 2008
Un correo electrónico plagado de insultos hacia un compañero de clase, fotos humillantes de un alumno que pasan de teléfono a teléfono móvil, montajes con 'photoshop' de un profesor que se difunden por la red o un vídeo de un estudiante que da a otro una colleja y que se convierte en lo más visto entre los chavales del instituto. Son solo algunos de los ejemplos de 'ciberbullying' (acoso escolar a través de la red o las nuevas tecnologías) que se registran en los centros de Secundaria de la Comunidad y que, según la Asociación de Psicopedagogía de Aragón, resultan cada vez más frecuentes. «Es un fenómeno cada vez más extendido. Solo han salido a la luz algunos casos anecdóticos, pero se da con demasiada frecuencia. Es muy preocupante», explica Juan Antonio Planas, presidente de la Asociación.
Este considera que la figura del orientador es «clave» para resolver estas situaciones y evitar que se repitan otras similares. «No se pueden aplicar solo medidas punitivas. Hay que enseñar a los alumnos a solucionar sus problemas de manera asertiva, respetando al otro. Y eso debe transmitirlo una persona con formación específica», argumenta Planas. Se requiere, además, trabajar con los padres para que controlen el uso que sus hijos hacen del ordenador y de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, esta labor no puede llevarse a cabo con toda la intensidad y eficacia necesaria debido a la falta de profesionales. En Aragón, según la Asociación de Psicopedagogía, se debería, como mínimo, triplicar la plantilla de profesionales de esa área para cubrir las necesidades y cumplir las ratios marcadas por la Unesco. Este organismo recomienda que haya un orientador por cada 250 alumnos.
La situación de la Comunidad -y de España en general- dista de esta sugerencia, ya que en los institutos solo hay un orientador, independientemente del número de estudiantes que tengan o de si están ubicados en el medio rural o en el urbano. En Primaria, el panorama tampoco resulta demasiado optimista, ya que existen profesionales que atienden a un número determinado de centros, pero no existen unas ratios que determinen cuántos debe haber por cada alumno, según explica Planas.
Propuestas para la nueva ley
Por ello, la Asociación de Psicopedagogía ha preparado un estudio, que presentará en breve a la DGA, en el que se pone de relieve la situación educativa española y aragonesa y que pretende que en la Ley de Educación de Aragón (LEA), que previsiblemente llegará a las Cortes este año, se recojan con nitidez las propuestas de orientación.
Planas insiste en que el papel de estos profesionales es esencial, ya que atienden a alumnos, profesores y padres. Entre otras labores, diagnostican a los estudiantes con necesidades especiales y asesoran a las familias ante las dudas que tengan. Es muy importante, señaló, para tratar la violencia escolar o el fracaso de los alumnos.
Pero el ámbito de actuación de los orientadores no solo se limita a los estudiantes con necesidades educativas especiales. «Atendemos un sinfín de situaciones. Desde el joven que siempre ha aprobado todo y comienza a suspender porque está afectado por la separación de sus padres, al alumno que no sabe qué carrera elegir y necesita asesoramiento, pasando por los problemas de atención e hiperactividad que sufren los adolescentes provocados por el consumo de alcohol y otras drogas», señala el presidente de la Asociación de Psicopedagogía.
Para tratar bien los casos se debe dar una ayuda personalizada y también incidir en la importancia que tienen las tutorías. Según Planas, esta área no tiene el peso suficiente en los cursos que se hacen para poder ser profesor de Secundaria (que actualmente se denomina Certificado de Actitud Pedagógica, popularmente conocido como CAP). «Se da demasiado contenido didáctico y habría que incidir más en cómo tratar la diversidad, qué hacer ante las distintos problemas que puede tener un alumno…», afirma Planas. Estas sugerencias, se trasladarán al Ministerio de Educación para que las tenga en cuenta cuando reforme esos cursos.
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