FAPAR presenta el resultado de la encuesta realizada a sus AMPAS sobre necesidades en sus centros
Mercedes Cabrera / Ministra de Educación y Ciencia: «Serán los tribunales los que decidan sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía»
Mar Villasante – Madrid- La Razón
El Ministerio de Educación ultima en los meses que restan hasta fin de año los reales decretos que desarrollan la nueva Ley Orgánica de Educación. Sobre la mesa, un complicado reto: conjugar las exigencias de la Iglesia y del Gobierno en la enseñanza de Religión. En el horizonte, una encrucijada: la negativa de miles de familias a que sus hijos reciban la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
-En las últimas semanas se han intensificado las reuniones con los obispos para abordar el tratamiento de la Religión en la escuela ¿Qué impide que haya un acuerdo? -La asignatura de Religión plantea no un problema pero sí una interferencia de normas, que son lo que la Constitución establece sobre el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, un derecho absolutamente reconocido e incuestionable, los acuerdos con la Santa Sede y la Ley Orgánica de Educación. Y el principio absolutamente básico que tiene que ver con todo ello es que el derecho de los padres que quieren educación católica para sus hijos tiene el mismo peso que el derecho de aquellos que no la quieren. Poner de acuerdo a todo esto no es una tarea fácil y al mismo tiempo queremos que los centros puedan organizar internamente la docencia de manera que no produzca desajustes o tratos discriminatorios… No es que haya imposibles, pero sí es verdad que es una cuestión con una cierta complicación de organización.
-¿Hay margen para el acuerdo? ¿El Ministerio está dispuesto a ceder o espera que la iglesia lo haga?
-Cuando se busca un acuerdo eso implica que las partes ceden siempre dentro de unos límites que son incuestionables, y este principio del derecho por igual de todos es un principio irrenunciable, tenemos que organizar la Religión de manera que no atente contra los derechos de nadie y que ningún niño resulte discriminado a la hora de organizar la enseñanza en las escuelas.
-¿El Gobierno está dispuesto a poner alternativa en Secundaria?
-Estamos barajando todas las posibilidades, pero está claro que el derecho de los que quieren cursar la asignatura de Religión, si respetamos el derecho de los que no quieren, no se puede convertir en una obligación para ellos.
-No me queda claro lo que quiere decir…
-Pues eso ahora mismo quiere decir exactamente eso. El derecho de algunos no puede convertirse en obligación para otros.
-¿Eso quiere decir que no habrá alternativa?
-No, eso quiere decir ahora mismo exactamente eso.
-¿Hubieran dejado la Religión como estaba de haber tenido mayoría en el Congreso?
-Yo no sé si los ciudadanos en general tienen claro cuál es la situación que hay ahora mismo con la asignatura de Religión, y a lo mejor habría que empezar por ahí.
-¿Y cuál es?
-La situación de la Religión deriva de un real decreto del año 94, que establece atención educativa en Primaria, alternativa en dos años de la educación Secundaria y margen de autonomía en Bachillerato, ya son mayores de edad y los alumnos deciden. Me da la impresión de que muchos ciudadanos pueden tener una idea un tanto equívoca de cuál es la situación ahora mismo, qué es lo que está proponiendo el Gobierno y hacia dónde vamos. Este Gobierno respeta absolutamente los principios constitucionales y todo lo que se deriva de ellos, no hay ninguna situación que intente ir más allá del respeto a la Constitución.
-Si no hay alternativa, ¿qué pasará con ese 50 por ciento de alumnos que en Secundaria no elige la Religión?
-Yo no he dicho que no vaya a haber alternativa.
-Si no la hay, digo.
-Los alumnos tendrán que recibir la atención que necesitan en los centros. Insisto en que no es fácil.
-Antes de final de año deben estar cerrados todos los decretos de desarrollo curricular. ¿Se han marcado ya un plazo para llegar a un acuerdo con los obispos?
-Seguimos reuniéndonos, pero efectivamente los decretos de desarrollo curricular tienen que estar aprobados antes de final de año.
-O sea, que también hay que llegar a un acuerdo antes…
-Sí.
-La semana pasada se presentó el libro de islam en Primaria, muy criticado por la financiación del Gobierno, ¿qué tiene que decir el Ministerio de Educación?
-Tengo entendido que esto que ha llamado financiación del Gobierno es una ayuda económica de una fundación que depende del Ministerio de Justicia. No deberíamos jugar con equívocos sobre quién financia qué.
-¿Están dispuestos a suavizar los contenidos de Educación para la Ciudadanía?
-Me gustaría que los contenidos de esta materia se conocieran en sus justos términos. Los borradores no entran para nada en asuntos de moral privada, no entran absolutamente para nada en algunos de los temas que se han dicho y que tienen que ver con la clonación humana, con la eutanasia… Es una materia que tiene que ver con los derechos humanos, con la Constitución y el desarrollo constitucional, y espero que esto quede claro y dejemos de plantear equívocos.
-En las conversaciones con los obispos ¿se está hablando también de Educación para la Ciudadanía?
-No.
-¿Han pensado ya qué pasa con la objeción de conciencia, si será o no posible?
-Bueno, Educación para la Ciudadanía es una materia, según explica la Ley Orgánica de Educación, como el resto de materias, y por lo tanto es una materia obligatoria. Insisto en que por sus contenidos me costaría trabajo pensar que se pueda plantear la objeción de conciencia; ahora, si se plantea una vez que se conozcan los contenidos de la asignatura serán los tribunales los que tengan que decidir.
-¿Se han planteado si tendría que dar cobertura jurídica a los centros si las familias objetan?
-Los centros no tienen que defenderse jurídicamente de la aplicación de la ley, esto sería en todo caso un asunto de las familias ante los tribunales de justicia, entiendo.
-¿Cabe alguna posibilidad de que Educación para la Ciudadanía fuera alternativa a la Religión?
-No, estamos hablando de dos cosas distintas. Educación para la Ciudadanía es una materia que forma parte del currículum de acuerdo con una ley aprobada en las Cortes. La Religión es una materia que tiene ese estatus derivado de lo que reza la Constitución más los acuerdos con la Santa Sede y una cosa no es alternativa de la otra.
-Van a aumentar las horas de Matemáticas e idiomas y a reducir la Lengua castellana, ¿cuál es el criterio que se ha seguido?
-No es una reducción exactamente de la Lengua castellana sino una redistribución de horas de todas las materias relacionadas con la lengua. Puede dar la impresión de que se reduce la Lengua española, pero en realidad hay una reordenación y las comunidades tendrán un margen para ajustar ahí los porcentajes. El criterio es reforzar las materias instrumentales, que son las básicas.
-¿Cree que así se mejorarán los indicadores de la OCDE?
-Estamos en ello. Es verdad que la situación española no es la mejor, pero está a pocas décimas de los países que ocupan un estatus intermedio. Queda mucho por hacer y los objetivos de la LOE hacen especial hincapié en el refuerzo de estas materias instrumentales, las matemáticas, la lengua…
-La semana pasada dijo en el Congreso que se exagera el problema de la violencia escolar.
-Hice una referencia al ambiente general que se creó durante unos días, cuando empezaron a acumularse informes, casos puntuales, me pareció de pronto que esto se convertía en el estado de ánimo general del sistema educativo español. No hay que tener ninguna tolerancia con la violencia en los centros, pero hice una apelación a la responsabilidad para plantearlo en los términos que nos ayuden a resolverlo y no en unos términos que puedan convertirlo en un asunto que siembre inquietud en el conjunto de las familias, porque el sistema educativo español no es esto.
-¿Se debe reforzar la autoridad del profesor para solucionarlo?
-Hay que reforzar la autoridad del profesor, pero además hay que brindarle los recursos materiales, recursos humanos, preparación necesaria para hacer frente a estas situaciones cuando se produzcan. Hablamos de niños y adolescentes y es un tema siempre muy delicado. -En un análisis un poco somero, ¿por qué cree que se están produciendo todos estos casos?
-Todos estos casos no son tantos e insisto en que aunque fuera solamente uno ya habría que prestarle la atención que merece. En los casos que se han planteado no tenemos por qué pensar que el centro y el funcionamiento de las escuelas es lo que promueve estas situaciones, si no que tenemos que tener una capacidad para entenderlas en un contexto más amplio. La sociedad española es heterogénea, debemos educar a los niños y a los adolescentes en la cultura de la tolerancia, del diálogo, pero también de la conciencia de los derechos, de las libertades y los deberes de cada uno. Educar en esta dirección es la mejor manera de conseguir hacer frente a estas situaciones.
-Una de las asignaturas pendientes de la universidad es el acceso del alumnado inmigrante, ¿qué se puede hacer para fomentarlo?
-El crecimiento de la inmigración en España es relativamente reciente y por lo tanto lo estamos empezando a notar en enseñanza infantil y primaria, y es lógico esperar que eso vaya subiendo en los distintos escalones del sistema educativo y llegue a la universidad. Pero hay una razón contra la que habrá que pelear y reforzar las políticas de incentivación que puede tener que ver con el hecho de que estas familias y sus hijos opten por intentar entrar al mercado laboral a una edad temprana. También es verdad que las familias inmigrantes tienen un empeño especial en la movilidad social ascendente y cunde la idea de que la formación universitaria puede favorecerla. Es muy probable que veamos llegar a la universidad en años próximos a una población inmigrante importante y, por supuesto, habrá una política de becas que lo apoye.
-Los profesores dicen que no tienen medios para atenderlos.
-Medios se están proporcionando, lo hacen las comunidades autónomas y lo hace también el Ministerio a través de convenios y programas con las comunidades, como el programa PROA, que dobla este año el número de centros, de 600 a 1.200, que tienen que atender a población con necesidades educativas especiales o de refuerzo. Hay programas de formación que insisten de manera creciente y que forman al profesorado en la atención a una población estudiantil cada vez más diversa. Y lo cierto es que la respuesta que el sistema educativo está dando hasta ahora a esta cuestión es muy positiva, quizá esto también debería darse a conocer.
-¿Hay ya algún resultado de la comisión que estudia la financiación de las universidades?
-La comisión está terminando el informe. Tenemos que garantizar una financiación estable y suficiente, pero tenemos también que pedirles a las universidades que rindan cuenta de la utilización de esa financiación, es decir, que haya una financiación por objetivos y por evaluación de resultados.
Relacionado
