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UGT presenta 156 alegaciones al anteproyecto de la LEA, centrándose en financiación y acuerdos sociolaborales
FETE-UGT ha presentado un total de 156 alegaciones al anteproyecto de la Ley de Educación Aragonesa, que ha descrito como «una declaración de principios, con gran falta de concreción de las medidas». Sus quejas principales tienen que ver con la falta de financiación y de acuerdos sociolaborales en el articulado de la norma.
aragón digital.com
Zaragoza.- La Federación de Enseñanza de UGT ha presentado un total de 156 alegaciones al anteproyecto de la Ley de Educación Aragonesa (LEA) y ha justificado este elevado número de enmiendas en que «es básicamente una declaración de principios, con gran falta de concreción de las medidas que se proponen». No obstante el sindicato ha valorado la estructura formal de la Ley, sostenida bajo los principios de calidad, equidad y corresponsabilidad.
Entre todas las alegaciones, destaca la falta de una memoria económica para valorar el alcance real de los objetivos. En concreto FETE-UGT ha pedido que se incrementen los recursos financieros en Educación hasta alcanzar un importe igual al 7% del PIB. Además, pretende que se establezca un plan para crear nuevas infraestructuras y mejorar las existentes. Asimismo, algunas de las alegaciones hacen referencia a la necesidad de desminuir las ratios de las aulas así como aumentar el número de profesores y de profesionales dedicados a la diversidad. Además, este punto iría acompañado de una revalorización de la función docente con formación e incentivos para el profesorado.
Es decir, FETE-UGT quiere que se invierta en recursos legales, humanos y económicos para la formación y la implicación de todos en la mejora de la convivencia en los centros educativos. Por último, el sindicato reclama que se garantiza la educación a lo largo de la vida, remarcando los tramos no educativos.
Por otro lado, UGT ha señalado la falta de un acuerdo sociolaboral en el articulado de la LEA y denuncia que en ninguno de los artículos que contienen medidas que afectan a las condiciones laborales de los docentes menciona a los representantes sindicales en el proceso de concreción de la norma. «Parece pretenderse que dichas medidas se puedan tomar por parte de la Administración sin intervención alguna de las organizaciones sindicales», se queja el sindicato.
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