El Ayuntamiento de Zaragoza respalda a los centros privados concertados desatendiendo a los públicos
Un año para avanzar (o no) hacia un Estado laico
El pulso se mantiene. Las directrices dictadas desde Roma pidiendo que se extremase la cautela en las críticas al Gobierno socialista apenas duraron nueve meses, desde la visita del cardenal Bertone en febrero al mes de noviembre pasado, cuando el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, dejó de criticar la Ley del Aborto para pasar a negar la comunión a cualquier diputado que votase a favor de una normativa que, entre otras cosas, pretende disminuir el número de embarazos no deseados.
La Ley de Libertad Religiosa, clave en las relaciones Iglesia-Estado
«Más laicidad, y más libertad religiosa», tesis del Gobierno.
Jesús Bastante, 11 de enero de 2010. Periodistadigital.com
Se despidió 2009 con otra manifestación, mucho más minoritaria que en otras ocasiones, contra las políticas sociales del Ejecutivo. Una misa en la plaza de Lima en la que el cardenal Rouco arremetió contra el aborto, las familias no cristianas, el divorcio y una supuesta legislación -que no está en la agenda- sobre la eutanasia. La deriva de un sector de los católicos españoles ha llevado, incluso, a convocar nuevas marchas contra el aborto, cuyo punto álgido podrían tener lugar el próximo 25 de marzo con otra manifestación, y a pedir al Rey que no sancione con su firma una ley emanada por el Parlamento.
Una Iglesia, la católica, que pese a todo sigue teniendo un peso político relevante, como se ha demostrado con el nombramiento de José Ignacio Munilla como obispo de San Sebastián. Hoy se espera la entrega de credenciales del nuevo Nuncio, Renzo Fratini, quien tiene la misión de mediar para que no se rompa la baraja en las siempre difíciles relaciones Iglesia-Estado en España. Unas relaciones que, necesariamente, han de tender hacia la nueva realidad, puramente laica, que se respira en nuestro país.
Que España es, cada vez más, un país menos católico, no hay nadie que lo dude, pese a movilizaciones y reivindicaciones que traten de demostrar lo contrario, o mantener privilegios de forma exclusiva. La reciente encuesta del CIS lo deja a las claras: pese a que tres de cada cuatro siguen considerándose católicos, menos de la mitad de ellos acude a misa, y sólo un 18% lo hace de forma regular.
Inercias aparte, lo cierto es que 2010 será el año en que el Gobierno habrá de dilucidar si mantiene los privilegios de la Iglesia católica o si, por el contrario, avanza hacia el Estado laico. La futura aprobación de la Ley de Libertad Religiosa (cuyo anteproyecto estará listo a comienzos de año) marcará la tendencia a seguir por el Ejecutivo de Zapatero.
Según ha podido saber RD, la tesis que parece haberse impuesto es la de «más laicidad, y más libertad religiosa«. Esto es: afianzar los símbolos propios del Estado frente a los religiosos (más banderas oficiales, imágenes de los Reyes, Constitución y Estatutos de Autonomías, y menos crucifijos en lugares públicos), pero a la vez avanzar en los derechos de las confesiones minoritarias: judíos, evangélicos, musulmanes y budistas.
La intención del Gobierno es «reforzar la presencia de los símbolos cívicos comunes«, de un lado, y del otro, «establecer una diferencia clara entre símbolos religiosos y culturales». Se quieren evitar, así, críticas infundadas sobre la desaparición de belenes o de las procesiones de Semana Santa, argumentos utilizados por los sectores ultracatólicos para arremeter contra la retirada de crucifijos de los centros públicos.
La futura ley no aportará una descripción profusa de estos aspectos, sino que más bien establecerá -al estilo de la Ley de Memoria Histórica- un marco de actuación. Así, a partir de su aprobación, se retirarán todos los símbolos religiosos de los lugares públicos, como juzgados, hospitales, cuarteles de la Policía o el Ejército, salas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y escuelas de titularidad pública. No se hará en centros educativos o sanitarios de carácter privado. La normativa tendrá un carácter general, pero no afectará a los funcionarios públicos que, por ejemplo, podrán seguir manteniendo un crucifijo en su mesa, o portar el velo islámico en el trabajo. La normativa no abordará las cuestiones relativas a la conciencia, como pretendían algunos sectores, ni regulará la objeción de conciencia.
En materia educativa, el Gobierno tratará de incluir en el pacto propugnado por el ministro Gabilondo dos aspectos relacionados con lo religioso: la configuración definitiva de la clase de Religión -el PP y los obispos exigen una alternativa a la misma, y que sea introducida en el currículo con la misma relevancia que las Matemáticas o la Lengua, y la oferta de esta materia para evangélicos, judíos y musulmanes que así lo deseen en toda España. Por ejemplo, en la actualidad ni Cataluña ni Madrid cuentan con profesores de Religión Islámica, pese a la masiva presencia de población con esta profesión religiosa. En el caso del Islam, este año también traerá una profunda renovación en el seno de la Comisión Islámica Española, organismo actualmente paralizado y que es el encargado de negociar con el Estado.
Lo que no traerá 2010, ni al parecer el futuro inmediato, es la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, que acaban de cumplir 31 años de vigencia. El Gobierno no se plantea la denuncia del Concordato, pese a que mantiene una serie de privilegios en materia educativa, fiscal y castrense que, en la práctica, continúan convirtiendo a la Iglesia católica en la «religión estatal».
Tampoco se prevé una revisión de la financiación de la Iglesia, que pese a sus quejas recibe pingües beneficios de las distintas Administraciones del Estado, y que contrastan con la ausencia de ayudas al resto de religiones. Los datos (ver gráfico adjunto) son definitivos: anualmente, el Estado financia con más de 6.000 millones de euros las actividades educativas, sociales, sanitarias y de culto de la Iglesia católica. Sólo en centros escolares, se ceden más de 3.500 millones, más otros 600 destinados a pagar a los profesores de Religión u otros docentes en centros concertados. A ello hay que sumar los 241 millones que la Conferencia Episcopal se llevó a través de la declaración de la Renta (sin contar los que van a parar a las ONG católicas a través de la otra casilla), y las exenciones que, pese a lo que recoge la ley, todavía mantiene la institución eclesiástica. Sin embargo, los sectores ultracatólicos niegan la mayor, e incluso aportan sus propios datos, que afirman, sin rubor, que es el Estado quien se ahora más de 36.000 millones gracias a la labor que llevan a cabo instituciones católicas.
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