Unanimidad en la crítica a la falta de dinero de la Ley de Educación Aragonesa

El próximo 15 de octubre finaliza el plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de la Ley de Educación de Aragón (LEA). Agentes sociales, asociaciones de padres, centros y demás colectivos vinculados a la enseñanza se encuentran durante estos días debatiendo y preparando las recomendaciones que realizarán a la norma que marcará el futuro de este ámbito en la comunidad.

Aunque existe un acuerdo unánime sobre la conveniencia, e incluso necesidad de que Aragón contase con una Ley de estas características, también es cierto que todos los agentes sociales lamentan la escasa concreción que presenta el texto en casi todos sus artículos. También echan en falta una mayor apuesta por la orientación destinada a los alumnos y familias, que pasa prácticamente desapercibida en el anteproyecto. Lo mismo sucede con la carrera docente. Aunque quizás la ausencia más llamativa sea la falta de asignación presupuestaria concreta, algo que preocupa a todas las fuentes consultadas por este diario.

La consejera de Educación, María Victoria Broto señaló esta misma semana, que la Ley es fruto de la colaboración de 642 organizaciones de todo Aragón, que han aportado más de 6.000 propuestas. Con todas ellas se ha elaborado esta norma, que según Broto debe «consolidar el modelo actual y refrendar los compromisos de futuro, tales como la equidad o la calidad». También animó a todos los grupos políticos a seguir trabajando conjuntamente para alcanzar «el máximo consenso posible».

LUCES Y SOMBRAS Manolo Martínez, responsable de la sección educativa del sindicato CCOO Aragón, destacó que el anteproyecto tiene «luces y sombras». Entre las cuestiones positivas señaló las alusiones que se hacen a la escuela rural, pues las medidas que proponen «ayudarán a conformar plantillas más estables en los centros de los pueblos».

En general, Martínez dijo que «la música de fondo suena bien, pero hay algunas insuficiencias clamorosas». Como la atención a la diversidad, sobre todo en lo referente a los inmigrantes, «que apenas se enuncia». O la orientación escolar, que es necesaria «para mejorar los resultados del sistema y reducir el fracaso entre el alumnado». También lamentó que «no se diga nada de la financiación». Y su sindicato presentará una enmienda para que el gasto en educación alcance el 6% del PIB para el año 2014.

Gloria Pardillos, de UGT, criticó que se trate de una Ley «excesivamente genérica». Y en este sentido reconoció que les gustaría que se «atasen más cosas, como es el caso de la orientación, que es muy importante para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa». Lo mismo sucede con la carrera profesional del profesorado. «Esperamos que cuando se lleve el texto a las Cortes incluya muchas más cosas y se comprometa más con asuntos como el de los maestros que se nos antoja fundamental». Pardillos también se quejó de que apenas se hable de las ratios, ni del proceso de escolarización, que debe «garantizar un reparto más equilibrado del alumnado con necesidades especiales». Además, subrayó que «no se le puede dar credibilidad a una norma que no venga acompañada por su asignación presupuestaria. Las cuestiones económicas determinan el grado de compromiso».

OLVIDOS CLAMOROSOS Marcos Domingo, responsable del sindicato CSI-CSIF, manifestó que el anteproyecto es «general e incompleto». Señaló que tiene «olvidos clamorosos, como la mención al profesorado o las medidas destinadas al alumnado que ni tiene capacidades especiales ni dificultades. Es decir aquellos que están en medio». Alabó las referencias que se hacen al medio rural, «porque se habla de incentivos para el profesorado que opte por desplazarse a los pueblos, lo que cual irá en beneficio de la estabilidad y también de la calidad».

En el caso de Stea, Vicente Guerrero, apuntó que es necesario «priorizar el concepto de lo público, para dotar al sistema de más centros educativos y recursos». También pidió que la Ley establezca unas ratios que se «adapten a las necesidades reales de Aragón» y que se defina mucho más «la orientación y la atención a la diversidad».

Por parte de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), mayoritario en la concertada, Jesús Pueyo, apuntó como negativo que se «excluya a los centros de iniciativa social sin ánimo de lucro del sistema de centros de Formación Profesional Integrada reservándolo exclusivamente para centros públicos». De igual modo, criticó que se establezca «ningún sistema de financiación para el Bachillerato en centros concertados».