Universidades: preparar el futuro empieza hoy

-Los cambios estructurales del llamado proceso de Bolonia: renovación curricular y metodológica, créditos ECTS y Suplemento al Diploma que facilitará la transparencia y la movilidad, titulaciones ordenadas en los niveles claves de grado, máster y doctorado, y la garantía y acreditación de la calidad;

-Los cambios estratégicos necesarios para que las universidades puedan cumplir plenamente su función al servicio del crecimiento, del empleo, de la cohesión social y de la capacidad competitiva de su país y de Europa, impulsados por la llamada Estrategia de Lisboa de la UE: autonomía efectiva, capacidad innovadora y competitiva, responsabilidad de cada universidad ante la sociedad, mayor y mejor financiación de las universidades y de las ayudas a los estudiantes, para reducir el importante déficit actual en comparación con EE UU y otros países.

Recordando esto, es fácil darse cuenta de que el cambio no se puede limitar a una discusión enfocada, por ejemplo, a la duración de los estudios de Grado. El desafío es de otro tamaño y de otra importancia. Es un proceso de cambio no sólo de la universidad, sino del papel de la universidad en la economía y la sociedad. A mí, como experto europeo en políticas universitarias y amigo de este país, me alegra ver que España está entrando en el proceso de cambio -ciertamente con algo de retraso- pero en buenas condiciones, gracias a una batería coherente de medidas. Medidas que abarcan todas las dimensiones clave de Bolonia y podrían propulsar a España en pocos años al grupo de los países con las reformas mejor encauzadas. De hecho, entre las prioridades que para los próximos dos años se establecen en el comunicado de la reunión de ministros de Educación Superior que terminó el pasado viernes en Londres, se encuentran algunas de las decisiones ya adoptadas en el conjunto de reformas que España esta poniendo en marcha.

Me parece adecuado para España el grado de 240 créditos ECTS, que son normalmente cuatro años. Este grado cabe sin la menor duda en el marco europeo, donde el grado se define con flexibilidad (entre 180 y 240 créditos). Con estudiantes que salen del ciclo secundario más jóvenes que en otros países, con una tradición de cursos de grado extensos, y a la vista de su función de puente entre Europa y Latinoamérica, España tiene buenos motivos para aprovecharse de esta flexibilidad, incluso si otros países tienen sus razones por elegir otras vías. En grados de 240 créditos cabe una mejor preparación para la vida laboral y social, así como aspectos interdisciplinarios, estancias en el extranjero y periodos de prácticas. Su reconocimiento en el ámbito europeo/internacional está también mejor garantizado, lo que facilitará la movilidad de los estudiantes españoles así como la recepción de estudiantes de otros países, aun más con la portabilidad prevista de los prestamos-renta. A pesar de la diferencia teórica de un año con varios países, los grados españoles de 240 ECTS podrán reducir el desajuste actual, ya que los estudiantes españoles suelen estudiar 6 ó 7 años pero reciben créditos por solamente 4 ó 5: en el futuro recibirán los créditos que les correspondan. Comprimir los grados en sólo 3 años (duración teórica) conllevaría un alto riesgo de que la duración efectiva fuera de 4 años o más. La nueva autonomía de las universidades en el diseño de sus programas (que representa un cambio copernicano en España) llevará a cursos más diferenciados en su perfil y en sus métodos y permitirá a los estudiantes elegir entre varios modelos, en vez del modelo único actual. Finalmente, irá en interés de todo el sistema universitario español, especialmente de los estudiantes, el desarrollo de un sistema de garantía de la calidad de alta credibilidad no sólo en España, sino también en Europa y en América.

Este nuevo marco abre posibilidades nuevas y positivas. En mi opinión, el papel de las universidades consiste ahora en diseñar nuevos títulos de grado -flexibles, diferenciados e innovadores en sus objetivos, contenido y métodos- y hacer todo lo posible para que la gran mayoría de los estudiantes los cursen con éxito sin duración adicional. El largo debate sobre el EEES y las reformas universitarias adecuadas para España ha provocado una demora en la adopción de las mismas, pero al mismo tiempo ha permitido la maduración de los proyectos. Por mis contactos por toda España, sé que la mayoría de las universidades entienden la necesidad de reducir la excesiva duración de los estudios y de aumentar la tasa de éxito de los estudiantes. Saben que la solución no es suspender a más estudiantes sino acompañarlos más activamente hacia el éxito.

Porque confío en la capacidad reformadora de las universidades, mi preocupación se enfoca ahora sobre las reformas que quedan por adoptar para fortalecer la contribución de las universidades a la España del conocimiento. La experiencia de otros países europeos enseña que las reformas están mejor hechas cuando las universidades tienen la libertad, el poder organizativo y los recursos para diseñarlas y ponerlas en marcha. Hay que incentivar el proceso reformador, apoyar a los que lo encabezan e invertir en los modelos innovadores que logran resultados. Esto supone otra ola reformadora en muchos países, incluso en España. A largo plazo, la mejor garantía del éxito de las reformas que se plantean reside en universidades más diferenciadas en su misión, más autónomas y responsables, y que tengan recursos suficientes para su propia renovación, y asimismo en la existencia de políticas universitarias nacionales y autonómicas conscientes de estas necesidades. Es decir, que la reforma curricular actual, prometedora y hasta ejemplar en Europa como lo es, es un paso que llevará a otros y el inicio de un camino que se construye caminando.