Valencia estrena el profesor-traductor para burlar la ley

La Generalitat valenciana ha recurrido a una fórmula singular para impartir las clases de Educación para la Ciudadanía: un profesor enseñará la asignatura en castellano o valenciano y otro, a su lado, se encargará de traducir sus palabras en inglés.

Así ha salido al paso el Gobierno de Francisco Camps después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana negara su pretensión de reducir la asignatura a un examen trimestral sobre un temario previamente seleccionado por los padres.

Tampoco ha permitido el citado tribunal que la asignatura se imparta en inglés, tal y como propuso el Gobierno valenciano después de que el PP eligiera la oposición a Educación para la Ciudadanía como uno de sus más sonados frentes políticos. Los jueces valencianos no han cuestionado en su auto el derecho de las comunidades autónomas a impartir parte del currículo educativo en inglés, pero sí obligan a la Generalitat a ajustarse a sus propias normas. Dicha normativa, dictada con anterioridad a la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía por la consejería de Educación, establece que para cambiar el idioma de castellano o valenciano de una asignatura a otro extranjero primero debe dar el visto bueno el consejo escolar y después deben solicitarlo los centros, previa aceptación explícita de los padres. Ninguno de estos requisitos se han cumplido en el caso de Educación para la Ciudadanía, lo que ha impulsado al Gobierno de Camps a introducir en el sistema educativo la figura del profesor-traductor para seguir dejando patente su oposición a la polémica asignatura.

Las críticas no han cesado desde el anuncio de innovación educativa. «Será un espectáculo poco pedagógico para los jóvenes ver a un profesor explicando en inglés lo que otro profesor acaba de explicar a su vez en castellano o valenciano», advierte Ricardo Peralta, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Padres, alumnos, profesores y sindicatos han calificado el escenario de «absoluto disparate» y de «ocurrencia sin sentido». Los consejos escolares de buena parte de los institutos públicos valencianos han alertado además sobre la situación de «indefensión jurídica» que profesores y equipos directivos pueden sufrir en una experiencia sobre la que no existen precedentes.

La situación de la Comunidad Valenciana es la última muestra del embrollo con el que las comunidades autónomas afrontan esta controvertida materia. La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece una aplicación escalonada de la asignatura por cursos y comunidades autónomas. El curso escolar que está a punto de comenzar será el primero en que todas las autonomías enseñarán Educación para la Ciudadanía. La asignatura va a ser general en secundaria y bachillerato. Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja se incorporan por vez primera. El resto de comunidades lo hizo el pasado curso.

Sobre la mayoría de ellas pesan decisiones judiciales contradictorias acerca del presunto derecho de los padres a la objeción de conciencia ante lo que consideran un «adoctrinamiento» de los hijos. Hasta que el Tribunal Supremo no siente jurisprudencia al respecto -hecho que no está previsto hasta dentro de dos o tres meses- no se despejará la incertidumbre.

Mientras tanto, el curso está a punto de comenzar y la LOE rige para todos. Educación reitera que la no asistencia a las clases de Ciudadanía conlleva el suspenso, Y con dos asignaturas suspendidas no se puede pasar al curso siguiente.