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El Gobierno "apuntala" la nueva Ley de Educación con una memoria económica de 6.032 millones de euros

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 Garantiza una asignatura de religión «no evaluable para no condicionar el futuro de los estudiantes», aunque los obispos discrepan. Asegura la gratuidad del ciclo 3-5 años, los idiomas y nuevas tecnologías desde los 5 y da carácter «orientador» al 4º de ESO.

M. M. Madrid | Heraldo de Aragón

El Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) será remitido de inmediato al Parlamento tras su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy, que apuntaló la «viabilidad económica» de la nueva norma con una memoria económica de 6.032 millones de euros, de los que 3.514 millones (58%) procederán de las arcas estatales. El Gobierno subrayó que el texto «construye sobre lo mejor de las leyes anteriores» e incorpora numerosas aportaciones recogidas en «un año de debate con las comunidades autónomas y los sectores interesados», pero no pudo esquivar críticas, que fueron especialmente severas por parte de los obispos católicos a propósito de la enseñanza de religión.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró que «todos los padres tendrán garantizado el derecho a que sus hijos reciban formación religiosa si así lo desean. Pero no se puede imponer como asignatura obligatoria y evaluable, porque no debe condicionar el futuro de los estudiantes que quieran ser médicos, jardineros o arquitectos». Eso, remachó, «está en el espíritu de la ley, que se desarrollará con posterioridad». La referencia del Consejo señala que «la enseñanza de la religión católica será de oferta obligada para los centros y de elección voluntaria para los alumnos, ajustándose a lo establecido en el Acuerdo» con la Santa Sede.

Crítica episcopal

Los obispos católicos, sin embargo, argumentaron sus críticas a las «graves deficiencias» del texto gubernamental diciendo que «sólo se pide el respeto de lo pactado en Acuerdos internacionales y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución». El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal consideró en una nota oficial que el Proyecto de LOE «pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión en la escuela», recorta el derecho paterno a decidir la educación de sus hijos según sus convicciones y «limita gravemente la libertad de la escuela católica y de las demás instituciones educativas de iniciativa social».

La referencia del Consejo adelanta, por otra parte, que «el componente genérico y cultural del conocimiento de las religiones formará parte del contenido de determinadas materias como un elemento más de ellas». En cuanto a la enseñanza de otras religiones, señala que se regulará también conforme a los acuerdos suscritos con sus respectivas confesiones.

Al margen del siempre controvertido tema de la religión, la titular de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, defendió la nueva norma como «necesaria», porque «todos estamos de acuerdo en que no estamos haciendo lo suficiente». Aunque ya es la sexta en apenas 30 años de democracia, precisó que «ninguna ha modificado la estructura educativa», y destacó que ésta «simplifica el panorama legislativo» al sustituir a tres leyes anteriores: la LOGSE de 1990, la LOPEG de 1995 y la LOCE de 2002. La ministra no olvidó remarcar que el Consejo de Estado no ha encontrado «ningún indicio de inconstitucionalidad ni de encaje en la legalidad» en asuntos como el reparto competencial, la definición de lo que es básico o el tratamiento de las enseñanzas de religión.

Contenido

En su contenido, el Proyecto de LOE sigue el texto articulado presentado el 30 de marzo pasado a la Conferencia Sectorial de Educación , cuyos 90 puntos de acuerdo han sido incorporados junto a otras sugerencias del Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado y varios Ministerios. En la redacción que ahora se remite al Parlamento destacan las apuestas por la Educación Infantil, donde se «garantizarán la gratuidad en el segundo ciclo» le parece clave a la ministra, quien recordó hoy que «desde el último trimestre de este curso estamos actuando ya en Primaria», porque «los problemas de aprendizaje se detectan tempranamente».

Otro aspecto importante de la nueva Ley de Educación será la prevención del abandono prematuro del sistema educativo. Por una parte, San Segundo aclaró que «habrá actividades de recuperación con evaluación de todas las materias suspensas, se repita o no curso». A propósito del paso de un curso a otro, «en ningún caso se contempla la promoción automática», aunque se podrá seguir adelante con uno o dos suspensos; con tres, decidirá el claustro de profesores, y con más se deberá repetir, lo que podrá hacerse una vez en Primaria y dos en Secundaria.

En la Educación Secundaria Obligatoria, después de tres cursos con un núcleo común, «el 4º tendrá un carácter orientador» para que el alumnado pueda elegir «opciones adaptadas a sus circunstancias e intereses» y de cara a su futuro educativo o laboral. La nueva norma dedicará especial atención a los «programas de apoyo y refuerzo» para superar dificultades especiales de aprendizaje, con vistas a la obtención del título de Graduado en ESO. Incluso habrá una alternativa para quienes no lo consigan, a través de Programas de Cualificación Profesional. En cuanto al acceso a la Universidad, «se propone una única prueba con validez en todo el territorio español».

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